Un general convertido en manopla

Los funcionarios que atendieron a las personas que acudieron a la cita no sabían de qué iba el asunto. Así que, como la canción de los elefantes, fueron a llamar a otro para que les aclarara. Finalmente dijeron, “tienen diez días para abandonar el país”, les sellaron de anulado el permiso de residencia y, “hasta la vista”.

Así, sin más trámite, el gobierno que preside un militar retirado, el general de brigada Otto Fernando Pérez Molina, volvía a emular a su ex colega y tocayo Fernando Romeo Lucas García. Dictador el uno y dictador el otro. Arbitrario el uno y arbitrario el otro. Represor el uno y represor el otro. Porque la acción democrática no se les da. Les es absolutamente ajena.

De manera que, cumplir con la ley y enumerar los hechos que dan lugar a la aplicación de los artículos citados en la orden, según los que ordenaron la expulsión, no es necesario. Cumplir con lo que prescribe la norma no es algo que sea una necesidad ni para el gobernante ni para sus funcionarios, ex compañeros de armas, que hoy por hoy pervierten la institucionalidad democrática de la seguridad.

Una entidad como la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) ha dado pie para que su titular, el también general retirado Ricardo Bustamante Figueroa, concentre poder de acción y decisión a su sabor y antojo. Ligado a intereses de empresas de la industria minera, Bustamante Figueroa, –de triste recordación hasta por sus compañeros de armas que fueron víctimas de espionaje cuando estuvo en el Estado Mayor Presidencial–, ha sido pieza clave para esta acción arbitraria.

Dos voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz, con documentación en regla y permiso migratorio para cumplir con su misión, podrían ser expulsados con base en una orden ilegal. Orden que nació en el despacho de Bustamante y encontró eco en el de Pérez Molina quien, en última instancia, carga con el desgaste político que le genera su subalterno.

La función de Bustamante Figueroa es técnica no política. Sin embargo, la forma en que ha ejercido el papel asignado le ha llevado a erigirse en el actor político por excelencia, arriba incluso del mandatario. Así, devendría en ser el responsable de la anulación del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), el cual no ha sido integrado durante el actual gobierno.

Cancelada la posibilidad de funcionamiento del CAS, el gobierno actúa sin asesoría ciudadana en la materia. Situación que ha permitido a Bustamante el desarrollo de los criterios que definen la agenda de seguridad, derivada de la agenda de riesgos y amenazas. Y allí es en donde, al margen de toda consideración profesional, el militar al frente de la STCNS ha dejado que su corazoncito, palpitante al ritmo de la minería, domine el análisis en la definición de los intereses nacionales.

Y en esa definición de intereses, Bustamante ha logrado colar como prioritario el relativo a los intereses de la industria minera, declarada merced a sus oficios, como temática de seguridad para la nación. De tal suerte que, cualquier actividad que se oponga a dicha industria que encarna un interés particular, es considerada atentado a la seguridad de la nación. Las comunidades que se enfrentan a la industria extractiva, son, por obra y gracia de la agenda de Bustamante, enemigas internas. Ya no digamos los líderes de estas localidades.  O, como en el caso que nos ocupa, voluntarios internacionales que acompañan como observadores solidarios no activos, el ejercicio constitucional del derecho de asociación, reunión, manifestación y libertad de expresión de quienes defienden su derecho a la vida y al territorio.

No importa si el gobierno disfraza su  decisión de ejercicio de soberanía, muy pero muy poco defendida por la institución armada en el país, o si la legitima en el remedo de Fuerza de Tarea en que ha derivado la instancia interinstitucional armada por la STCNS. Por cierto, una instancia a la que, vergonzosamente, hasta la oficina del Procurador de Derechos Humanos ha sido integrada.  Lo cierto es que el mensaje que intenta dar el gobierno es que la mano dura de su campaña está empuñada contra los Derechos Humanos y quienes lo defienden. Y en esa misión, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad hace las veces de manopla.