Fue durante el receso que me tropecé con un grupo de jóvenes que estaban comentando sobre el femicidio y las consecuencias que éste tiene en nuestra sociedad.
Nunca se me va olvidar el comentario de una joven abogada graduada de la Universidad Francisco Marroquín, que a mi parecer no sólo era ofensivo sino también fuera de contexto. Según ella era innecesaria la existencia de una ley que tipificara este delito, ya que en el código penal ya existía una ley que castigaba el homicidio. La joven me aseguró que esta ley no sólo era redundante sino que también injusta hacia los derechos masculinos, y por lo tanto promovía la discriminación masculina.
Después de compartir con ella las razones y la necesidad detrás de dicha ley, me di cuenta que no estaba siendo irónica ni sarcástica, esta joven realmente creía que no había diferencia entre un asesinato común y un femicidio. Es muy común que dentro de ciertos círculos privilegiados de nuestra sociedad, las personas se nieguen a comprender realidades diferentes y por lo tanto hagan este tipo de comentarios ignorantes.
Las leyes que se enfocan en penalizar específicamente el femicidio son una herramienta poderosa en contra de la violencia sistemática contra la mujer. A diferencia de un crimen o asesinato común, el femicidio conlleva una serie de características específicas, las cuales exaltan un sentimiento de odio hacia la mujer, por el simple hecho de su sexo. Las mujeres en nuestra sociedad se encuentran en una posición desigual al hombre, debido a un proceso histórico social plagado de misoginia y machismo. Por lo tanto existe un pensar que se nos puede violentar nuestra seguridad psicológica, física y sexual.
La mayoría de casos de femicidos tienen como raíz una disputa doméstica, la cual se torna en violencia intrafamiliar. Los crímenes de femicidio son considerados más graves que un asesinato común, por la brutal violencia que sufren las víctimas. Me refiero a la mutilación, desmembración y tortura que se evidencia en los cuerpos de las mismas. Por lo tanto, es necesaria una ley que señale todas estas características y que sancione la violencia sistemática en contra de la mujer con la penalización apropiada.
Es absurdo pensar que previo a la Ley contra el Femicidio, las mujeres en nuestro país estuvieran protegidas, ya que no contaban con las avenidas necesarias para denunciar hechos violentos. A pesar de que Guatemala es de los pocos países en Latinoamérica que cuentan con este instrumento legal, la violencia en contra del sexo femenino persiste. Según el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), en lo que va del año se han reportado 29 femicidios; seis más de los que se había reportado el año pasado, lo que indica un enero más violento.
Esta semana fuimos testigos de seis brutales asesinatos de mujeres en un mismo día, todas las victimas eran menores de 35 años y dos de ellas tenían 6 y 12 años. Lo más preocupante de las cifras anteriores, es que en los últimos años vemos un incremento en la incidencia de violencia en niñas menores de 13 años.
Los casos que conocemos son gracias a la valentía de las víctimas, ya que son ellas las que acuden a las diferentes instancias a denunciar estos hechos. Es importante que como ciudadanos valoremos la lucha y coraje de las víctimas, y apoyemos mecanismos que las protejan, como la Ley contra el Femicidio, en vez de juzgarlas de manera tonta e irresponsable.
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