Por ley, la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri) fueron creadas con el fin de ayudar al Mingob a cumplir su misión de garantizar la seguridad ciudadana. La Digici habría de realizar análisis e investigaciones de orden general y de ámbitos que permitieran diseñar e impulsar políticas de seguridad. La Digicri habría de prepararse para aportar evidencia en procesos judiciales de orden penal y sustituir, en un futuro, a la Dirección de Investigación Criminal (Dicri), que depende del Ministerio Público (MP).
Por desgracia, ninguna de las funciones reales que les competen ha sido cumplida en letra y espíritu. El gobierno defenestrado de Otto Pérez Molina utilizó ambas dependencias para fines ajenos a su naturaleza. Al inicio, la Digici fue tratada como una especie de criatura preferida por sus homólogos estadounidenses, a tal grado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) donó equipo especial de escuchas telefónicas, un recurso que solo podría utilizarse en un método de investigación si y solo si había autorización judicial.
Algo que la Digici incumplió. De hecho, por órdenes del mismo Pérez Molina, la Digici realizó espionaje político. El equipo se utilizó para intercepciones telefónicas de aquellas personas a las que el ahora reo consideraba dirigentes del movimiento ciudadano de protestas que arrancó en abril. Líderes de partidos políticos opositores de verdad, autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) y dirigentes sociales, campesinos, de derechos humanos y del sector empresarial fueron ilegalmente escuchados por estos espías.
Tan grave fue el espionaje que la misma CIA retiró el equipo, temerosa de que se hiciera púbico el uso que se le dio. Sin embargo, Pérez Molina estaba obsesionado con saber qué sucedía y ordenó una asignación de tres millones de quetzales para la adquisición de otro equipo. La recién estrenada ministra Eunice Mendizábal decidió no ejecutar dicho gasto. No obstante, menos de 24 horas después de que ordenó detener la compra, el mismo Pérez Molina la conminó a ejecutarla. De esa manera, la Digici tuvo nuevo equipo y siguió con las orejas paradas por orden presidencial.
La Digicri, mientras tanto, se pasó escuchando a narcotraficantes identificados en el trasiego de cocaína. No para acumular evidencia que se pudiera utilizar en juicios penales. No. Más bien para extorsionar a los dueños de los cargamentos o, en el mejor de los casos, para sus tradicionales tumbes.
Como se ve, ambas entidades están muy pero muy lejos de cumplir su misión y de apegarse a la ley en sus actividades. Merced al interés del expresidente, se usaron como recurso de espionaje político, y no como herramienta de apoyo en seguridad. Una muestra clara de que la lógica gubernamental sigue siendo ver desde la lupa de considerar a la ciudadanía, y en particular a la que protesta, como el enemigo interno.
No hay evidencias de que el gobierno de transición haya modificado esta conducta. Hay riesgos enormes de que el nuevo gobierno continúe dicha práctica en virtud de las figuras que rodean a Jimmy Morales. De ese modo, como mínimo, de oficio, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el MP han de actuar a fin de establecer estos extremos y proceder a denunciar a los responsables. Igualmente deben advertir al nuevo gobierno que no se tolerarán actos ilegales de espionaje.
Como sociedad, empecemos por ejercer el derecho constitucional que nos faculta a conocer todo lo que sobre nosotras y nosotros consta en oficinas estatales. En este caso, ante la Digici y la Digicri, con base en la Ley de Acceso a Información Pública, requerir dichos datos.
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