Una libertad merecida

Desde el 15 de marzo, cuando fue capturado en la puerta de su casa, Rubén, “el chino” Herrera, permaneció prisionero, injustamente detenido por la arbitrariedad de un juez venal coludido con una empresa saqueadora del patrimonio natural de Huehuetenango. La Hidro Santa Cruz, una entidad española y casa matriz de la entidad que intenta explotar los recursos hídricos de Santa Cruz Barillas, quedó evidenciada ante un tribunal que no aceptó sus maniobras fraudulentas.

Una pequeña luz en el túnel de la impunidad que ha caracterizado al sistema de justicia y que hoy día es utilizado para perseguir al liderazgo social. Justo en el momento en que el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina inauguraba la vitrina para la venta del país, se produce la audiencia en la cual se decide cancelar la medida de prisión contra Rubén.

Y esa pequeña luz encendida significa que es posible encontrar justicia cuando se intenta defender la vida. Porque la defensa de los recursos naturales es eso, es la defensa de la vida. No solamente de las comunidades que nos hacen un gran favor con levantar su voz ante el peligro. Sino también la nuestra, la de cada una y cada uno que habitamos este espacio y que tenemos la vida en peligro ante el voraz avance de la explotación de recursos sin control y con el único afán de producir ganancias.

Desde la minería a cielo abierto en la cual Gold Corp y su subsidiaria Montana Exploradora ha generado muerte y enfermedades gravísimas en San Ixtahuacán, hasta las acciones de la Hidro Santa Cruz en Barillas o la italiana Enel en Nebaj, son entidades que no sólo dañan nuestro recurso sino que vulneran nuestro estado de derecho. Estas entidades han buscado la forma de evadir el cumplimiento de las normas básicas de control ambiental. Han creado mecanismos corruptores de las autoridades a fin de alcanzar permisos para funcionar sin cumplir plenamente con el espíritu y contenido de los requisitos de ley.

Luego, han utilizado su poder corruptor para doblegar al sistema de justicia y perseguir a quienes ejercen derechos universal y constitucionalmente garantizados. Son la punta de lanza de políticas y acciones que criminalizan al liderazgo social y comunitario y que intentan por este medio, impedir que las comunidades ejerzan su legítimo derecho a la consulta y al reclamo de respeto a los resultados de la misma.

En su acción de voracidad sin límites, recurren a la violencia como es el caso de la misma Hidro Santa Cruz cuyo jefe de seguridad resultó ser autor de la ejecución de un líder comunal. Igual que en el caso de la subsidiaria de Gold Corp en San Rafael Las Flores, cuyo jefe de seguridad ordenó disparar contra manifestantes de la comunidad opuestos al peligroso proyecto minero que se instala en la comunidad, sin apoyo social y violentando las normas establecidas.

A diferencia del líder comunitario cuyo liderazgo y legitimidad nacen de la defensa de los derechos de las comunidades, el gobernante necesita de la violencia para imponer su ley, y lejos de proteger nuestros recursos los ofrece en vitrina. Los pone en venta y ofrece el clima de “inversiones” garantizadas con la violación a la ley y al amparo de la impunidad.

De allí que quien ha dedicado su vida a proteger la vida comunitaria, tenga hoy día más que merecida la libertad y el retorno a su hogar, rodeado del respeto de su pueblo.