Se venden sofás

Las reacciones del Gobierno colombiano y de buena parte del sector político a los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Santo Domingo han sido poco decorosas. En vez de reflexionar sobre lo que significan estos fallos, y tomar verdaderas lecciones sobre lo que fue la defensa del Estado, se han dedicado a denigrar de las cortes que los emitieron y a plantear que nos salgamos de los mecanismos internacionales para evitar más condenas.  

Mejor deberíamos enfrentar los problemas de fondo y no escudarnos en la fácil fórmula del patrioterismo y la soberbia soberana y nacionalista. En lugar de quejarnos del árbitro y vender el sofá para evitar que nos sigan engañando, y sin entrar a discutir si en el fondo en estos casos teníamos o no el derecho de nuestro lado, podríamos tomar estas decisiones como una oportunidad para reflexionar al menos sobre los siguientes temas:

-La representación judicial del Estado ha sido –y sigue siendo– producto de la improvisación, no de una política de Estado. Las acciones son reactivas y descoordinadas. La semana pasada se estaba en búsqueda de una firma internacional para supuestamente buscar salidas jurídicas al fallo de la CIJ  (¿se contrata la defensa cuando ya se ha emitido un fallo inapelable?). Tampoco se puede excusar el Estado en el caso de Santo Domingo (y lo que viene: Palacio de Justicia) con el hecho de que Montealegre renunció a última hora: ¿Acaso la representación judicial se hace a partir de personas, y no de equipos e instituciones?

-La representación judicial internacional de un Estado puede basarse en las triquiñuelas del tinterillo de pueblo que saca argumentos forzados del sombrero para engañar a los jueces. Con un regaño muy bien sentado, la Corte IDH le cobró a Colombia su estrategia en la audiencia de Santo Domingo de sacar a última hora una sentencia judicial que condenaba a Grannobles por otros hechos, y hacerla ver como la prueba reina del proceso.

-El Estado es un todo y por él responden todas sus autoridades. Desconociendo este principio básico de derecho internacional, Colombia se defendió en la audiencia de la Corte IDH diciendo que la culpa no era de los militares, sino de los jueces que los habían sancionado. Es como si dijeran: yo no le pegué con la mano derecha, usted se equivoca, le pegué fue con la izquierda…

-No se puede usar un argumento en lo nacional y otro totalmente contradictorio en el ámbito internacional: la posición del Estado debe ser una sola y debe honrarse en todos los escenarios. El fuero militar se defendió en el Congreso aduciendo que los jueces debían aplicar normas de derecho de la guerra (DIH) y no de derechos humanos. Pero lo que se defiende en lo internacional es que los jueces no nos pueden aplicar normas de DIH sino que tienen que mantenerse en normas de derechos humanos.

Un último punto para la reflexión del Senador Roy Barreras que dice que el fallo se basa en el interés de unas supuestas víctimas que buscan enriquecerse: como consecuencia de este fallo las víctimas no recibirán un solo peso. Pregunte Senador, por el contrario, cuánto recibió el abogado encargado de tan digna representación legal del Estado. 

*Publicado originalmente en La Silla Vacía, 21 de diciembre