La controversia en torno a estos aviones no es nueva. Empieza en el gobierno de Álvaro Colom, cuando el sector privado cuestionó su adquisición, y continuó con el gobierno del PP, que suscribió dos préstamos externos para su compra. De acuerdo al Ministro de Finanzas, si los préstamos no son ejecutados, se incurrirán en cláusulas penales que tendrán un impacto financiero para un presupuesto estatal cada vez más limitado.
Dejando de lado los diversos factores políticos que aparecen en la adquisición de estos aviones, este hecho no debería verse de forma aislada al anuncio realizado en junio pasado, por el Ministerio de Gobernación, sobre los planes para adquirir armas de fuego para la PNC, a través de un proceso de compra directa sin licitación. En ambos casos, las controversias surgidas por las decisiones de adquirir estos equipos, se da en el marco de la ausencia de un instrumento de política pública, propio del mundo de la Defensa y Seguridad: una política pública de adquisición y renovación de armamentos.
En una de mis columnas anteriores, me refería a cómo la mayoría de los Estados modernos cuentan con una política de defensa, que se basa en una apreciación sobre las amenazas y riesgos emergentes en el entorno. Esta apreciación sirve a los gestores en los Ministerios de Defensa para definir el tipo de herramientas que deben ser utilizadas para contrarrestar los riesgos y amenazas. En otras palabras, las características de los retos que afronta un país en materia de seguridad interna o externa, determinan el tipo de armamento con el cual se equipa a las Fuerzas Armadas y Policía de un Estado en particular.
Como un ejemplo, en la mitad de la década de los noventa, la Venezuela de Chávez optó por la compra de más de 100,000 AK-47 para enfrentar una posible intervención extranjera, desde la organización de milicias. En el caso de Colombia, la compra de los Súper Tucano, obedece a la necesidad de contar con una capacidad de fuego en las zonas selváticas en las que se ocultan las FARC o campamentos de narcotraficantes. De hecho, la bomba inteligente que mató a Raúl Reyes en un campamento guerrillero ubicado en territorio ecuatoriano, fue lanzada desde un Súper Tucano. Ecuador optó por la compra de radares y helicópteros de combate para cubrir su extensa frontera norte.
Adicionalmente a la justificación de por qué se adquiere un determinado tipo de armamento, una política de adquisición de armas incluye también los principios bajo los cuales se procederá una renovación paulatina del equipo que va quedando obsoleto. Contar con un instrumento de política pública de esta naturaleza evita el potencial riesgo que un Estado quede en una posición de indefensión por falta de medios para asumir su defensa, además de permitir planificar, desde el punto de vista del presupuesto, las adquisiciones y renovaciones necesarias de equipos cuyos costos siempre serán elevados.
No deja de llamar la atención que varios gobiernos que han propiciado la participación del Ejército en la seguridad pública, hayan fallado en la aplicación de uno los elementos centrales a la doctrina militar: “quien da la misión, provee los medios”. Tampoco se puede alegar que la política de adquisición de armas sea una extraña: consta como uno de los compromisos del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil.
Hasta que esta política no sea abordada con seriedad, en el marco de la política de defensa, estos temas se verán desconectados del contexto y las discusiones se centrarán en los detalles técnicos de funcionamiento de un arma, su precio, y no en los procesos de planificación que debe cumplir un Estado.
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