Sinibaldi y el fracaso de las derechas

Otto Pérez fue su ideal. Lo protegieron y financiaron de tal manera que lo convirtieron en el peor de los presidentes de la breve época posmilitarista de nuestra historia. Era militar, pero ya no de los golpistas, se decían. Era un hábil político, afirmaban, que combinaba dureza con los críticos y afables tratos con los empresarios. No obstante, como todo niño mimado, no solo no hizo lo que le pidieron (liberar aún más la economía), sino que quiso montar su propio imperio económico. Fue, valga la comparación, un Carlos Arana Osorio más sofisticado y refinado.

Pero, desde la creación del Partido Patriota en 2001, las derechas intentaron también construir a su príncipe civil. Alejandro Sinibaldi era el personaje adecuado, pues provenía de noble cuna, era hábil practicante de todas las mañas que el empresariado chapín maneja y, vaticinaban, de llegar al poder no saldría corriendo como su ancestro, quien fuera conocido como Flor de un Día por su efímera presidencia de menos de una semana (del 2 al 5 de abril de 1885).

Sin embargo, como ha quedado en total evidencia en las últimas semanas, la corrupción no es algo que incomode a las derechas criollas, mucho menos que las asquee. Al contrario, ha sido la forma abierta y pública de enriquecimiento de nuevos y viejos ricos. Ya sea porque se originaron en la adquisición gratuita o casi gratuita de tierras públicas, porque se les permitió la explotación de fuerza de trabajo indígena y mestiza sin mayor control, porque se los exoneró de toda carga impositiva, porque se les dio en exclusiva la prestación de servicios pagándoles mucho más de lo debido o simplemente porque se los dejó apropiarse de los bienes públicos, casi todas las fortunas locales siembran sus raíces en los recursos públicos.

Por lo denunciado hasta ahora, Alejandro Sinibaldi jugó en casi todas esas bandas a sabiendas de sus socios, amigos y financistas. No fue el único: todos sus allegados y no tan próximos cojean de las mismas patas. No es extraño, por lo tanto, que el actual presidente considere que la corrupción es una cosa tan normal en el país que su hijo no amerita ser sancionado por practicarla.

Lamentablemente, Alejandro Sinibaldi no es la excepción, como tampoco lo es el inmenso grupo de políticos y empresarios ahora tras las rejas o en fuga. La Guatemala criolla se ha fundado en el uso privado e ilegítimo de los recursos públicos y es hasta ahora cuando, con ayuda de algunos abogados honestos y con el apoyo internacional, comenzamos a lograr que la corrupción no solo sea perseguida, sino sobre todo sancionada.

La corrupción es la consecuencia lógica del uso personalista del poder, de considerarse dueño del cargo, y no al servicio de los ciudadanos. También es producto de las formas hipócritas de actuar, negando en público lo que en privado se estimula y promueve. Es, al final de cuentas, la más clara expresión de la ausencia de democracia.

Sinibaldi consolidó su corrupto control de los recursos públicos durante el gobierno de la GANA, cuando las derechas se creían unidas y dueñas de las voluntades e ideas de todo el país. Sin pensarlo dos veces, él y sus secuaces se lanzaron voraces a controlar los recursos públicos, y todo parece indicar que lo siguieron haciendo durante el gobierno de la UNE, para coronar sus ambiciones durante el nefasto régimen patriota. No estaba solo. Archila y sus allegados, por ejemplo, también formaron parte de ese grupo de aprovechadores del erario público en beneficio personal.

Queda claro ahora que la supuesta disputa entre Baldetti y Sinibaldi no era por cuotas de poder para impulsar algún tipo de políticas, sino por apropiarse de una mayor porción de los bienes públicos. Cada uno tenía su grupo de cómplices y testaferros, y evidentemente ambos reportaban a quien controlaba y dirigía la más voraz de las corrupciones de las que se tiene memoria.

Las derechas guatemaltecas tendrán que reconstruirse y recomponerse. Deberán entender, sobre todo, que el poder público no es para su enriquecimiento personal ni el de sus allegados. Si quieren salvarse junto con el país, las derechas chapinas tendrán que sufrir un reordenamiento democrático profundo y renunciar a su pasado autoritario y patrimonialista. Sin democracia no hay regímenes apegados al derecho, y sin ello las derechas no podrán siquiera impulsar efectivamente su proyecto de clase. Los grupos políticos que desde siempre han defendido los intereses de los poderosos por considerarse parte de ellos deberán comprender que la corrupción, síntoma de los regímenes oligárquicos, ya no es posible de mantener si se quiere avanzar, al menos en el desarrollo y la consolidación del capitalismo.

Guatemala no puede sobrevivir si los que entienden o apoyan las prácticas oligárquicas no se cuestionan y, de una vez por todas, se transforman en burgueses, es decir, en capitalistas capaces de invertir y correr riesgos sin necesidad de depender del subsidio ilegal e ilegítimo del Estado.