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  • Un militar custodia las papeletas electorales en Honduras. El ejército es el encargado de administrarlas. Foto: EFE.
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Comicios hondureños

Tegucigalpa, la ciudad que asusta en elecciones

Las elecciones presidenciales del 24 de noviembre calientan el ambiente de Honduras. Cinco años después del golpe de Estado, los problemas económicos y de seguridad pública son las principales preocupaciones de los hondureños y están lejos de tener soluciones reales en los discursos electorales.

Tegucigalpa amedrenta, asusta. Asustan los carros que con los vidrios polarizados y sin placas se saltan los altos y los semáforos; asustan los dos jóvenes que interrumpen su partido de baloncesto en el parque de La Leona, un barrio enclavado en las empinadas cuestas de Tegucigalpa, para reconocer a ese que ven como extraño en su territorio. Asusta y las elecciones de este domingo 24 de noviembre, que son vistas como un parteaguas  tras el golpe de Estado de junio de 2009, solo calientan más el ambiente en lugar de promover soluciones para los dos principales problemas de los hondureños: la inseguridad pública y la crisis económica.

“Aquí, la gente se esconde después de las ocho o de las nueve de la noche”, dice un colega. “Aquí la gente vive con miedo”, afirma un camarógrafo. “Aquí están matando. Y ahora, no se sabe ni quién, ni por qué ni cuándo. No se sabe o es mejor no saber”, matiza una periodista más.

El Distrito Central, que engloba los municipios de Tegucigalpa y Comayaguela, es una de las ciudades más violentas del mundo. Lo dicen las estadísticas: con 1,126,534 habitantes, la más poblada de Honduras, tenía 102 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012. Para comparaciones, Ciudad de Guatemala tiene una tasa de 67.63; y San Salvador, 32.48. Según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una oenegé mexicana, los datos sitúan a Tegucigalpa como la cuarta más violenta de Latinoamérica. El primer lugar es para San Pedro Sula, al norte del norte de Honduras, con una tasa de 169.30 homicidios por cada 100 mil habitantes. El promedio latinoamericano es de 23 y el mundial es de 8.

Las autoridades de la ciudad promueven los barrios seguros: un proyecto que consiste en construir una talanquera o una reja a la entrada, poner un policía privado al frente y el barrio, como arte de magia, es seguro. Son barrios de clase media que aspiran a las residencias amuralladas de las afueras de Tegucigalpa.

Así, las recomendaciones básicas de seguridad abundan: Nada de taxis ruteros; no saque el celular si es de esos “que llaman la atención”, mucho menos una cámara fotográfica o ande con mochilas en las que podría “parecer que anda una computadora”; no cambie dólares en la calle, aunque en el banco no siempre haya; no muestre que tiene dinero o “parezca que lo tiene”; no se meta en colonias peligrosas de día ni en aquellas que no lo parecen durante la noche. “Usted no sabe dónde le puede pasar algo”, dice un policía privado, en la zona hotelera en el barrio Palmira. Juega con la cacha de su revólver 0.38 que tiene en el cinto mientras habla.

–Suena que es mejor quedarse guardado en casa.

-Es mejor. Bueno, depende…

-¿Depende?

-Del barrio.

-¿Y este barrio es seguro?

-Muy seguro.

-¿Muy seguro?

-Bueno, mientras no baje más allá del hotel Maya, es muy seguro.

Señala un edifico de varios pisos al lado derecho de la vía. Desde donde él hace guardia, hay poco menos de 75 metros. Más adelante está la avenida República de Chile. “De ahí en adelante, vaya con cuidado. Pero mejor le llamo un taxi de confianza, porque uno nunca sabe”, dice y sonríe.

Para muchos en la resistencia, los hechos de violencia aumentaron en Honduras tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Lo dicen amparados en las estadísticas de homicidios: el promedio diario aumentó de 12 a 14 casos de junio a julio de 2009. Luego, las estadísticas se dispararon hasta promediar 17 homicidios cada día de agosto del mismo año, superando los 500 homicidios mensuales por primera vez en la historia de la violencia hondureña. En un país de ocho millones de habitantes.

 

 

 

 

 

Pero en la práctica, durante el período Zelaya se estuvo lejos de controlar la inseguridad pública. En el momento de asumir su mandato, la tasa de homicidios era de 37 casos por cada 100 mil habitantes, algo parecido a Guatemala y El Salvador. Al cierre del tercer año de gobierno, la tasa estaba en 58 homicidios. Según los datos del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante los 41 meses de Zelaya hubo un punto de inflexión significativo en diciembre de 2007, cuando el número de casos por mes superó los 300 homicidios.

Lo que es cierto es que la entrada de Porfirio Lobo Sosa al Ejecutivo, en enero de 2010, no frenó la ola de violencia. Al contrario: solo en los primeros dos años de su gestión, los casos de homicidios superaron los ocurridos en todo el período de Zelaya, con 12,825 en tres años y medio. Al cierre de 2012, el gobierno nacionalista acumulaba 20,515 casos. Y para 2013 oficialmente no existe un dato. A finales de septiembre pasado, el Observatorio y la Secretaría de Seguridad entraron en debate por la diferencia de sus estadísticas de homicidios en el primer semestre del año. El primero, de la sociedad civil, daba cuenta de 3,547 homicidios; el segundo, gubernamental, de 2,629 casos “debidamente reportados”, excluyendo de ellos aquellos que no están en investigación en el Ministerio Público (MP) o no tienen expediente abierto en la Policía Nacional (PN).

Arturo Corrales, ministro de Seguridad, aseguró que todo el problema está en la diferencia de metodologías. De ser ciertas las cifras gubernamentales, eso sería una reducción del 27.3% en los casos registrados en el mismo período en 2012 y un buen golpe electoral para el candidato del Partido Nacional (que se llaman a sí mismos nacionalistas, o cachurecos, y representan a la derecha), Juan Orlando Hernández, quien ha centrado su principal propuesta en el tema de seguridad pública y en el uso del ejército para ello.

La medida es polémica pero sólo en círculos políticos electorales y legales. Las críticas en el primer nivel se desprenden de que ven en el anuncio de una fuerza especial, en la que se combina elementos del ejército y la Policía Nacional (PN) (la fuerza TIGRES), y en el uso para patrullajes de la Policía Militar, herramientas para amedrentar a opositores políticos. En el segundo nivel, como en Guatemala, se plantea que el ejército no debe cumplir con tareas de seguridad pública porque no está así definido en la Constitución.

Frente a las críticas está el hartazgo de la gente y la nula confianza que genera la policía. Casos como el del asesinato del hijo de la rectora de la UNAH por agentes policiales, en 20011, destaparon la olla de corrupción que hay dentro de la Policía Nacional. ¿Algo cambió? Nada. Todavía hay jefes policiales sobre los que pesan acusaciones de narcotráfico, secuestro y sicariato -incluidos escuadrones de la muerte con nombres y apellidos- que nunca fueron investigadas.

Mientras, el gobierno de Lobo Sosa ha cambiado tres veces de titular de Seguridad y tres veces se ha hablado de una depuración  policial. Corrales, el último ministro nombrado, encontró una policía poco confiable. A los 100 días de haber asumido, mostraba un informe inicial de mayo de este año en el que apenas el 52.7% de la planilla de 14,472 elementos que tenía la PN estaban en servicio con todos sus expedientes e informes actualizados; del resto no se sabe a ciencia cierta quiénes son. Tres meses después, un nuevo censo policial reflejó que se pagaba a 3,455 policías que no se presentaban a sus lugares de trabajo.

Entonces, desde el Congreso Nacional, se propuso el uso de la Policía Militar como un paliativo. Y, aunque el ejército es la institución con mayor aceptación a ojos del 70% de hondureños, para algunos ya quedó claro que son “más de lo mismo”. “Los escogieron bien, porque, como la policía normal, bien huelen donde está el billete y entonces es que lo paran a uno”, dice el policía privado y sujeta su pistola. “Ve, aquí no se puede confiar en nadie. Es que la cosa está peligrosa. Por eso, para prevenir, siempre es mejor un taxi de confianza.”

La economía de la crisis

Los taxis de confianza pueden ser o no taxis registrados. El que frena frente a la puerta del hotel es una camioneta de cuatro puertas color azul, con vidrios eléctricos y polarizados. Es un carro nuevo, por eso no tiene placas, porque en Honduras, el Estado no las ha comprado y 130 mil vehículos circulan sin ellas. No tiene ni una sola señal que lo identifique como taxi. El conductor, un hombre de cara redonda y bigote poblado, baja la ventana del pasajero: “¿A dónde?”, pregunta. “Es de confianza, es de los del hotel”, afirma el policía privado. El conductor asiente. “¿A dónde?”, repite.

El carro baja más allá del hotel Honduras Maya, cruza a la izquierda sobre la avenida Cervantes, buscando la avenida Gutemberg. Luego se pierde en el laberinto de calles y callejones que suben y bajan Tegucigalpa. En 15 minutos recibirá tres llamadas solicitándole unas “chicas de esa que sepan bailar en serio”, “llevar a unos turistas a un centro comercial”, y “una carrera allá por la Kennedy, solo a traer un encargo”. “Tenés suerte, para allá voy”, dice al tercer interlocutor. “¿Me permite, verdad? Es que está jodida la cosa.”

“Está jodida la cosa”, repite. ¿Habla de la inseguridad? No. Habla de lo económico. Más del 60% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Dos de cada tres personas de ese grupo lo hacen con menos de un dólar diario. Él, taxista pirata, es de los que corren con suerte: para “taxear” con los huéspedes del hotel, reparte un par de lempiras a vigilantes y botones. “Pero se puede porque se gana en dólares, que es mejor”, dice. En un mes bueno, puede obtener 700 dólares, un poco más del doble del salario mínimo en Honduras.

-Ganar en dólares es mejor.

-¿Mejor? ¡Si cuesta cambiarlos en el banco!

-En el mercado negro, no.

-¿Ahí por el Congreso Nacional?

-Justo.

-¿No es mejor tener un empleo fijo?

-No hay. Ahí está le gente busca que busca, y nada. Hasta a los empleados públicos se le deben salarios. Mejor es la “taxeada” así en privado, con extranjeros que pagan mejor.

-Pero si aumentaron el salario mínimo.

-¡Pero eso no alcanza para nada!

Para octubre de este año, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) situó la tasa de desempleo en 3.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) hondureña. “En realidad desempleados son menos de 200 mil”, dijo Ramón Espinoza, director del INE, a los medios de comunicación. El problema era la cifra de subempleados, personas que tienen una ocupación pero que sus ingresos no alcanzan al salario mínimo vigente. Según Espinoza, ese dato se sitúa entre 1.8 y 2 millones de personas, la mitad de los adultos.

Tampoco es alentador el panorama para quienes ganan los 6,530.69 lempiras (unos 340 dólares) del salario mínimo promedio vigente desde enero de este año. Para muestra, a septiembre el precio de la canasta básica mensual, proyectada para un hogar de cinco personas, costaba 7,292.70 lempiras, la más cara de la región centroamericana. “Uno va al supermercado y deja de llevar cosas, porque no alcanza para comprarlo todo. De nada sirvió que Zelaya aumentara el salario mínimo aquella vez”, repite el conductor.

 

 

 

 

 

Zelaya aumentó el salario mínimo promedio en un 40% para llegar a la 4,777.50 lempiras (240.00 dólares), en diciembre de 2008. Era época de crisis económica internacional y la decisión disparó su popularidad. “Era la primera vez que se hacía un aumento más o menos real al salario mínimo, reduciendo la diferencia entre el costo de la canasta básica y lo que podía ganar un empleado. Hoy se hacen análisis de si fue la mejor decisión o no, pero en aquel momento la gente vio que tenía mil o casi dos mil lempiras más en la bolsa”, dice Edmundo Orellana, exministro en la gestión zelayista.

En la práctica, la medida buscaba que se ganara una cantidad que se acercara el costo real de la canasta básica, que entonces superaba en un 45% al salario mínimo. Del otro lado, la decisión fue un agravante para que las finanzas públicas hondureñas estén en el hoyo financiero en que se encuentran actualmente, toda vez que el aumento del salario mínimo en el sector privado obligaba a aumentos por ley en el sector público.

Y esos aumentos pasaron factura al gobierno de Lobo Sosa. Desde el año pasado, el sistema de salud pública se interrumpe por huelgas y paros de labores de sus empleados, especialmente en el interior del país. A principios de octubre, médicos, enfermeras y personal administrativo aseguraban que la Secretaría de Salud les adeuda unos 9.9 millones de dólares en salarios y bonificaciones que no han sido canceladas. También existen deudas y exigencias de mayores salarios en el Ministerio Público, en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y en la PN.

El problema de salarios es solo uno de los tantos que tiene las cuentas del Estado hondureño. Desde mediados del año, según proyecciones privadas, el país cerraría 2013 con US$1,156 millones (Q9,250 millones) de déficit fiscal, en parte por el pago de deuda. La deuda que más aumentó fue la interna, con bancos nacionales, que creció en un 41.56% en la gestión de Lobo Sosa. En total, Honduras tiene una deuda pública de US$7,326 millones, cerca del 40.2% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Guatemala ronda el 25% respecto de su propio PIB.

Aun así, las soluciones propuestas por el Ejecutivo no son muy halagûeñas. En lugar de mejorar la recaudación, reducir los gastos o evitar la elusión y la evasión, el gobierno ya prevé la emisión de nueva deuda interna por 300 mil millones de lempiras, unos US$150 millones. En el tema de los salarios, el presidente Lobo Sosa, quien ha dicho que la culpa es un mal heredado por administraciones pasadas, llegó a un acuerdo con los empleados de la Secretaría de Salud a mediados del mes pasado: todo lo adeudado se pagaría a partir de 2014, pasando el problema a quien gane las elecciones de este 24 de noviembre.

 

 

 

 

 

Mientras tanto, el presupuesto y el plan de gastos para el siguiente año, en que se incluye por primera vez la asignación de un 10% a las municipalidades y que podría tener un gasto estimado del 21% en pago de deuda, fue entregado al Congreso Nacional en un sobre cerrado en septiembre pasado y existe un acuerdo político partidario que solo se abrirá una vez se conozcan los resultados de la contienda electoral.

Al calor de las elecciones

“Y las elecciones lo calientan todo, lo esconden todo”, dice el taxista pirata. Su teoría es que mientras los políticos se echan en cara públicamente acusaciones, a puerta cerrada se echan los tragos, y son “los mismos”. “La gente en la calle no veremos muchos cambios”, analiza con una voz seca.

-¿Xiomara Castro, la esposa del expresidente Zelaya, es igual?

-Sí, ahí anda con el hombre para todos lados.

-¿Eso es malo?

-Zelaya es igual a todos.

-¿Cómo igual?

-Ahí lo ve con la gente, pero eso es porque está en campaña. ¡Es igual que todos!

-Entonces, el partido Libertad y Refundación (Libre) es igual a todos.

-¡Más de lo mismo!

Él es de los desencantados. Dice que él, como otros, apoyaba la cuarta urna de junio de 2009; y que él, como otros, salió a la calle después del golpe de Estado. “Eso era lo que había que hacer para cambiar las cosas”, afirma, hace una pausa. “¿Pero ve si cambió algo? ¡Qué va saber usted si no es de aquí! No cambió nada, se lo digo yo, que hablo con la gente. Más jodidos estamos”.

“Hablar con la gente”. Lo mismo dicen los candidatos Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro de Zelaya, y sus asesores, y sus expertos en propaganda electoral, que ellos hablan con la gente.

Pero en la práctica, sus propuestas o carecen de medidas concretas o no explican de dónde saldrá el financiamiento para saldarlas. No lo dice Hernández ni Castro, que están al frente de las encuestas electorales en un empate técnico en un país donde no hay segunda vuelta; no lo dice Mauricio Villeda, candidato del Partido Liberal (PL), que ha centrado su campaña en la ética y la moral, apegada a la escuela del Opus Dei, al que pertenece; tampoco Salvador Nasralla, narrador deportivo y el verdadero “outsider”, el externo, en la elección hondureña, que esgrime la bandera del Partido Anticorrupción (PAC); menos el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas y llevó a cabo el golpe de Estado contra Zelaya.

“En teoría, estas elecciones deberían de ser las elecciones de transición tras el golpe, porque las de 2009 no fueron bien vistas por la comunidad internacional. A la larga tenemos a los mismos actores del golpe de nuevo enfrentándose; con los mismos problemas del país, aunque ahora más graves; y, con la costumbre de pactar por debajo de la mesa”, dice Edmundo Orellana, abogado constitucionalista y exministro de Defensa de Zelaya.

Estas elecciones sí tendrán una diferencia. Por primera vez en la historia bipartidaria hondureña, nueve partidos políticos participan en la contienda, y la polarización alrededor de los comicios presidenciales prevé una mayor movilización del voto, una movilización atípica en los últimos años. Algunos analistas creen que la votación podría alcanzar niveles por encima del 70% de participación, algo que no se lograba desde 1997, cuando ganó el Partido Liberal y el abstencionismo quedó en 27.75%.

“El problema es que no ha habido una discusión electoral. Aquí no se habla de propuestas sino de atraer el voto a como dé lugar. Lo importante para los partidos es ganar y hay cuatro candidatos que se ven triunfantes ya, lo que también es un problema porque no colabora con una polarización que viene desde antes del golpe de Estado”, dice Miguel Cálix, analista político hondureño.

El taxista frena frente a la colonia Kennedy. “Vaya con cuidado”, recomienda después de hacer su análisis político final: “En Honduras, lo primero es ganar; después veremos cómo se resuelven las cosas. Este país es bueno para dar sorpresa.”

“Para muchos en la resistencia, los hechos de violencia aumentaron en Honduras tras el golpe de Estado. Lo dicen amparados en las estadísticas de homicidios: el promedio diario aumento a 12 a 14 casos de junio a julio de 2009. Luego, las estadísticas se dispararon hasta llegar a los 17 homicidios en promedio cada día durante agosto del mismo año.”
“‘En teoría, estas elecciones deberían de ser las elecciones de transición tras el golpe. A la larga tenemos a los mismos actores del golpe de nuevo enfrentándose; con los mismos problemas del país, aunque ahora más graves; y, con la costumbre de pactar por debajo de la mesa’, dice Edmundo Orellana, abogado constitucionalista y exministro de Defensa de Zelaya.”