Sin embargo, lo que Morales quizá no esperaba era que la CIDH examinara el efectivo cumplimiento de las responsabilidades del Estado de Guatemala ante la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
Durante su visita, realizada del 20 al 25 de marzo de 2017, la CIDH sostuvo una audiencia a puerta cerrada para examinar la implementación de 14 sentencias de casos graves de violaciones de derechos humanos vinculadas al conflicto armado[1], emitidas entre 1998 y 2012 contra el Estado de Guatemala. La audiencia dio continuidad a otra similar celebrada en 2014 en Costa Rica, en la cual las organizaciones de derechos humanos presentaron evidencia contundente de la persistencia de la impunidad en Guatemala. Dos años después, a pesar de algunos avances, poco ha cambiado.
La audiencia privada se realizó tras otras relacionadas con Brasil, Honduras, Nicaragua y Colombia. La CIDH celebró una segunda audiencia privada para examinar el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia del caso de la masacre de Las Dos Erres e hizo una visita a Rabinal, Baja Verapaz, para evaluar el cumplimiento de las reparaciones simbólicas ordenadas por dicha entidad a favor de las víctimas de las masacres de Río Negro y Plan de Sánchez.
Las ocho organizaciones de víctimas y de derechos humanos[2] que solicitaron la audiencia privada resaltaron que, en la mayoría de los 14 casos examinados, el Estado ha incumplido su obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables y de garantizar a las víctimas su derecho de acceso a la justicia. Señalaron que hay sentencias condenatorias solamente en cuatro de los casos examinados. También manifestaron que solo soldados, patrulleros de autodefensa civil y militares de mandos medios han sido condenados, pero ningún autor intelectual en ninguno de los 14 casos.
Las organizaciones también manifestaron que, cuando un caso finalmente llega a juicio, es común que el poder judicial permita el litigio malicioso y en algunas instancias emita resoluciones ilegales que perpetúan el estado de impunidad. Finalmente señalaron que el Estado de Guatemala se ha negado a implementar a cabalidad las reparaciones ordenadas por la CIDH en los 14 casos.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron una serie de amenazas e intimidaciones que pretenden estigmatizarlas y criminalizar su lucha por la justicia. Tales acciones han sido especialmente evidentes en el caso Molina Theissen: durante las audiencias, los abogados y los familiares de los acusados han insultado y atacado constantemente a las víctimas y a sus abogados. Asimismo, han atacado verbalmente (incluso físicamente una vez) a miembros de los medios de comunicación y a observadores que acuden a las audiencias.
Ejemplos de impunidad en la Guatemala de la posguerra
Los presuntos responsables de varios de los 14 casos examinados por la CIDH son personas que mantienen grandes cuotas de poder en la Guatemala actual. Uno de los presuntos responsables en el caso Pánel Blanca (que comprende una serie de delitos como detención ilegal, tortura y desaparición forzada perpetrados entre 1987 y 1988) es Baudilio Hichos, que ostentaba el cargo de inspector general y tercer jefe de la Guardia de Hacienda. Hichos, elegido al Congreso en 1991, se convirtió luego en una figura destacada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido de Efraín Ríos Montt. Años después se unió a Libertad Democrática Renovada (Líder), el partido ahora disuelto de Manuel Baldizón, señalado por supuestos vínculos con el crimen organizado. Hichos fue diputado hasta enero de 2016, cuando, según Nómada, faltó a su investidura porque estaba siendo investigado por el Ministerio Público dentro del caso de corrupción IGGS-Chiquimula. Aún está prófugo.
También figura el caso del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez, capturado por el Ejército en 1992 y hasta el día de hoy desaparecido. En 2012, la jueza Carol Patricia Flores sobreseyó el caso ante denuncias nacionales e internacionales. El expresidente Otto Pérez Molina (general retirado del Ejército y excomandante de la región ixil durante el gobierno de Efraín Ríos Montt) fue uno de los implicados en la desaparición de Bámaca Velásquez. Pérez Molina enfrenta juicio actualmente por delitos de corrupción en el caso La Línea. Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de Defensa que ya enfrenta juicio por delitos de corrupción en el caso La Cooperacha, también estuvo señalado en el caso de Bámaca Velásquez.
Dos de los acusados en el caso Molina Theissen son figuras extremadamente poderosas en la Guatemala de la posguerra. Como exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García cuenta con gran apoyo de altos oficiales militares, tanto actuales como retirados. El mismo Lucas García se jacta de ser el autor intelectual del plan de contrainsurgencia implementado durante el gobierno de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), que tuvo continuidad durante el gobierno de Ríos Montt. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó más de 200 masacres cometidas en su período como jefe del Ejército.
Manuel Callejas y Callejas, otro de los acusados en el caso Molina Theissen, fue el jefe de Inteligencia Militar. Callejas es también señalado como el líder de La Cofradía, un grupo de oficiales militares en retiro que se transformó en una estructura paralela de crimen organizado. También es señalado de estar involucrado en la red de Moreno, la organización criminal que antecedió a La Línea. Un estudio identifica a Callejas como el padrino de estructuras paralelas en la actual Guatemala de la posguerra. Sin embargo, nunca había sido procesado sino hasta ahora.
Un paso adelante y dos atrás
Si bien la impunidad sigue vigente en Guatemala, es importante resaltar los avances en el proceso de judicialización de algunos casos de gran envergadura. Actualmente, ocho altos mandos del Ejército (de los 14 capturados en enero de 2016) esperan juicio por el caso Creompaz. El caso de la masacre de Plan de Sánchez es uno de varios comprendidos dentro de este proceso, que se basa en la exhumación de 565 osamentas en la antigua Zona Militar 21 (Cobán, Alta Verapaz), de las cuales 142 han sido identificadas por medio de ADN. Entre los imputados se encuentra Benedicto Lucas García. Cinco altos mandos del Ejército, incluyendo a Lucas García y a Callejas y Callejas, también esperan juicio en el caso Molina Theissen.
Sin embargo, todavía no se ha fijado fecha para el inicio del debate en ninguno de los dos casos y ha habido retrasos significativos en ambos procesos. Continúan vigentes órdenes de captura para otros nueve militares retirados ligados al caso Creompaz, pero aún no capturados. Algunos de ellos son personas poderosas. Dos de ellos, los generales retirados Luis René Mendoza Palomo y Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, son exministros de Defensa. Y no hay que olvidar al oficial militar retirado Édgar Justino Ovalle, diputado del Frente de Convergencia Nacional y asesor de confianza del presidente Morales, quien, justo antes de que la Corte Suprema de Justicia le retirara el antejuicio por su vinculación al caso Creompaz, se dio a la fuga.
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Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés) y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
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[1] Las 14 sentencias examinadas por la CIDH: Blake (1998), Pánel Blanca (Paniagua Morales et al., 1998), Niños de la Calle (Villagrán Morales et al., 1999), Bámaca Velásquez (2000), Myrna Mack (2003), Maritza Urrutia (2003), Molina Theissen (2004), Masacre de Plan de Sánchez (2004), Carpio Nicolle (2004), Tiu Tojín (2008), Masacre de Las Dos Erres (2009), Chitay Nech (2010), Diario Militar (Gudiel Álvarez et al., 2012) y Masacre de Río Negro (2012).
[2] La audiencia privada celebrada por la CIDH fue solicitada por asociaciones de víctimas entre las cuales figuran la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (Adivima), la Asociación Verdad y Justicia (Aveja) y la familia Molina Theissen, además de organizaciones de derechos humanos como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Fundación Mirna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
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