Ese día, el 4 de octubre de 2012, mientras la dirigencia de los 48 Cantones de Totonicapán, la estructura ancestral de esas comunidades, intentaba desarrollar un diálogo con el gobierno central, los pobladores que ocuparon la carretera de occidente fueron desalojados violentamente y cuando se restablecían las pláticas, se produjo la intervención militar.
El reclamo de Totonicapán no era nuevo ni ha sido atendido. La protesta se originó ante el cobro abusivo del servicio de alumbrado público en las facturas de energía eléctrica, en localidades en donde éste no se presta. Por años, la directiva de los 48 Cantones ha sostenido encuentros con autoridades sin que se dé trámite efectivo a su requerimiento. El día de la tragedia, el responsable del pomposamente llamado Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, dio muestras de la ausencia de capacidad para el tratamiento de crisis y manejo de conflictividad desde el gobierno. Lejos de ello, según denunciaron los directivos, hizo parte del juego que impidió a los líderes retirarse de Casa Presidencial cuando fueron notificados de las acciones violentas de las fuerzas de seguridad.
Casi un año después, el 28 de septiembre, otra crisis vuelve a estallar. En esta ocasión, casi un centenar de kilómetros más hacia el Occidente, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. En el reino de Zaculeu, el ejército y la PNC intervienen y hacen uso de la fuerza para “controlar” otra crisis social. El conflicto en Huehuetenango, particularmente en la zona norte del Departamento, llega al clímax por la reiterada ausencia de voluntad de diálogo del Estado. Obligado a proteger el interés social por encima del interés particular (según reza la Constitución Política de la República), el gobierno ha entendido el mandato en viceversa. Amparando un interés particular -el de la empresa de capital español, Hidro Santa Cruz-, ha cerrado los ojos y los oídos a los reclamos sociales desde la comunidad, relativos a la negativa comunitaria a la presencia de la entidad empresarial. Al final, no ha sido el Sistema Nacional de Diálogo” el que ha alcanzado un acuerdo de negociación pues, según todos los indicios mediáticos, esto ha llegado de la cartuchera del Ministerio de Gobernación.
En 12 meses, dos hechos emblemáticos, pero no los únicos que evidencian la inutilidad de un esquema burocrático, mal planteado y carente de iniciativa política y de decisión. El sistemita de marras, sólo ha dado resultados cuando se trata de hacer uso del refrán que reza: “entretenete camote, mientras se cuece el ayote”. Es decir, parece en la práctica un satélite operativo de estrategias de seguridad más que un instrumento efectivo para promover el diálogo y la negociación.
Pero por qué sucede esto. Básicamente porque se violan los principios básicos del tratamiento de la conflictividad. En este caso, por ejemplo, se trata de los intereses comunitarios (que caen en la categoría de interés social), frente al interés particular de una empresa extranjera. El Estado, desde su pomposo sistema se apunta como mediador, pero cuando utiliza a las fuerzas armadas y a la policía para apoyar el interés particular, termina siendo parte del lado equivocado, pues la ley le obliga a proteger a la colectividad.
Si a esta circunstancia se añade que el titular del sistema juega a engañar, es decir, entretener al liderazgo mientras se avanzan otras acciones, la magnitud de la perversidad de acrecienta. Lejos de buscar como un buen mediador (si es que le cupiera tal sombrero), la nivelación de poderes en la negociación, juega, como ya se dijo, para el equipo contrario y minando el terreno de juego.
De manera que, si el gobierno considera el diálogo como herramienta política, de verdad necesita revisar su institucionalidad y metodología, además de apegarse a lo que le mandata la Constitución y proteger el bien común por encima del interés particular. En todos los casos, la mayoría ha expresado su voluntad mediante las consultas de buena fe.
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