La decisión de EE. UU. responde al reclamo del representante de la Comisión Internacional de Juristas en el país, Ramón Cadena, contra el Gobierno de Guatemala sobre dicho caso. Según los artículos 17.7 y 17.8 del DR-Cafta, cualquier persona establecida en el territorio de cualquiera de las partes firmantes puede someter un reclamo en contra de cualquiera de las partes firmantes que considere que no esté cumpliendo con su legislación ambiental. El reclamo en contra del Gobierno de Guatemala es por no cumplir con la Ley de Áreas Protegidas y la Convención Internacional sobre Humedales conocida como Ramsar.
Tengo entendido que la Secretaría de Asuntos Ambientales ya está manos a la obra con dicha solicitud. De prosperar, esta podría poner en serios aprietos al futuro Gobierno puesto que el DR-Cafta es un compromiso estatal. ¡Vaya embrollo en el que nos hemos metido! Pero esto no debe ser una sorpresa tomando en cuenta nuestro proceder en materia ambiental como fue descrito hace un mes en el editorial de este medio Moratoria a licencias para la industria extractiva (27/05/2011).
La solicitud de EE. UU. me dejó pensando y paré haciendo algo académicamente inútil: un análisis contra los hechos (si nos hacemos la pregunta “¿Qué hubiese pasado si…?” abrimos la puerta a una infinidad de respuestas que nos alejan toda certeza). Igual lo hice, me pregunté: ¿Qué hubiese pasado si Guatemala no firma la Convención de Humedales o el famoso DR-Cafta? Seguramente, no estaríamos envueltos en una situación tan complicada.
Por alguna razón, que no me explico, en Guatemala tenemos la costumbre de firmar cuanto tratado, convenio, convención, declaración y demás acuerdos internacionales que nos ponen enfrente. Más allá de juzgar esto como bueno o malo, me pregunto: ¿Qué hay detrás de esas firmas (y posteriores ratificaciones)? En qué momento responden estas a una presión internacional o a una estrategia nacional. O serán acaso decisiones personales hechas en el momento en medio del glamour del mundo diplomático o porque el funcionario considera personalmente que tal acuerdo es lo mejor para el país.
Si bien las firmas preceden a la ratificación en el Congreso de estos acuerdos internacionales, las mismas representan no a una persona, sino a un país. No es el funcionario de turno quien se está comprometiendo ante el mundo, es Guatemala. La soberanía del país está en juego cuando la tinta llega al papel. La responsabilidad de firmar un acuerdo internacional no recae en un funcionario “entacuchado”, sino en todo un pueblo y sus efectos pueden verse en el largo plazo. Es por eso que debe existir mayor información y transparencia por parte de las autoridades presentes y futuras (aló candidatos) sobre sus posiciones en cada uno de los temas que se discuten más allá de nuestras fronteras que tal vez no nos afecten hoy, pero que mañana sea otra historia.
roberto.antonio.wagner@gmail.com
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