A simple vista parece una ley noble. Sin embargo, demuestra el desconocimiento de estos diputados de la realidad educativa nacional. No me opongo a que nuestros adolescentes y jóvenes aprendan uno o varios idiomas extranjeros, pero sí me opongo a la forma como lo proponen estos diputados. Paso a explicar mediante cinco preguntas básicas que toda política pública debería responder de manera inequívoca.
- ¿Qué beneficios traerá? No es aprendizaje de idiomas extranjeros. Su propuesta es clara en decir que promocionará el aprendizaje del inglés. No dudo que el dominio de esa lengua sea importante para el desempeño global de una persona. Pero ¿por qué no pensar en el chino mandarín? El Ministerio de Educación de Chile ejecuta desde 2005 un proyecto sobre enseñanza de este idioma de cara a las nuevas tendencias del proceso globalizador.
- ¿Quién la ejecutará? En economía existe la premisa básica de que, cuando los recursos son escasos, se debe colocar al especialista para resolver el problema que deba atender. Es así como una jornada odontológica no la debe realizar el Ejército de Guatemala. Y un programa de aprendizaje del idioma inglés no lo debe supervisar o ejecutar el Ministerio de Economía (artículo 3, iniciativa 4943).
- ¿Cómo se ejecutará? Según el artículo 4, se promoverá la creación de carreras de nivel medio para la enseñanza de idiomas extranjeros. Pero actualmente no existen escuelas normales que estén formando docentes en idiomas mayas. ¿Por qué hago alusión a los idiomas mayas? En un estudio realizado por Icefi se determinó la rentabilidad de la enseñanza del idioma materno. Para ponerlo en cifras: de 2000 a 2010, el Estado de Guatemala ahorró 197 millones de quetzales por haber brindado educación en idiomas mayas, lo cual permitió matricular a 136 095 alumnos adicionales a los inicialmente considerados. A pesar de ese beneficio, el Ministerio de Educación ha mantenido las tasas de cobertura en idioma q’anjob’al en un promedio del 37.8% durante los últimos 10 años (por poner un ejemplo).
El punto aquí es clave: no podemos privilegiar el aprendizaje de un idioma extranjero si tenemos abandonadas la cobertura y la calidad educativas de los idiomas mayas. Eso equivaldría a que los niños finlandeses no aprendieran a hablar, leer y escribir en finés, sino en inglés. Al contrario, primero aprenden su idioma local, luego el nacional y finalmente varios idiomas extranjeros. Pero en Chapinlandia nos gusta hacer las cosas al revés. Tal parece que esta ley suena rebonita, pero en la práctica es una burla más a los pueblos mayahablantes de Guatemala. You got it, Seidner and Villacorta?
En otro tema, ya el currículo nacional base reconoce la importancia de aprender un idioma extranjero, lo que se necesita es fortalecer las direcciones generales de Currículo y de Gestión de Calidad Educativa (entre otras) en lugar de estar creando nuevos programas nacionales de inglés. Eso es como crear una nueva institución sobre otra institución. Lo que proponen los diputados es crear un pastel milhojas institucional que se resquebraja fácilmente.
- ¿Qué costos trae consigo esta ley? El informe Competitividad: el motor del crecimiento cita que el empleado guatemalteco «no calificado» tiene menos del 20% de probabilidades de ser capacitado por su empleador, mientras que en Chile esa proporción es superior al 60% (página 143). Esta ley solicita que los costos de funcionamiento del Programa Nacional de Inglés sean cargados al presupuesto general de la República. ¿Por qué los empresarios de los call centers reniegan de invertir en sus empleados?
- ¿Para quiénes es? Según datos del Mineduc, para 2014, el 31.8% de la matrícula de diversificado estaba en el departamento de Guatemala (el menos pobre). El 69.8% de la matrícula de ese nivel estaba inscrita en el sector privado. Es decir, será una propuesta para jóvenes no pobres, y lejos está de poder llegar a aquellos que estudian en los departamentos más pobres del país, como Huehuetenango y Quiché, donde la matrícula oficial representa en conjunto menos del 2% de egresados del nivel diversificado.
¿En qué debe traducirse esta iniciativa de ley? Los diputados deberían centrar su esfuerzo en que la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) certifique el nivel de inglés de los egresados del sector privado y en fortalecer la Dirección General de Currículo (Digecur) para que pueda implementar adecuadamente la enseñanza del idioma inglés, y no estar creando nuevas institucionalidades dentro de una institución ya debilitada.
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