Estas pruebas, en las que se incluyen documentos, testigos y peritajes, fueron excluidos del actual proceso una vez que el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado B de Mayor Riesgo, evaluara que estos elementos eran impertinentes dentro del proceso. Gálvez fue el juez contralor de la fase intermedia que determinó la apertura a juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en el área ixil, Quiché. Asumió esta responsabilidad el 23 de noviembre de 2011, una vez que la juez Carol Patricia Flores fue recusada por el abogado Ovando Corzo, defensor del otro general acusado, Héctor López Fuentes, hoy enfermo de gravedad, el 10 de octubre de ese mismo año.
El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, CALDH, presentó un amparo en contra de la recusación a la juez Flores. El amparo se resolvió este mes, por lo que la CC notificó a Flores, ya restituida, y no a Gálvez, para que se hiciera cargo del otro amparo presentado por la defensa sobre los elementos que fueron excluidos durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Flores ha citado para mañana jueves a las 2 de la tarde a los abogados de ambas partes para resolver este procedimiento en una audiencia de descargo.
En el debate actual, iniciado el pasado 19 de marzo, el Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo, presidido por la juez Yassmín Barrios, con base en un amparo provisional por este incidente, decidió incluir todas las pruebas de la defensa. El tribunal juramentó peritos y testigos. Al mismo tiempo admitió los documentos para la defensa de Rodríguez Sánchez y Ríos Montt.
Con la resolución de la CC para dichas pruebas, y la audiencia oral a la cual convocó la juez Flores, el abogado Francisco Palomo, defensor de Rodríguez Sánchez, indica que “es un procedimiento que se debe cumplir para concluir con la etapa intermedia en la que se presentan las pruebas”. Palomo también señala que el tribunal de sentencia cometió un error al incluir ellos, y no un juez contralor, las pruebas de descargo. “Con esto, se regresa a la etapa anterior. Por lo tanto, la juez Carol Patricia Flores deberá conocer la prueba y luego agendar una nueva fecha para iniciar el debate. Es decir, todo lo actuado acá queda nulo, y deberíamos volver a empezar con los testimonios”, dice Palomo.
No obstante, el abogado Héctor Reyes, de CALDH, no ve posibilidad de que el juicio se anule. Tampoco que se reinicie. “El debate continuará. La juez Flores revisará las pruebas de la defensa en la audiencia de mañana y verá que lo actuado por el tribunal de la juez Barrios está dentro del marco de derecho. El tribunal admitió las pruebas ya en la fase de debate. Es normal. El juicio seguirá su marcha”, estima Reyes.
En el día número 19 de audiencia, que se cumplirá este jueves, se tiene prevista la fase de conclusiones por parte de cada uno de los abogados. Se ha escuchado el testimonio de 98 ixiles, 35 peritos forenses, diez académicos, así como cuatro peritos de la defensa y cuatro declaraciones de testigos a favor de los acusados. Al concluir la audiencia de mañana, el tribunal estimará un tiempo prudencial para argumentar sobre si hubo o no genocidio, o si se cometieron o no delitos contra los deberes de la humanidad durante marzo de 1982 y agosto de 1983, y dictar sentencia acerca de la responsabilidad de los generales.