Con estas capturas se amplía el número de líderes sociales y comunitarios y de autoridades mayas que guardan prisión mediante procesos que los criminalizan ilegalmente. Ya antes habían sido llevados a la cárcel Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, condenados por un delito que no cometieron. También están en prisión Sotero Villatoro, Francisco Palás y Arturo Pablo, todos de Huehuetenango. Desde el año pasado está prisionera la lideresa kaqchikel Bárbara Díaz, también acusada de un delito que no cometió.
En todos ellos, el denominador común es su participación en las luchas comunitarias por la defensa del territorio, acción social que impulsan como mecanismo de protección ante las abundantes concesiones para uso de recursos naturales otorgadas por el Gobierno a empresas privadas nacionales e internacionales. En unos casos se trata de licencias de exploración y explotación minera para la extracción de metales como níquel, oro y plata. En otros, de licencias para la instalación de plantas hidroeléctricas o de exploración y explotación petrolera.
El falso discurso de quienes se interesan por sacar hasta el último gramo de recursos naturales es que su actividad impulsa el desarrollo y que quienes se oponen promueven el retroceso. Nada más alejado de la verdad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas. No es cierto que la sola instalación de una de estas garantice la provisión del servicio de energía para la localidad donde se instala. No lo puede hacer, según la ley de la materia, desarrollada a partir de la privatización de la electricidad durante el gobierno de Álvaro Arzú.
A pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Gobierno a consultar a los pueblos afectados, este se ha hecho de la vista gorda. No ha tenido en cuenta que ni una sola de las consultas realizadas por iniciativa comunitaria se ha declarado a favor de proyecto alguno de explotación de recursos. El «no» ha sido rotundo y mayoritario, casi unánime, contra la instalación de proyectos que harán uso irracional de los recursos naturales o cuya labor afectará negativamente el territorio.
Esa es la lucha emprendida por las defensoras y los defensores del derecho a la vida comunitaria, quienes defienden el espacio vital donde se asientan sus comunidades. Y por eso es que han sido criminalizados, es decir, se ha utilizado indebidamente el derecho penal para impedir que continúen con su liderazgo y su labor de defensa comunitaria. Son los presos políticos del siglo XXI, pues su convicción en defensa del territorio es vista como amenaza por el Gobierno y por los intereses espurios que este defiende y protege.
A la carga de la prisión política de un líder se suma la fragilidad en la cual quedan las familias. El sustento deja de llegar, y a la falta de recursos se suman también la necesidad de más recursos para asegurar la defensa y la sostenibilidad de sus familiares en prisión.
Si se concretan las amenazas planteadas por grupos neofascistas al servicio de las empresas explotadoras de recursos, habrá nuevas capturas de líderes cuyo delito es pensar en la defensa del territorio y del espacio comunitario. De esa suerte, Guatemala se convertirá poco a poco en una prisión para quienes defienden los derechos fundamentales y un campo de recreación para los criminales que los violentan.
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