Se han producido tres cambios fundamentales, cada uno de los cuales sería importante por sí solo; juntos, pueden constituir un factor decisivo que por fin ponga fin a la fracasada guerra contra las drogas en este hemisferio.
En primerísimo lugar, la celebración de los referéndums sobre la legalización de la marihuana en los estados de Colorado y Washington de los EE.UU. el pasado 6 de noviembre. Por primera vez, unos votantes en el país que es el mayor consumidor de drogas ilegales en general y de marihuana en particular aprobaron propuestas para legalizar la posesión, la producción y la distribución de cannabis… y con márgenes relativamente amplios.
Si bien una iniciativa similar fracasó en Oregón y la Propuesta 19 (que pedía una legalización limitada de la cannabis) fue derrotada en California en 2010 (por siete puntos porcentuales), los resultados en Colorado y Washington enviaron un mensaje contundente al resto de los EE.UU. Dichos resultados no sólo ha creado un conflicto entre la legislación federal de los EE.UU. y la de los estados, sino que, además, indican un cambio en las actitudes no desemejantes de la relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, igualmente importante fue la reacción del Presidente Barack Obama ante las votaciones de Colorado y Washington, estados, los dos, en los que venció fácilmente como aspirante a la reelección. Los problemas legales y políticos que entrañan no son de menor importancia: la marihuana sigue siendo una substancia ilícita conforme a la legislación federal de los EE.UU. y a los convenios internacionales que los Estados Unidos han aprobado. Respecto de otras cuestiones –en particular, la inmigración–, Obama rechaza las reclamaciones de derechos de los estados e insiste en la autoridad federal. Además, se trata de un asunto que sigue siendo muy delicado: si bien las encuestas de opinión en 2012 indican por primera vez una pequeña mayoría a favor de la legalización, los oponentes siguen mostrándose vehementes al respecto.
No obstante, en una entrevista del 14 de diciembre, Obama hizo tres declaraciones innovadoras. En primer lugar, dijo que la imposición del cumplimiento de la legislación federal sobre la marihuana en Colorado y Washington no era una prioridad de su gobierno; tenía “cosas más importantes que hacer”. En segundo lugar, reiteró su oposición a la legalización, pero después añadió: “en este momento”. Por primera vez, un Presidente de los EE.UU. en el ejercicio de sus funciones daba a entender un posible –tal vez probable incluso– cambio en la política futura. Por último, Obama propugnó la celebración de una “conversación nacional” sobre la cuestión de la legislación de los estados frente a la federal sobre cuestiones semejantes. No se puede sobreestimar la importancia de esas declaraciones.
El tercer cambio en los últimos meses se dio en uno de los mayores países proveedores de drogas del mundo: México, por el que deben pasar prácticamente todas las drogas con destino a los EE.UU.: cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. El 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto sucedió a Felipe Calderón en la presidencia. Como ocurre en casi todas partes, la transición pasó a ser un momento en el que examinar detenidamente las políticas del gobierno saliente, aun cuando el nuevo gobierno no se proponga modificar dichas políticas a corto plazo. Afortunadamente para México, la Historia parece estar juzgando severamente la “guerra contra las drogas” de Calderón.
De hecho, The Washington Post informó el pasado mes de noviembre de que documentos internos del Gobierno, que su corresponsal en Ciudad de México había podido consultar, mostraban que más de 25.000 personas desaparecieron durante el mandato de seis años de Calderón, además de las 60.000 muertes, aproximadamente, debidas directamente a la guerra contra las drogas. El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch escribió una carta abierta al nuevo Presidente en la que le preguntaba si se proponía hacer algo en relación con los millares de mexicanos desaparecidos. Después, en una serie de filtraciones y declaraciones explícitas, el nuevo Gobierno señaló los elevados costos legales, burocráticos y financieros de las políticas anteriores y declaró que, pese a un gasto enormemente mayor en imposición del cumplimiento de la ley y seguridad, se habían cometido muchos más delitos de todos tipos.
En una palabra, el emblema más reciente del criterio tradicional internacionalmente aplicado de imposición del cumplimiento de la legislación sobre drogas, basado en políticas prohibicionistas y punitivas, está resultando ser un fracaso catastrófico, que está costando muy caro a México sin por ello dar resultados para el país, el resto de Latinoamérica o los EE.UU. En consecuencia, los principales defensores de dicho criterio (Calderón, el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe, los Presidentes actual y anterior del Brasil y las fuerzas conservadoras y de seguridad de los Estados Unidos) están perdiendo apoyo público. Los partidarios de una estrategia diferente (los Presidentes Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina de Colombia y Guatemala, respectivamente, entre otros), partiendo de premisas de salud pública y legalización, están ganando terreno.
Se espera que el Uruguay apruebe una legislación en la que se legalice plenamente la marihuana en enero; la Organización de Estados Americanos va a entregar a mediados de año un informe a los Jefes de Estado de la región sobre estrategias substitutivas en materia de imposición del cumplimiento de la legislación sobre las drogas y sobre los “procedimientos óptimos” vigentes en otros países. Y es probable que otros estados de los EE.UU. aprueben una legalización plena de la marihuana o bien su utilización medicinal (ya hay 18 estados que la permiten).
Parece estar preparándose un cambio en materia de política relativa a las drogas. No ocurrirá de la noche a la mañana ni en todas partes ni en relación con todas las drogas, pero, después de decenios de derramamiento de sangre, represión y criminalización, las cosas han empezado a moverse en la dirección adecuada. Es una lástima que se haya tardado tanto.
Jorge G. Castañeda, ex ministro de Asuntos Exteriores de México (2000-2003), es profesor de Política y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.
*En Confidencial, 27 de diciembre
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