En otras circunstancias, dicha invitación indicaría que las y los integrantes de la asamblea legislativa se interesan profundamente en la situación de los derechos humanos en el país, al punto de que quieren conocer el informe directamente, por lo que dicha solicitud sería aplaudida por su enorme significado.
Lamentablemente, los acontecimientos durante la plenaria del miércoles 30 evidencian otra realidad. A las y los congresistas en general, pero a un pequeño grupo en particular, incluido el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, solo les interesa buscar causa para seguir minando las instituciones democráticas mediante la destitución del procurador Jordán Rodas Andrade. Las imágenes de la transmisión del evento muestran un hemiciclo parlamentario en el cual se aprecia a grupos de congresistas charlando o distraídos mientras el procurador presenta su informe.
No esperan que este concluya e interrumpen al expositor con el aval de Arzú Escobar, que de esa manera incumple la ley del régimen parlamentario. De tal suerte, lejos de escuchar el estado de la situación de los derechos humanos en el país durante el 2018, dan rienda suelta a su afán de socavar la institucionalidad. Asimismo, diputados como Luis Hernández Azmitia, entre otros, hacen uso de la palabra solamente para reiterar su objetivo de desaforar al titular del PDH.
De esa manera, obcecados en el afán del rompimiento de la institucionalidad, evidencian que no les importa conocer los resultados del proceso de procuración de los derechos humanos en 2018, pese a que los aspectos que contiene dicho informe dan cuenta de que en el año concluido, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, se ha deteriorado.
[frasepzp1]
Entre otros elementos, el informe del PDH destaca que en todos los campos de los derechos humanos hay falencias y situaciones preocupantes. Así, en materia de seguridad hay incremento de violencia sexual, de muerte de mujeres (que llega incluso al 15 % del total de muertes violentas), del fenómeno de la trata de personas. Destaca cómo, pese a que se anunció el retiro del Ejército de la seguridad ciudadana, las fuerzas armadas retornaron al patrullaje de las calles en agosto y septiembre de 2018, en un paso más a la militarización. El reporte destaca también los efectos del debilitamiento de la independencia judicial y lo que significa la constante de ataques a operadores de justicia, así como el impacto de la falta de idoneidad en la designación de jueces y magistrados.
En otros temas, también señala el uso excesivo de la prisión preventiva, el colapso de la infraestructura del sistema penitenciario, falencias graves en el funcionamiento de este y la persistencia en el uso de instalaciones militares y policiales como centros de detención.
En lo relativo a la justicia transicional, indica que, pese a estar más de diez años en el Legislativo, la iniciativa 3,590, que busca la instalación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, sigue sin ser aprobada. Por el contrario, la iniciativa 5,377, que inconstitucionalmente procura impunidad por crímenes de lesa humanidad, avanza en su aprobación. El informe también resalta la situación en cuanto a limitaciones en los derechos de niños y adolescentes, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores y de la población de la diversidad sexual. Cuestiona de igual manera la persistencia de prácticas discriminatorias contra los pueblos indígenas.
Todos los elementos planteados en el informe del PDH deberían ser materia de la atención del Congreso. Pero tal parece que, lejos de atenderlos y de suscitar preocupación genuina por las condiciones imperantes, las y los congresistas no se interesan en el tema, incumplen de esa manera una más de sus funciones y se muestran como lo que son: un Congreso antiderechos.
Más de este autor