Desde hace décadas, la prestación de servicios de agua en Guatemala ha funcionado de manera descentralizada y existen empresas semiprivadas y privadas de provisión de este servicio. El régimen jurídico respecto al agua y la gestión y manejo del mismo, no cuenta con una ley general, sino que ha sido parte de acciones empujadas desde modelos de desarrollo promovidos por los países del norte global en busca de limitar el tamaño del Estado e incentivar las empresas privadas bajo el ciego y erróneo precepto de que el libre mercado es el mecanismo idóneo de distribución de bienes que, independientemente de la historia y sistema político del país en cuestión, es y debe ser replicado de manera dogmática.
Lentamente, la provisión de servicios de agua ha caído víctima de empresarios corruptos que en alianza con el poder local se han beneficiado en detrimento de los guatemaltecos. Con el aumento de las licitaciones de explotación minera, de edificios, malls comerciales, inmensas fábricas y de gigantescos proyectos de “desarrollo”, el acceso a servicios de agua potable ha disminuido y la vulnerabilidad de la población en regiones estratégicas ha aumentado.[fn]Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley (2011). Searching for Gold in the Highlands of Guatemala: Economic Benefits and Environmental Risks of the Marlin Mine. Tufts University. http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/marlinemine.pdf [/fn] En ausencia de un sistema legal claro, en Guatemala no se garantiza el acceso a los diferentes tipos de uso del agua ni se asegura la priorización de la provisión del acceso doméstico a este bien público. Actualmente, la provisión de servicios de agua debe competir con los más rentables negocios de provisión de agua para las industrias. Además, no existe certeza respecto a la propiedad y protección de las fuentes de abastecimiento del agua para uso doméstico y castigos por su usurpación por maquinaria que abastece a empresas e industrias privadas. Usurpación que, en ocasiones, ha conllevado a la contaminación de las fuentes con desechos provenientes por las mismas industrias usurpadoras como ha sido demostrado en informes ignorados por las autoridades.[fn]Jorls Van de Sandt (2009). Mining Conflicts and Indigenous Peoples in Guatemala, CORDAID.[/fn].
Es cierto que los beneficios económicos generados por estas actividades han resultado en ingresos en forma de regalías, impuestos locales, salarios, gastos de aprovisionamiento, e inversión social de las compañías. Sin embargo, los efectos económicos, sociales y ambientales a largo plazo son menos evidentes y más complejos, y se verán seriamente impactados por la casi inexistente gestión integral y legal de los servicios de provisión de agua. Desafortunadamente, la teoría clásica que lee nuestra élite no es lo suficientemente culta como para comprender de contextos históricos, políticos y legales más largos y enmarañados de naciones como la nuestra.
La evidencia es clara, y es de todos sabido que en general los servicios municipales prestados son de mala calidad y que actualmente, son los municipios quienes subsidian el servicio prestado en los cascos urbanos. Es urgente que se plantee una política pública nacional que garantice la calidad de la provisión de agua, la propiedad sobre la misma y el acceso universal que obligue al Estado a hacer efectivo el derecho racionalmente reconocido de que todos los humanos deben de tener acceso al agua. Si no actuamos pronto, los consumidores de las a´reas urbanas y rurales, especialmente mujeres y niños pobres e indígenas, serán quienes sufrirán los impactos negativos de la situación en que vivimos.
* http://www.plazapublica.com.gt/content/la-energia-del-jaguar-que-nos-estan-robando
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