1. Debemos actuar ahora mismo
La persecución penal contra la red criminal que defraudaba al Estado y a todos los contribuyentes y habitantes de Guatemala por medio del control y la expoliación de las aduanas ha puesto al descubierto las debilidades de nuestra institucionalidad política y la podredumbre de los principales actores políticos al más alto nivel. No podemos quedarnos en el análisis de la crisis, como espectadores que se entretienen viendo una novela en la cual los personajes se acusan mutuamente y llevan a la práctica sus fechorías cuidadosamente planificadas. Esta es una ventana de oportunidad para la acción colectiva de la sociedad civil, de individuos y organizaciones que creemos en la posibilidad de rescatar nuestra democracia de las manos corruptas de la mayoría de los miembros de la élite política. Hemos tocado fondo y debemos ser ciudadanos responsables: debemos actuar, pero coordinadamente, con claridad en los objetivos y con una estrategia institucionalmente viable.
2. Lucha anticorrupción como punto de coincidencias
Todos podemos estar de acuerdo en que la corrupción público-privada nos está bloqueando la ruta hacia el desarrollo anhelado por todos, perjudicando especialmente a los conciudadanos más necesitados de la ayuda estatal, pues el Estado continúa raquítico en cuanto a los recursos financieros necesarios para la provisión de bienes públicos. Los recursos provenientes de los impuestos han sido privatizados por mafias incrustadas en el Estado que se aprovechan de empresarios que compiten en un mercado sin reglas que se cumplan, donde solo parecen sobrevivir exitosamente aquellos que se prestan a la transa política, al soborno y a la defraudación del resto de los ciudadanos que somos trabajadores, pagamos impuestos y aspiramos a una sociedad más equitativa. Por lo tanto, el punto focal para la movilización social bien coordinada debe ser la lucha contra los corruptos para que suelten el botín y sean castigados ejemplarmente por aprovecharse del resto de la sociedad.
3. Es necesario hacer limpieza integral del sistema político
Este escándalo de corrupción y defraudación fiscal no es otra mancha en la piel del tigre. Es la gota que derramó el vaso de agua, el elemento adicional con el cual se alcanza una masa crítica que provoca el cambio. No es una crisis exclusiva de la actual administración de Gobierno, del partido político en el poder y de su malogrado candidato. Representa un problema para todo el estamento político, ya que se ha hecho evidente que ningún liderazgo político se ha atrevido a cuestionar el statu quo, pues muchos mantienen la esperanza de algún día llegar a la ubre del Estado y mamar lo más que puedan de ella. Entonces, no se trata simplemente de pedir la renuncia de las actuales autoridades electas para dirigir el Ejecutivo, sino de pedir cuentas a toda la casta política, que apenas se ha pronunciado ante semejante gravedad de los hechos. La coyuntura electoral está a nuestro favor como ciudadanos. Es el momento de negociar cambios institucionales que han sido pospuestos una y otra vez a conveniencia de los políticos y de sus socios privados, que se enriquecen por medio de turbios negocios con el Estado, los cuales son claramente lesivos para toda la población.
4. Demandas radicales es lo que procede
Los partidos políticos pensaron que comprar el voto sería muy fácil, aunque les saliera caro desde el punto de vista monetario, pues luego lo compensarán con creces. Eso se termina ahora. Si quieren el voto ciudadano, deberán hacer promesas creíbles sobre el cambio que demandamos. La postergada reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debería ser la primera aprobada en estos meses que le restan a la actual legislatura, como signo de buena voluntad, aunque esta entre en vigor hasta las siguientes elecciones. Otro punto fundamental: no votaremos por partidos ni candidatos que se nieguen a hacer públicas sus cuentas de campaña, tanto en el rubro de gastos como en el de ingresos. Todas las cartas deben estar sobre la mesa. Queremos acciones concretas ahora, no mañana. En esto también podemos estar de acuerdo todos.
5. El sistema de justicia debe ser pasado por el crisol
Los rumores en Guatebolas parecen estar confirmándose en los casos de corrupción y de redes criminales dentro del Estado. Si esa tendencia continúa, estaremos en aprietos cuando los casos judicializados suban a las altas cortes, que deberían aplicar la ley sin reparos. Por ello, la movilización ciudadana también debe ejercer especial control sobre el juego político y económico al que están acostumbrados los magistrados y los jueces. Si aún no está del todo claro cómo depurar el Ejecutivo en estos momentos, habría que pensar bien una estrategia que dentro del marco institucional vigente nos permita distinguir el trigo de la paja en cada uno de los eslabones del sistema de justicia guatemalteco. La cuidadosa operación de persecución penal contra los supuestos defraudadores nos da señales de esperanza sobre las capacidades y la integridad de gente profesional y valiente en el Ministerio Público, los juzgados y la Policía Nacional Civil, con el apoyo técnico de la Cicig. Estos buenos elementos necesitan, ahora más que nunca, nuestro decidido apoyo político.
6. También es necesaria la autodepuración en la sociedad civil
Como sabemos, la corrupción requiere de dos partes. No podemos castigar únicamente a determinados miembros de la sociedad política y dejar pasar la oportunidad de también condenar y sacar de circulación a quienes corrompen a los funcionarios del Estado. Las empresas y los empresarios que se prestaron a esta millonaria defraudación fiscal deben rendir cuentas y pagar lo que deben, así como cumplir las condenas que la ley les imponga. Igual que los funcionarios públicos y políticos, ellos tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia hasta que el sistema de justicia sea capaz de comprobar su culpabilidad. Sin embargo, los ciudadanos, como consumidores y como electores, nos reservamos el derecho de actuar en consecuencia para proveer el escarnio público que se merecen.
7. Especial llamado a los medios de comunicación social
No es posible que en todos los programas de análisis político se condene la campaña anticipada y que en los medios dueños de esos espacios se acepten pautas publicitarias que son claramente una violación a la ley. Hay una clara incoherencia en el discurso y en la práctica. Parece que el interés económico se contrapone al bienestar de la nación. Los ciudadanos organizados y comprometidos con el cambio para rescatar la democracia y propiciar mejores condiciones de vida para todos debemos pedir esos espacios de comunicación e información para poder llevar a cabo una efectiva campaña de concientización de la población, que tendrá en su voto la responsabilidad de legitimar una nueva administración del Gobierno. Radio, televisión y medios escritos harían bien en firmar un acuerdo de autorregulación y ética durante la campaña. Sepan que los ciudadanos también los estamos fiscalizando a ustedes. Otra medida legislativa importante en este sentido sería declarar lesivo a los intereses del Estado y de la nación el otorgamiento gratuito del usufructo de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Esa ha sido otra monumental defraudación de la que no se ha hablado mucho, por obvias razones, y que pide a gritos una investigación penal.
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