Guatemala es suscriptora de dicho convenio, además de haberlo ratificado y cumplido con los trámites requeridos para que éste sea vigente en el Hemisferio, pero sobre todo en el País. No obstante, poco o nada ha hecho para cumplir con el texto que le obliga como Estado a dar pasos efectivos para erradicar las secuelas de esta afrenta a la humanidad y para prevenir que se repita.
Algo que la Convención busca promover pues, en su preámbulo resalta que “la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
Parte del compromiso asumido es relativo a la legislación nacional correspondiente que pasa por la tipificación penal del delito, la imprescriptibilidad del mismo, así como la acción civil en materia de reconocimiento de la desaparición de una persona. Por supuesto, habla también de la importancia del acceso a la verdad y la justicia, así como de las medidas que encaminen a la no repetición de este oprobio.
Dos décadas después de que se adoptara este convenio, el cual según la propia Constitución Política de la República tiene preeminencia constitucional por ser un tratado de Derechos Humanos, aún no hay avances significativos. Ante la falta de iniciativa oficial, es gracias a un esfuerzo ciudadano de organizaciones que integran el Grupo de Trabajo por Desaparición Forzada, que se ha desarrollado propuestas para facilitar la adopción de la decisiones legales y políticas.
De los poderes del Estado, el único que ha dado tímidos pasos es el sistema judicial, al haber emitido algunas sentencias condenatorias contra exfuncionarios de seguridad, civiles y militares, responsables de haber cometido este delito. En la mayoría de dichos casos, las familias de las víctimas continúan sin conocer el paradero de sus seres queridos.
En otros casos, quienes han recibido ya los restos de sus familiares, encontrados en instalaciones militares o usadas por militares en la época de la desaparición, han alcanzado esta fase sólo gracias al esfuerzo de organizaciones como la FAFG (Fundación de Antropología Forense de Guatemala). Una iniciativa ciudadana, sostenida con fondos de cooperación que ha construido el laboratorio de muestras de ADN que ha coadyuvado a la identificación de los grupos familiares.
Un esfuerzo que se une al de entidades como el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), con la acción de organización comunitaria para el efecto. La construcción de la mayor base de datos y apoyo técnico en la elaboración de la ley realizada por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). La inagotable lucha y búsqueda de justicia, así como de sus seres queridos, emprendida por la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). En tanto, la Liga de Higiene Mental ha sido pionera en los procesos de reencuentro de niñas y niños desparecidos durante el conflicto armado interno. De igual forma, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), ha significado un bastión de apoyo a quienes necesitan reconstruir su deseo de vida y enfrentar el impacto de la desaparición.
Es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han sido claves en la gestión nacional de los principios que expone la Convención. De allí que el Estado de Guatemala tenga todavía una deuda gigantesca con el Sistema Interamericano, pero sobre todo, con su propia sociedad a la cual, no sólo infringió el enorme dolor de la desaparición forzada de un ser querido –Guatemala es uno de los países con el más alto número de detenidos desaparecidos por la acción contrainsurgente–, sino que cruelmente se niega a dar pasos en el alivio del dolor a las familias.
La práctica de la desaparición forzada es una de las más graves y crueles agresiones al ser humano y su familia. La tortura perenne que este fenómeno representa sólo puede ser mitigada con el acceso a la verdad, con la dignificación de la memoria y el indispensable acceso a la justicia. De lo contrario, el Estado continuará repitiendo día con día el delito y el dolor que ya asestó a las más de 45 mil familias que tienen un detenido desaparecido en el pasado y a los miles que lo vuelven a enfrentar en el presente.
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