En otras palabras,  por primera vez en su historia, la OIT no ha dado a conocer una lista de países condenados por violaciones a los derechos laborales.  De acuerdo a lo informado por los movimientos sindicales, el origen de esta situación está en lo que consideran un boicot por parte de los grupos de empleadores, que se habrían negado a discutir los casos,  con el objetivo –en palabras de la Federación Sindical Mundial–  de “neutralizar” el sistema de control de normas.

El documento  de la OIT, “Presentación resumida del seguimiento de los debates celebrados en la Comisión de Aplicación de Normas  durante la 101ª. Reunión de la Conferencia  Internacional del Trabajo”, da cuenta que esta Comisión ha solicitado al Consejo de Administración de la OIT que con carácter urgente examine en su reunión de noviembre próximo, que  “se han expresado distintos puntos de vista sobre el funcionamiento de la Comisión en relación con los informes de la Comisión de Expertos”. La solicitud incluye la solicitud de consultas tripartitas informales para superar el impasse.

De esta forma, los casos de países como Colombia, Guatemala, Suazilandia, Grecia, España, Fiji, Panamá, Costa Rica y otros, no fueron examinados por parte de la Comisión de Aplicación de Normas, ante la ausencia del sector empleador.

¿Cuál es el trasfondo de esta situación?, en apariencia, estamos asistiendo a uno de los escenarios derivados de la elección de Guy Rider como Director General de la OIT.  Rider es el primer representante de los trabajadores que es electo para encabezar la Organización. Y este hecho parecería estar poniendo a prueba la resistencia de las estructuras tripartitas del Palacio de las Naciones, especialmente entre la representación empresarial que estaría aplicando una estrategia de elevar la tensión al interior de la Organización.

Sin duda, esta crisis interna en la OIT tiene beneficiarios. Entre ellos, los gobiernos de las naciones cuyos casos no fueron discutidos, que van a encontrar un año de oxigeno sobre sus situaciones internas. Este es el caso de Guatemala. Sin embargo, pese a la ausencia de la representación de los empleadores, diversas organizaciones sindicales solicitaron de todas formas una Comisión de Encuesta para el país.

La resolución de la situación interna de la OIT seguramente tomará el curso de consultas tripartitas que podrían resultar en alguna modificación del sistema de control de las Normas Internacionales del Trabajo, mientras se produce un reacomodo de fuerzas al interior de la organización.

En Guatemala, esta situación específica debe orientar los esfuerzos del  tripartismo local a conseguir una solución a la controversia con los Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA.  Según información de prensa, pese a que se habrían producido nuevos avances en los compromisos asumidos por Guatemala para evitar el panel arbitral, de todas formas permanecen sin abordar dos cuestiones sustanciales y complejas: la capacidad sancionatoria de la IGT, y un sistema de fianzas para las maquilas, que no son poca cosa. Adicionalmente, la aplicación de la política nacional de empleo requiere todavía de la discusión de las herramientas legales para su implementación.

¿Podemos confiar en que el Diálogo Social funcionará para consensuar soluciones a estos temas?