Fiscales especializados en el combate del crimen organizado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense migraron a las nuevas ramas creadas a partir de septiembre 11. Algunos, incluso, han migrado hacia el sector privado para asesorar a grandes corporaciones. No es nada fuera de lo común en Estados Unidos, dada la estructura abierta del servicio civil de carrera. En Europa, por ejemplo Italia y Francia, donde el servicio civil de carrera es de estructura cerrada, es casi imposible que un fiscal antimafia migre al sector privado. Pero es perfectamente posible que deje su magistratura y articule un proyecto político. Es el caso del fiscal antimafia Antonio Ingroia, quien se inició en el proyecto antimafia de Falcone y Borsellino y que ahora se ha convertido en senador representante de la coalición de izquierdas Revolución Civil. De vuelta al caso estadounidense, es de lo más natural que abogados de la fiscalía distrital se conviertan en abogados defensores. Hay cuestionamientos siempre presentes, pero es lo normal.
En el caso de Guatemala, ha generado una ola turbulenta la noticia de dos exinvestigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que ahora se integran a un proyecto en el sector privado. Irónicamente vemos que el caso del superbufete de abogados demuestra que la primera transferencia de capacidades de la Cicig (no coordinada) fue hacia el entorno privado. Las teorías de la conspiración se han dado gusto. La preferida es la siguiente: el sector privado organizado secuestra capacidades de la comisión y se blinda ante los posibles casos relacionados con la denominada Línea 2.
¿Cómo leer la situación más allá de las teorías conspirativas?
«Piensa mal y acertarás», reza la sabiduría común, pero la sabiduría común no puede ser criterio para comprender fenómenos sociopolíticos tan complejos. Necesitamos indicadores medibles, y el único indicador medible —en este caso— es de carácter ex post facto. Es decir, serán los futuros casos y los futuros clientes de dicho bufete de abogados los que designarán un perfil y permitirán comprender en qué función operan los exinvestigadores de la Cicig. No obstante, mientras eso sucede, hay que evitar la fantasía y ver las cosas con total frialdad en medio de las señales contradictorias. Es perfectamente comprensible que alguien quiera migrar al sector privado. Se firman cláusulas específicas y se obliga a una práctica ética. Quizá el timing para esto no es el mejor, pero la verdad de las cosas es que no es el primer caso ni el último de personas que colaboran con la comisión y buscan otras opciones. La comisión no parece preocuparse. Y de fondo lleva razón. La buena labor que hace la comisión es producto de muchos equipos de trabajo y de más de un centenar de personas.
¿Por qué, entonces, tanto revuelo al respecto?
Quizá por la cultura de los orejas que existe en Guatemala. Lo anterior es un rezago poco palpable del conflicto armado, pero está allí, siempre presente. Los actores del conflicto desarrollaron, por razones de control territorial y de personas, redes de orejas. En la Guatemala del posconflicto, esa práctica no se ha eliminado y sigue vigente, en uso no solo por las múltiples agencias de inteligencia (estatales y privadas), sino también por las diferentes agrupaciones con intereses políticos. Es de lo primero que se aprende al laborar en Guatemala en cuestiones relacionadas con la temática de seguridad, del crimen organizado, de prospectiva política, etc. «Nunca se sabe —en realidad— con quién se interactúa», me decía un colega estadounidense, analista en cuestiones de crimen organizado.
Así las cosas, es natural pensar que exista un ligero riesgo en el caso que mencionamos si suponemos que el estilo y la gestión de trabajo de la comisión podría hacerse vox pópuli. Pero, en realidad, la preocupación debe apuntar a lo siguiente: cuanto más tiempo se mantenga la comisión en Guatemala, mayor será el riesgo de la penetración. La comisión debe, en efecto, blindarse y evitar en lo posible este tipo de migraciones. Porque Guatemala es una cancha muy jodida, donde las lealtades no existen y el dinero corrompe. El caso que apuntamos quizá no sea de mayor preocupación, pero debe obligar a que la unidad de análisis político de la Cicig realice la tarea de prospectiva.
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