Un gigantesco pero inevitable desafío si hay voluntad real de superar las condiciones que dieron lugar a que el aparato estatal se convirtiera en verdugo de su propia sociedad.
La manera en cómo se abordaron estos procesos durante las negociaciones de paz, así como la laxitud en la verificación de su cumplimiento, dieron paso a que este principio indispensable no se concretara. Estructuras denominadas Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), operan hoy día, después de 16 años de suscritos los compromisos de paz y, peor aún, han evolucionado merced a su fusión con el aparato de criminalidad organizada.
Aquellos cuerpos que durante el conflicto armado interno jugaron un rol de sicariato para el Estado y su proyecto contrainsurgente, hoy día están al servicio de, o son grupos ilegales armados que procuran impunidad y generan violencia en contra del movimiento social.
En los 95 días transcurridos en este año, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), ha registrado 175 ataques. Mismos que van desde las amenazas por vía escrita o telefónica, la criminalización despiadada que incluye encarcelamiento ilegal con fines políticos, hasta la agresión física criminal en secuestro, tortura y, peor aún, ejecuciones extrajudiciales.
De allí que, organizaciones integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos, demanden del presidente de la República, Otto Pérez Molina, una acción encaminada a garantizar el derecho a defender derechos humanos. Acción que requiere en primer lugar del cese de hostilidades desde el mismo gobierno en contra de la organización social. Esto porque ha sido el propio mandatario y su equipo de gobierno los que han fomentado el discurso de confrontación y ha dado pie para que las acciones delictivas en contra del movimiento social se incrementen en número, intensidad y dimensión del impacto.
Otto Pérez Molina no es el responsable de un cuartel, no es el cabecilla de ninguna tropa. Otto Pérez Molina es el presidente de la República y tiene la obligación de velar por el cumplimiento de todos los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico vigente ofrece a la sociedad en su conjunto. Parte de los cuales es todo el capítulo referido a derechos humanos, capítulo esencial de la Constitución Política de Guatemala.
El gobierno está obligado a proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos. Para ello debe dejar las prácticas criminalizadoras en contra del liderazgo social y comunitario y debe, además, dejar de minimizar o considerar sin importancia, los ataques y agresiones que violentan este derecho inalienable.
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