Las redes sociales son un fenómeno global. Las hay para todos los gustos y fines, desde las más populares como Facebook o Twitter, hasta las especializadas como Instagram o LinkedIn.
Ya son lejanos aquellos días, cuando la Internet servía básicamente para dos cosas, acceder al correo electrónico y visitar páginas web.
Lo que algunas personas desconocen es que las redes sociales son objetivos en las labores de inteligencia privadas o públicas y particularmente en Guatemala se ha comentado la existencia de centros de monitoreo, construcción de agenda y difusión de información con objetivos definidos.
Tal es el impacto de las redes y el afán por controlarlas, que algunos países han impuesto regulaciones directas. Por citar un ejemplo, la red Twitter ha sido censurada totalmente en China y Turquía y parcialmente en Egipto, Francia, India, Irán, Corea del Sur y Venezuela.
Lo que circula en las redes no es poca cosa. Cada red con sus particularidades administra un volumen significativo de información, que incide en las opiniones políticas, difunde o invisibiliza temas de interés público, y en ese entorno, la información personal es una mercancía, objeto de vigilancia y por qué no decirlo, hasta un instrumento para la coerción.
Por eso resulta interesante analizar las posibles razones del Estado de Guatemala para prohibirle a usted que descargue una aplicación llamada SECRET.
Esta aplicación permite que entre “amigos virtuales” se comparta información sin que se conozca quien está publicando textos, fotografías, videos o vínculos. Por supuesto, un círculo social se conecta con otros, y de esa forma un rumor puede propagarse rápida y masivamente.
Es sabido que las redes sociales pueden ser utilizadas para perpetrar delitos como la distribución de pornografía infantil o el tráfico de sustancias prohibidas. Sin embargo, tanto en SECRET [1] como en otras aplicaciones, es posible determinar la identidad de una persona, o al menos el lugar desde donde se transmite la información. En el caso de Guatemala, existen antecedentes: En 2009 fue perseguida judicialmente una persona por el delito de “pánico financiero” después de haber publicado en 140 caracteres un mensaje invitando a actuar en contra de un banco (Prensa Libre 9 de julio 2009).
Retomemos entonces, las posibles razones del Estado de Guatemala para pretender prohibirle a usted la descarga de SECRET:
La primera razón parece legítima, ha sido esgrimida por la PGN en su acción legal y se resume en la obligación estatal de proteger a determinados grupos que puedan ser objeto de actividades ilícitas como la pornografía infantil, la difamación, la calumnia, y por supuesto el ilícito penal de pánico financiero.
Junto a lo anterior podríamos interpretar una posición pragmática del Gobierno. Es decir: Monitorear redes, identificar ilícitos penales y perseguirlos requiere considerables recursos. De manera que un Sistema Judicial en hambruna presupuestaria bien podría evitar onerosos gastos mediante una medida como la prohibición o la regulación de algunas redes.
La segunda posible razón no resulta tan noble y tendría que ver con la necesidad de ciertos grupos, de restringir la libre expresión del pensamiento. A ese respecto, más allá del nivel de verdad en la información difundida, el punto medular es preguntarnos cuál es el límite del Estado para restringir el derecho que tiene usted para expresarse, especialmente si lo hace en una red social donde lo privado y lo público tienen límites difíciles de determinar.
En atención a lo anterior, la acción legal de la PGN puede ser un intento inicial de acometer una tarea más vasta y complicada, como regular Twitter o Facebook que en Guatemala tienen una amplia aceptación.
Finalmente, las redes sociales constituyen, especialmente para los segmentos urbanos, un espacio virtual de resistencia que no siempre es bien recibido por las élites, que tienen escasa incidencia en lo que se publica. Y por supuesto, no puede subestimarse el potencial de las redes en eventuales movilizaciones de protesta social.
De momento, creo que en Guatemala la acción legal de la PGN solo ha servido como una campaña publicitaria gratuita para SECRET. Conforme pase el tiempo descubriremos si el asunto es una acción aislada, o el inicio de un esfuerzo gubernamental sistemático para regular o controlar las redes sociales.
* Ricardo Berganza es Administrador egresado de la USAC, con Maestría en Investigación de Política y Sociedad de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Ha trabajado en la gestión de riesgos y ejercido la docencia con varias instituciones los últimos 25 años y se especializa en la planeación, el desarrollo de capacidades y el diseño y desarrollo de procesos de capacitación.
[1]Véanse la política de privacidad y las normas de uso de SECRET. Estas se supeditan a la legislación aplicable. De manera que por una orden judicial, SECRET puede revelar la identidad de una persona que ha infringido la ley. Por supuesto, el encriptamiento de mensajes y los trámites para acceder a la identidad de una persona constituyen valladares para un sistema judicial con recursos limitados.
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