Una de cal y otras de arena

Uno de los cuales pone al descubierto las redes de impunidad y corrupción que campean en el aparato responsable de la aplicación de la ley.

Así se explica el ilegal, además de injusto, encarcelamiento de Rubén Artemio Herrera Herrera, líder comunitario de Huehuetenango, quien ha dedicado su vida a defender la vida.

Rubén Herrera fue capturado, por efecto de una orden de detención emitida en 2009, en virtud de falsas imputaciones realizadas por la empresa Hidro Santa Cruz. Esa entidad, cuyo interés voraz por acabar con las fuentes de agua en Santa Cruz Barillas, le llevó a contratar a personal que hoy es  sindicado de asesinar al dirigente Andrés Francisco.

En 2009, en Poza Verde, el personal de la hidroeléctrica ocupa tierras comunales y los pobladores les conminan a retirarse. Para evitar enfrentamientos, Rubén es  llamado para intervenir como mediador y lograr la solución de la crisis. Ésa y no otra fue su actuación, como un dirigente reconocido por su serenidad, su capacidad de diálogo y su voluntad de actuar pacíficamente. Sobre la calidad con la que actuó Rubén hay un acta suscrita por un ciudadano español, personero de la empresa presente en el lugar y que fue ignorada por el auxiliar fiscal de Santa Eulalia, Rubein Armando Villatoro.  Este funcionario supo de esto y sin embargo,  dio inicio a la causa planteada en correspondencia con los intereses de la empresa. A  partir de esto, se emite la primer orden de captura contra Rubén Herrera.

Debido a esta circunstancia, la defensa de Rubén planteó  en tres ocasiones la posibilidad de que éste se presentara ante el juez. Situación que no fue posible realizar en virtud de que en las primeras dos audiencias, el auxiliar fiscal no se presentó, mientras que en la tercera y última, el juez se declaró enfermo.

En el 2012, siempre en Poza Verde, vuelve a darse un incidente con maquinaria de la empresa y la fiscalía y la hidroeléctrica, señalan falsamente a Rubén Herrera de participar en los hechos. En esa ocasión, tal y como lo plantea la defensa, Rubén Herrera no se encontraba en Barillas, por lo que, no podría haber participado en los hechos que le imputan.

El 15 de marzo de este año, Rubén es capturado por las fuerzas de seguridad, al salir de su vivienda en Huehuetenango. Fernando Pérez, juez del tribunal primero de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en Santa Eulalia, decide ligarlo a proceso y, pese a que en una corrección de la primera actividad procesal defectuosa por parte del fiscal Villatoro, el Ministerio Público, solicita se declare la falta de mérito, no sólo ordena el proceso sino que modifica los delitos por los que se le acusa a fin de que no exista posibilidad de una medida sustitutiva.

De esa cuenta, un auxiliar fiscal que sirvió a intereses corporativos y no a intereses de la justicia, y un juez coludido con una entidad cuyos recursos dañan el patrimonio natural, perjudican la convivencia pacífica y cometen delitos de manera continuada, se alían para criminalizar a un dirigente social y defensor de derechos humanos.

La maquinaria de la injusticia, alimentada por el corruptor capital corporativo, estimula voluntades que en ejercicio del poder judicial, abusan del mismo, comenten delitos como el prevaricato y maliciosamente se ensañan contra un hombre pacífico cuyo único delito es querer proteger el territorio de sus ancestros y sus hermanos. Por la acción perversa de Hidro Santa Cruz y la malévola utilización del cargo del juez Pérez, Rubén Herrera es un nuevo prisionero político en Guatemala, a quien las cortes tienen el deber de liberar y dignificar de inmediato.