Los servicios urbano y extraurbano de pasajeros son hoy un negocio muy lucrativo, a costa de ausencia prácticamente total de calidad, abusos de todo tipo y corrupción pública y privada. Pero quizá el costo más inaceptable es el número creciente de vidas humanas perdidas trágicamente en “accidentes” (en realidad crímenes de homicidas culposos al volante), asaltos a buses o ataques directos a pilotos.
Pero, pensando que Guatemala merece que este servicio público sea de buena calidad, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Definitivamente no es imposible, pero sí muy difícil.
El primer desafío son las entidades que podrían hacer algo con el presupuesto y la legislación actual. Se trata de las municipalidades en el caso del transporte urbano, y el Ministerio de Comunicaciones en el caso del transporte extraurbano. Pero con alcaldes como Vivar o la risible capacidad de control de la Dirección General de Transporte y Provial, se evidencia cuán grande es la tarea en términos de vencer las mafias y la corrupción enquistadas en estas instituciones.
Como las medidas correctivas seguramente requerirían más recursos, el segundo desafío recae en la política fiscal. Y es que siendo un servicio público, la prioridad debe ser la calidad y el buen servicio al usuario, no las ganancias del proveedor. Por esta razón, un sistema de transporte público, necesariamente debe ser subsidiado, ya que al no ser la generación de ganancias su propósito, la intervención estatal deviene necesaria para cubrir los costos de operación, manteniendo una tarifa baja. El desafío consiste en lograr los recursos fiscales para financiar un subsidio orientado, no a proteger las ganancias de los dueños de los buses, sino mantener accesible el servicio público, sobre todo a quienes tienen menor capacidad de pago.
El desafío fiscal inmediatamente implica un tercer desafío, netamente político que recae sobre el Legislativo. Legislar para cobrar más impuestos a quienes tienen más ingresos o el privilegio de transportarse en automóvil particular, para trasladárselo al sistema de transporte público que usa la gran mayoría de ciudadanos es un tema polémico. Si no, ¿cuántos automovilistas están de acuerdo con el incremento al impuesto de circulación de vehículos, aún si se destinara correctamente a financiar soluciones para nuestro transporte público?
Las complejidades político ideológicas que exige este esquema de responsabilidad social, ciertamente no son del agrado de los financistas de campañas electorales, quienes en nuestra disfuncional democracia resulta que tienen más poder que la mayoría de los votantes. ¿Quién tiene el poder político para impulsar las reformas necesarias?
Finalmente, ya que debe ser una actividad altamente regulada y supervisada, la sanción a infracciones y violaciones a la ley deberían ser drásticamente sancionadas. Así, un cuarto desafío recae sobre el Organismo Judicial. Gran desafío también porque, ¿cuántos conductores homicidas han sido condenados? Quizá el más emblemático y vergonzoso es el caso del diputado Aníbal Salguero (con responsabilidad en la tragedia de la vuelta del “chilero”), aún impune. La aplicación de la justicia por homicidios en percances viales continúa siendo muy pobre y escasa.
En cualquier caso, es evidente que se trata de una agenda compleja y con enormes desafíos técnicos y políticos, que requiere un diálogo nacional y la participación activa de la sociedad civil. Sin embargo, el Gobierno no convoca y la sociedad civil no demanda con la energía necesaria.
Algo cierto es que, en tanto este no sea un tema verdaderamente prioritario para todos, todo seguirá igual. ¿Hasta cuándo nuestra indolencia por avanzar a solucionar este problema?
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