Lo que debería haber sido un escándalo, y lo fue en las redes sociales, entre los ciudadanos más jóvenes, fue el comunicado del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público en el que se pedía a “las féminas” resguardarse en sus casas y no salir después de las ocho de la noche. Más que el traslado de responsabilidades para cuidarse de la inseguridad –un traslado que la ciudadanía tomó durante los últimos doce años–, el comunicado encierra una preocupante y anacrónica visión patriarcal y machista.
Es inaudita la construcción de dos ciudadanías diferenciadas por género, una con más derechos que la otra. Y no es que sea una construcción artificial a partir de este comunicado, sino que aporta a institucionalizar un modelo patriarcal que considera a la mujer como un ser humano de segunda categoría, sin soberanía sobre su vida y su cotidianeidad o sin las mismas posibilidades de realización y desarrollo.
Aunque ningún dirigente de institución puede estar al tanto de todo lo que se produce durante su administración, es preocupante que ambas instituciones estén lideradas por demócratas que no pidieron que se eliminara el comunicado. Es de reconocer que fue la vicepresidente Roxana Baldetti quien lo exigió. Y también es de lamentar que tanto la comisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte, como el matutino Prensa Libre, respaldaran de manera explícita o implícita este comunicado.
El problema es que este comunicado no es un hecho aislado. Fue una respuesta inefectiva para controlar a la banda de violadores que ataca a mujeres en las zonas 7, 11 y 12. Banda que, como hemos mostrado este mes en Plaza Pública con el reportaje Violación, el crimen silenciado y un mapa, más que una excepción parece la regla en nuestro país.
Así como tampoco es un hecho aislado que entre el Consejo Económico y Social, nombrado esta semana y compuesto por la patronal, sindicatos y cooperativistas, sólo haya 1 mujer entre 24 consejeros delegados. No es que la sola presencia femenina implique un cambio en la visión de género, pero sí que puede abonar. La presencia de Claudia Paz en la dirección del Ministerio Público o de Thelma Aldana en la Corte Suprema de Justicia son dos ejemplos de esto.
No queremos desde esta tribuna apuntar todos los dedos hacia el Estado, a pesar de la sobrada responsabilidad que tiene en la materia porque representa o tiene obligaciones para con todos los ciudadanos y el 51 por ciento son mujeres. Se trata de una responsabilidad de toda la sociedad. En Plaza Pública lo tenemos en cuenta y estamos en deuda. A penas son mujeres un 20 por ciento entre nuestros consejeros, un 33 por ciento de editoras, un 33 por ciento de reporteras senior y sólo logramos una paridad práctica al rebasar el 40 entre nuestras columnistas. Mientras lo logramos, estamos construyendo una conciencia de género entre nuestro equipo masculino.
Esto para mostrar que el trabajo contra los esquemas machistas lo tenemos que llevar a cabo desde todas las trincheras posibles y que es una herencia que debemos administrar para reformar, poco a poco, desde puntos de partida muy básicos. Así saldremos del sótano de los ránkings y procuraremos una armonía entre géneros, desarrollo sin importar el sexo de la persona y que, especialmente, se consiga garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos tanto para todos los hombres como para todas las mujeres.
