Sabemos muy bien que los sistemas de protección social intentan dar respuesta a las necesidades de bienestar de una población, protegiéndola de ciertos riesgos individuales que, al ser tratados de manera colectiva tienen réditos, para quien es protegido, y para la colectividad en su conjunto. En el ámbito político, la existencia de un sistema de protección social efectivo permite construir una sociedad más gobernable democráticamente; en lo ético, se logran mitigar muchas desigualdades que la Constitución de la República (nuestro contrato social, pues) nos llama a erradicar; y en lo económico, se potencia la capacidad de trabajo, producción y competitividad internacional.

 No hay una receta única para un sistema de protección social, porque estos se deben adaptar a los desafíos de la sociedad en la que se establecen, es por eso que si pensamos en  uno que sea exitoso para Guatemala tendremos que incluir programas de salud, nutrición, educación, vivienda, invalidez, vejez y sobrevivencia. Recuerde que la gracia de un sistema de protección social es que usted y yo, como ciudadanos, nos sintamos protegidos por la sociedad desde el momento en que nacemos hasta el día en que la tierra cubra nuestro cuerpo. Eso requiere comprender que también necesitamos ser protectores.

Toca también reconocer que los sistemas de protección social obedecen al modelo de desarrollo que históricamente se ha ido consolidando en cada nación. No le extrañe entonces encontrar que en Guatemala 1.3 millones de niños y niñas, menores de 5 años, padecen desnutrición crónica; cada media hora muere un niño o una niña por causas relacionadas con el hambre; cada mes, mueren 45 mujeres por causas prevenibles relacionadas con la maternidad; el 53.7% de la población (8.1 millones de personas) vive en condiciones de pobreza; 800,000 patojos y patojas, de entre 13 y 18 años, están fuera del sistema, mientras 300,000 niños de entre 10 y 15 años trabajan (¿Cuántos en la finca de Otto Kuhsiek[1]? flamante presidente de la Cámara del Agro y fiel opositor a cualquier reforma fiscal[2]).

¡Hay una gran diferencia entre el sistema de protección social que deseamos tener y el que tenemos! No sirve de mucho preguntarse si, la miseria del sistema de protección social  actual es culpa de aquel ajuste estructural que terminó de cercenar un Estado diseñado para el disfrute de unos pocos, o si los administradores del sistema se han encargado de destruirlo un poco más, al preferir comprar chuletas que jeringas, al concentrarse solo en la educación primaria y desatender el resto de la educación, al organizar la asistencia social con la fuerza de un caudillo y sin instituciones. ¡Qué más da!

Hoy toca preguntarnos si es posible construir un sistema de protección social efectivo, con lo que queda de Estado. Yo creo que sí es posible, pero tenemos varios desafíos frente a nosotros. Primero, necesitamos tener claro que para poder avanzar en la ruta hacia la democracia y el desarrollo, el Estado debe proveer bienes públicos, pertinentes y de calidad para todos y no caridad, como aún se diseña la política social.  

Segundo, por dónde vamos a comenzar y cuánto costará. No se puede hacer todo de la noche a la mañana, pues las instituciones no aguantarían el peso de grandes responsabilidades. Tampoco hay tantos recursos. Acordar, a partir de un pacto para la protección social, un pacto fiscal que vincule los ingresos públicos y el gasto con metas a alcanzar. Generación de información y evaluación de las políticas públicas, probidad, transparencia y servicio civil, podrían ayudar a legitimar la labor del Estado.

Además, como ciudadanos, empresarios y políticos, necesitamos pasar del altruismo a la responsabilidad ciudadana y empresarial. Está bonito subir volcanes y qué bueno ir a conocer la realidad de los más vulnerables, pero el lunes deberíamos de estar sentados en una mesa discutiendo el financiamiento del Estado y la responsabilidad que cada uno, desde sus ingresos y su riqueza, tiene en este tema.

¿Podemos vivir en un país más democrático, justo y competitivo? ¡Sí podemos! Pero sin un sistema de protección que permita construir los servicios sociales inherentes al progreso de las sociedades modernas será imposible. Menos si dentro de nuestra prioridad social no está incluida la obligación de garantizar el derecho a una vida plena a todo niño, niña y adolescente, sin excepción alguna.