Una calma chicha riesgosa

La minoría de la CC por algunos días se convirtió en mayoría y nos brindó este respiro, pero nadie asegura que todo lo que se movió para llevar el proceso hasta donde llegó no siga actuando por debajo y nos deparemos dentro de 30, 45 días o aún antes, con una resolución que vuelva a dejar todo como estaba.

La actual CC, folclórica no sólo en el decir de sus más conocidos representantes sino por su actuar poco jurídico y a destiempo, nos brindó ya un lindo broche al sesionar de emergencia, en la suite de un lujoso hotel, pues participaban interesados y acuciosos en un evento internacional, para amparar al querellante que solicitaba que la Contralora General de Cuentas no podía seguir en su puesto.

Los honorables magistrados tuvieron tiempo e información suficiente sobre los desmanes y abusos que en las comisiones de postulación se cometieron, por lo que el amparo concedido solo se entiende porque una digna magistrada, hastiada de tanto manoseo, decidió tomar distancia renunciando al cargo al que había sido electa en un proceso amañado de principio a fin, logrando con ello poner contra la pared a los integrantes de ese ente que más que jurídico se ha transformado en actor político, favorable en muchos casos –y según su composición- a los intereses de las élites económicas.

Su fallo contó con el beneplácito de casi todos los sectores que de una u otra forma se organizan y manifiestan en el país. Solamente han sido cuestionados por quienes desde sus cómodas trincheras mediáticas defienden y suspiran por los regímenes de terror y autoritarismo que la mayoría queremos dejar de lado y, si es posible, sentar en el banquillo de los acusados para establecer responsabilidades y mostrarnos a nosotros mismos como sociedad que esos crímenes no pueden volver a cometerse.

Una inmensa mayoría, pues, se ha venido constituyendo alrededor de la exigencia por una justicia real y efectivamente independiente, en la que caben tanto los de derecha como los de izquierda, así como los que se dicen de centro pues es una demanda que constituye el piso de cualquier proceso político mínimamente democrático. La única condición de autoexclusión ha sido, insistimos, la defensa de cotos privilegiados de impunidad.

Los partidos mayoritarios, al hacer pública su alianza estratégica, han mostrado su incapacidad para entender las reales y básicas exigencias de la sociedad en lo que a funcionamiento de la justicia se refiere. Para recomponer sus estrategias y recuperar simpatías tendrán que asumir su equívoco y atarse las manos para que, de manera evidente y clara, pueda saberse que no intentarán de nuevo escoger a dedo a quienes consideren puedan protegerles judicialmente en el futuro. Tarea difícil, pues la soberbia parece ser una de sus características.

La construcción de alianzas para lograr el objetivo de cortes ajenas a intereses particulares implica entender que este es un punto nodal de la construcción del país que todos anhelamos y que, en consecuencia, los otros temas y asuntos que nos diferencian deben, de momento, dejarse de lado. Caben por tanto los que convencidos insistieron que en las masacres perpetradas por el Ejército entre 1982-1984 hubo prácticas genocidas, así como los que desde su propia comprensión del concepto niegan que eso haya sucedido, pero aceptan que sí se cometieron crímenes de lesa humanidad y sus hechores deben ser debidamente juzgados y condenados, así sean militares o empresarios que financiaron o pilotearon viejas avionetas en bombardeos. No caben en esta gran alianza, claro está, los que a toda costa quieren evitar y entrampar los juicios, temerosos que se les destapen los pies y se descubra que los tienen de barro.

El momento llama a la participación vigilante, pues lo único que se puede aceptar es la repetición de todo el proceso, con el cumplimiento estricto de las reglas y los procedimientos previamente acordados.

Si muchos o pocos de los ahora seleccionados vuelven a estar dentro será porque tienen méritos y no porque les ataron las manos para ejercer. Los buenos que por intereses particulares fueron descartados, definitivamente tendrían que aparecer. Los impresentables, aquellos que a pesar del esfuerzo de sus negociadores ya quedaron fuera, es evidente que deberán seguir quedando fuera.

Pero la exigencia no puede terminar allí, desde ya debe exigirse una revisión profunda de los sistemas de selección, dando lugar a una efectiva y completa carrera judicial en la que jueces, magistrados  y miembros de la CC sean escogidos por sus méritos dentro de ella, evitándose así los advenedizos y representantes de intereses particulares y coyunturales. Para ello es necesario construir una nueva mayoría en el Congreso, por lo que el debate sobre su plausibilidad debe ser tema fundamental de las campañas electorales del próximo año.