Los paraísos fiscales son los países o las regiones en donde las leyes son lo suficientemente oscuras como para permitir a los ciudadanos y a las empresas eludir los controles tributarios y “escapar de sus responsabilidades para con las sociedades en donde producen su riqueza”, según la referente Tax Justice Network. Hace tres años que la Organización Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha solicitado a Guatemala tres avances: acuerdos de intercambio de información tributaria con socios comerciales para evitar engaños tributarios; eliminar las acciones al portador; y eliminar el secreto bancario para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Es probable que Guatemala repruebe el examen que el G-20 ha pedido a la OCDE para decidir sobre sus inversiones y cooperaciones desde el próximo semestre. Es normal que los ciudadanos y los Estados de países desarrollados o en desarrollo se cansen de que la minoría que obtiene más ingresos utilice los agujeros legales del sistema mundial –los paraísos fiscales– para evitar pagar impuestos.
Una parte del sector privado organizado y el Ministerio de Economía –una cartera cedida por los diferentes gobiernos al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)– nunca han priorizado esta transparencia empresarial. Muchos empresarios, abogados y académicos, de hecho, han construido una oposición radical a la transparencia de acciones de empresas y a la eliminación del secreto bancario para la oficina de recaudación bajo la excusa de posibles secuestros. El ejemplo de México, Colombia y Brasil, tan desiguales como Guatemala, con peores récords de secuestros, con acciones nominativas y sin secreto bancario es un ejemplo de que se trata de un argumento retórico. De hecho, el secreto bancario y las acciones anónimas benefician no sólo a la evasión sino al crimen organizado, ese que vive de los secuestros.
A diferencia de lo pregonado por algunos de los grandes empresarios guatemaltecos, que exigen más ventajas fiscales y laborales para aumentar las inversiones, es la transparencia hacia dentro de sus accionistas la que será el requisito para la atracción de inversiones durante las próximas décadas. Esto no quiere decir que durante los últimos tiempos las economías industriales sean totalmente transparentes y sus empresarios no utilicen paraísos fiscales; lo que sucede es que la crisis económica actual en Occidente ha cambiado el mapa de prioridades para los Estados.
El requisito de transparencia se sumará a factores no ideológicos como la estabilidad de los países –directamente relacionada a la capacidad fiscal de sus Estados, que es otra materia en la que Guatemala reprueba– y el respaldo legal a sus inversiones. La educación y la salud universales, gratuitas y de calidad son indispensables para inversiones de calidad y con estándares de ética de primer nivel. Los países con violencia generalizada por la desigualdad o con oposiciones comunitarias a modelos extractivos excluyentes e irrespetuosos con el ambiente son menos capaces de atraer inversiones sostenibles, que dejen en el país empleos dignos e impuestos.
El gobierno de Otto Pérez Molina y el sector privado están sorprendidos por la inclusión en esta lista negra de paraísos fiscales, quizás esperando que el resto del mundo olvide que Guatemala no ha hecho sus tareas para formar parte de una comunidad económica no sólo competitiva sino transparente. El tema no es parte de la agenda de la Investment Summit del 30 y 31 de mayo. Es una pena que ninguna de las cuatro instituciones estatales que la co-patrocina u organiza –CHN, INDE, Inguat y Ministerio de Economía– hayan pedido que se incluyera.
En vez de la transparencia, sí aparecen en la cumbre, en lugares estelares de conferencias y de patrocinadores, empresas y funcionarios que se aprovechan de la falta de transparencia en los grandes negocios del país. Inversiones con tachones sobre su integridad como algunas mineras y transacciones como la concesión del Puerto Quetzal, aprobado sin licitación en un Miércoles Santo, no sólo se verán reforzados sino que legitimados en esta Cumbre de la Cámara de Industria y el Gobierno de Otto Pérez Molina.
Esta miopía empresarial y política tendrá repercusiones negativas para todos los ciudadanos. Pregonan que juguemos con estándares de primer nivel, pero pretenden que lo hagamos con reglas internas de opacidad que son inaceptables para los socios que queremos tener.
