Como era de esperarse, la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública ha generado una serie de reacomodos en distintas instituciones y actores del proceso político. Recientemente se ha vuelto a desatar una polémica por la vigencia de dicho marco legal y su supuesta intromisión con la libertad de expresión y de prensa. Se han generado una serie de denuncias respecto a la forma en que los servidores públicos se aprovechan de los procesos y las temporalidades que determina la Ley de Acceso para entregar la información solicitada por los periodistas en el marco del desarrollo del ejercicio periodístico.
Ciertamente, antes de que estuviera aprobada dicha ley, los periodistas solían acceder a las fuentes de información y estas otorgaban, si les era conveniente, la información solicitada a la mayor brevedad. De esa cuenta, el periodista se proveía de los insumos necesarios para realizar su trabajo. Esta es una relación que se construye cotidianamente entre el periodista y la fuente de información, sin necesidad de que ello pase por la temporalidad o requerimiento alguno. No obstante, también es cierto que muchas veces la información ha sido negada sin razón alguna y muchos (y buenos) periodistas han tenido que ir construyendo canales alternativos para agenciarse de información para poder realizar su labor.
Las dos leyes –de Acceso a la Información y de Libre Emisión del Pensamiento– no se contraponen ni mucho menos, una trata de constreñir las garantías que tutela la otra. Los dos ámbitos son parte integrante de lo que la doctrina ha denominado “derecho a la información”. Si bien es cierto que el poder público está utilizando una de las leyes para restringir el trabajo periodístico, ése es un problema de la relación entre periodistas y fuentes de información. De ninguna manera esa actitud o comportamiento autoritario e intolerante por parte de unos puede endilgarse a los principios que garantiza la Ley de Acceso a la Información.
El problema radica en los efectos que genera una ley de acceso. Anteriormente, los periodistas poseían el privilegio y el monopolio de contar con la información pública, pero ahora todas las personas tienen el mismo derecho y la posibilidad de acceder a ésta. Esta situación genera, como en otros países, una respuesta y defensa corporativa de algunos periodistas y medios de comunicación. La controversia generada por este tema tiene sus soluciones y los responsables son las partes involucradas.
Por una parte, la nueva legislación impone unos nuevos marcos interpretativos que reconfiguran no sólo la formación del periodista, sino su ejercicio cotidiano. Contar con un nuevo marco legal obliga al periodista a construir una nueva dinámica con sus fuentes. Éste debe seguir buscando e investigando, pero desde una nueva perspectiva. Lo que antes se podía considerar como información básica para la construcción de una noticia ahora ya no lo es, pues todos en principio pueden acceder a ella, mediante la información de oficio que presentan los portales de transparencia o una solicitud directa a las oficinas de información.
El periodista ahora debe conocer más acerca de las instituciones y su desarrollo en el ámbito del ejercicio del poder público. Encontrar relevancia, cercanía e impacto pasa por el tamiz de un sentido más interpretativo y una capacidad de asombro que debe ser característica de todo buen periodista. Esto lo obliga a entrar en una relación distinta con su fuente de información. Los días en que la noticia se construía únicamente con lo que una fuente dice o hace parece que llegan a su fin. La ciudadanía ahora exige una mejor y más completa información que antes, pues ella tiene la capacidad de conseguir directamente la misma información.
El periodista debe exigir a los encargados de comunicación o de relaciones públicas que tengan información actualizada y que no sea la misma que obligadamente exponen en sus portales. Eso ya no tiene sentido. Los periodistas deben demandar a sus fuentes que la información que solicitan no debe pasar por los tiempos y mecanismos que exige la ley de Acceso a la Información, pues eso pone en peligro los principios que tutelan la libertad de expresión y la libertad de prensa.
No obstante, si el funcionario público insiste en que el ejercicio periodístico sea sometido a los criterios de la ley de Acceso, pues hay que entrarle al nuevo juego. Finalmente, si se tiene cierta pericia y olfato periodístico, se puede salir ganando. Una solicitud de acceso a la información puede revelar datos verdaderamente de interés público.
Si se insiste en modificar una antañona relación que existe entre el periodista y la fuente de información se incurre en una serie de errores que a toda luz evidencian desconocimiento, ignorancia y falta de una visión estratégica por parte de los encargados de comunicación. Una de sus principales funciones es proveer información veraz y continua a su contraparte, pues es una de las razones por las cuales fue designado. No puede entenderse una institución pública que no provee información a sus públicos, dentro de los cuales están los medios de comunicación.
Por otra parte, los encargados de comunicación son los responsables de la información que se provee hacia los distintos públicos. No obstante, si incurren en el error de estar enviando a que los periodistas realicen solicitudes de acceso a la información pierden el control en el manejo de la misma y eso puede poner en aprietos a la institución pública.
En una solicitud de información, el periodista puede obtener mayores datos de los que se le hubieran podido proveer mediante la oficina de comunicación. Y esos datos pueden ser el insumo necesario para informaciones noticiosas no necesariamente favorable para la entidad y una publicación de ésas puede ser desastrosa políticamente hablando. La pregunta que se colige de todo esto es ¿cómo responde un encargado de comunicación a su jefe ante una publicación de esta naturaleza? No se puede achacar ninguna culpa al encargado de la unidad de información, ya que su deber es proveer la información pública que le es solicitada. Pero la responsabilidad de haber perdido el control sobre la información que se provee a un periodista es única y exclusiva del encargado de comunicación.
Como puede verse, el problema no está en la normativa, sino que es un asunto de índole cultural que pasa por la falta de conocimiento de lo que significa el “derecho a la información” en su más amplia concepción, o por razones de comportamiento autoritario. De uno u otro lado hay elementos para reflexionar. Si se insiste en no ofrecer información constante y expedita, los periodistas deben tener paciencia, pues tienen en sus manos la posibilidad de ofrecer una mejor noticia a su público. Por otra parte, si los encargados de comunicación enmiendan su error y mejoran su relación con los periodistas, pueden mejorar su labor y proteger la imagen de la entidad para la cual trabajan.
El tema de la ley de Acceso a la Información es un asunto de cambio cultural y eso requiere de mucho tiempo. Todos nos tenemos que acostumbrar, los periodistas, los funcionarios públicos y las personas en general. Los reacomodos siempre son difíciles de digerir y de aceptar, pero la democracia lo requiere. La dificultad no radica en las leyes y en las funciones de cada profesión, sino en la modificación de la lógica del uso de la información y el poder que esto ha representado.
* Las ideas principales de esta columna ya habían sido publicadas con anterioridad en el Diario de Centro América.
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