Abundan los programas sobre personas sufriendo de obesidad mórbida. Dramas humanos que a veces son resueltos con cirugías, ejercicio y cambios en el estilo de vida. En esos casos, es frecuente que la obesidad se aborde como un problema personal, en otra forma de individuación del riesgo, cuando en realidad el problema es estructural, con raíces en la urbanización y en el sistema de acumulación neoliberal, donde se venden productos nocivos para la salud como si fueran alimentos.
[La obesidad es un problema de salud pública asociado a la urbanización, la falta de educación y el limitado acceso a la actividad física, los alimentos saludables y el agua potable]
El BID y la FAO, muestran escenarios alarmantes para Guatemala donde se combina la desnutrición en la infancia con la obesidad en la adultez. Asimismo, la Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología (Guatemala / 2011) sitúa en 65% las mujeres adultas con sobrepeso y riesgo de sufrir cáncer de ovario, diabetes o enfermedades cardíacas.
En México, el problema ha sido abordado mediante acciones que incluyen un impuesto para reducir el consumo de bebidas azucaradas. A ese respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública ha concluido que un impuesto del 20% al precio de los refrescos reduciría hasta en un 25% el consumo,[fn]INSP México (2013) Seminario Institucional “Generación de Evidencia para la formulación de políticas públicas de obesidad: el caso del impuesto a los refrescos”. El impuesto actual de 18 centavos de dólar por litro no llega al porcentaje sugerido, pero se espera una reducción del consumo debido al aumento del precio.[/fn] disminuyendo la obesidad y evitando millones de casos de diabetes en los años venideros.
Entre quienes se oponen al impuesto en México, están las empresas trasnacionales encabezadas por Coca Cola y Pepsico. Esas empresas argumentan que se perderán empleos, y que los refrescos no son responsables de la obesidad. Afirman también, que se atenta contra la libertad individual para decidir sobre qué productos consumir.
Entre quienes apoyan el impuesto, se encuentra el Instituto Nacional de Salud Pública de México, que da cuenta de la correlación entre el precio de los refrescos azucarados, el nivel de consumo, y la incidencia de la obesidad en la población.
Asimismo, afirman que la reducción del consumo en un producto se compensará con la compra de otros productos.
Es necesario agregar, que la obesidad no afecta por igual a todas las clases sociales, dado que una persona en condición de pobreza, tiene menor acceso a servicios de salud, opciones de vida y alimentos saludables, incluso menor acceso a agua potable.
Mi impresión para Guatemala en 2014, es que hay pocas condiciones para que el asunto sea abordado integralmente con una política de Estado. Sin embargo, un impuesto que reduzca el consumo es una medida que en el corto plazo tendría un efecto positivo en la salud de la población y contribuiría a aumentar la recaudación fiscal.
En este momento, las bebidas carbonatadas azucaradas pagan en Guatemala un gravamen por litro cuya tasa podría aumentarse si existiera voluntad política en el Congreso y el Ejecutivo. Esa disminución de las ventas, se justifica en tanto el Estado debe proteger la salud como un bien público.
Por supuesto, es razonable esperar que los capitales detrás de ese negocio, utilicen todo su poder para descarrillar cualquier intento de regular sus lucrativas actividades.
La regulación es necesaria y no contradice las libertades individuales. Por el contrario, es la anulación de derechos como la salud lo que realmente amenaza a las personas. Recordemos además, que las razones de ser de una empresa lucrativa son la generación de utilidades y el crecimiento del capital. Son razones legítimas, pero no se orientan por el bienestar colectivo. Por lo tanto, es indispensable que exista regulación, un equilibrio de poder y un Estado que garantice que nadie esté fuera del alcance de la ley.
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