Construido desde una perspectiva más descriptivo-analítica que judicial, el informe deja claro ya en sus primeras páginas que, a pesar de existir toda esa masa de información y conocimiento, el problema central del sistema político nacional es que no solo no hay denuncias formales contra el financiamiento ilegal de partidos y candidatos, sino que tampoco se ha perseguido penalmente el tráfico de influencias y el uso del poder público en beneficio de financistas y articuladores políticos. Las leyes son flojas y con grandes vacíos al respecto, y los operadores de justicia han actuado condicionados por sus propios intereses y vínculos gremiales y corporativos.
Con una profusa base bibliográfica y documental, el informe padece de cierto desequilibrio teórico-empírico. Redactado a veces con las características de los informes clásicos del sistema de Naciones Unidas y otras como un documento académico que busca la solidez teórico-analítica, la terminología, en particular la más novedosa, no llega a obtener conceptualizaciones precisas y detalladas. Tal es el caso de los partidos franquicia, con los que se identifica a los micropartidos y partidos de ocasión, identificados ya en la literatura como «siglas de alquiler». Para el caso guatemalteco, en distintos momentos y medios, en lo personal hemos definido cómo partidos franquicia a los que, creados por un político interesado en alcanzar la presidencia (Ríos Montt con el FRG, Arzú con el PAN, Colom con la UNE, Pérez Molina con el Patriota y Baldizón con Líder), contienen siglas, colores y consignas que son usados por políticos de diversos niveles y radios geográficos a condición de apoyar y sustentar financieramente esa candidatura sin que exista mayor afinidad ideológica y programática. El inversionista local la usa, usufructúa y descarta según sus intereses político-empresariales.
La parte sustantiva de cada uno de los acápites del informe, si bien se basa a veces en documentación construida con datos duros, elaborados a partir de informaciones científicamente recolectadas, como son los casos de los documentos de Acción Ciudadana (2012), Asíes (2011, 2012 y 2013), Erazo (2006), Fortín (2008) o Mack (2006 y 2006a), lamentablemente pierden fuerza cuando se colocan, en el mismo nivel de credibilidad e importancia, afirmaciones hechas en eventos públicos (Chicola y Godoy) que, no estando respaldadas por investigación empírica seria, resultan simple especulación.
Siendo en la actualidad la Cicig una de las pocas instancias que por sus aportes a la persecución de la corrupción gozan de la más amplia credibilidad dentro de nuestra sociedad, las expectativas con relación al informe iban más allá del espaldarazo y la legitimación de lo ya dicho y demostrado. Esta expectativa puede verse frustrada al no alcanzarse aún la persecución penal de los infractores.
Posiblemente por ello la presentación del informe se pospuso varias veces, pues denuncias concretas y de alto impacto político resultaron más urgentes y debieron ser hechas con celeridad. Seis diputados, un candidato a alcalde y uno a vicepresidente han sido denunciados y se ha solicitado sus antejuicios ante la Corte Suprema de Justicia, con impactos aún no dimensionados en el proceso electoral vigente, pero en ninguno de los casos la acusación principal y las evidencias se basan en delitos electorales. Esto, porque, como el mismo informe anota en sus inicios, es en la misma tipificación y sanción de ese tipo de delitos en la cual estriba la debilidad y flaqueza de nuestro sistema político.
Resulta así lamentable que, en lo que se refiere al conjunto de denuncias sobre financiamiento ilegal e ilegítimo a los partidos, no se aporten más pruebas que las denuncias hechas a través de los medios de comunicación, las cuales, si bien pueden considerarse serias y objetivas, no constituyen aún documentación suficiente para construir una causa judicial. Evidentemente, la Cicig no ha logrado recoger las evidencias materiales que le permitan denunciar penalmente a Gustavo Alejos, Gloria Torres, José Echeverría o Esduin Tres Quiebres Javier, mucho menos considerar como delincuenciales y objeto de persecución penal los ilegales financiamientos de los Castillo, Novella y Gutiérrez que, como informó Plaza Pública, según los Wikileaks, el mismo Pérez Molina aceptó ante el embajador estadounidense haber recibido. Todos sabemos que delinquen, pero no hay aún suficientes pruebas ni mecanismos legales para enjuiciarlos.
Y este es el punto ciego de nuestro sistema: se sabe que es ilícito este tipo de financiamientos, que tienen fuertes impactos negativos en el funcionamiento adecuado del sistema político y económico del país, pero no tenemos elementos judiciales formales para perseguirlos. Y mientras eso no suceda, como hemos venido repitiendo, hablar de democracia es simplemente un juego de palabras sin ningún contenido efectivo y se propicia así la supervivencia de formas de acumulación económica que afectan a todos los miembros de la sociedad.
Los financistas grandes y pequeños, así como los políticos nacionales o locales, pueden, pues, continuar con sus campañas y esperar ser electos, aunque con cierto friito en la espalda porque, si la persecución de la corrupción en la gestión pública se sigue dando de la manera eficaz como en los últimos meses ha demostrado hacerlo la Cicig, ni los unos podrán cobrar sus aportes con altos intereses ni los otros hacer los negocios a los que hasta ahora estaban acostumbrados.
El informe tal vez no sea bueno para conducir a la cárcel a los corruptos y corruptores del sistema político, como tampoco sea útil como documento académicamente bien construido y respaldado, pero sí es una clara y eficiente voz de alarma que nos puede permitir alcanzar, finalmente, una sociedad más justa y equitativa, siempre y cuando, claro está, nos organicemos y movilicemos adecuadamente.
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