Dejemos para otra ocasión —o sea que no quiere mucho análisis— el caso de quienes optan por puestos de pilotos, operativos o asistentes no titulados: lo que se entendería por mano de obra no calificada. Es oportuno comentar sobre lo que les espera a quienes esperan encontrar una ubicación en los niveles de técnico a funcionario, todos aquellos que en un momento dado vayan a tomar las responsabilidades de administración de fondos o de decisión política en la gobernanza de las instituciones.
Primero, hay claridad en que nadie está preparando académicamente, y menos en la práctica, a los funcionarios públicos futuros ni actualizando y evaluando a los actuales. El Instituto Nacional de Administración Pública se encuentra igual de minusvalorado que la Ley del Servicio Civil y la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tampoco puede ser que las escuelas de gobierno privadas logren formar a los administradores o gerentes de la máquina gubernamental. Pueden, en todo caso, formar a los formuladores de política pública. Eso sí, en el papel, no en la práctica.
Segundo, con las clasificaciones de puestos y salarios vigentes en la mayoría de las instituciones públicas, se hace poco atractivo para aspirantes a funcionarios en período de crecimiento profesional incorporarse a la función pública a menos que sea por una verdadera vocación de servicio o por aprecio de la oportunidad de aprender sobre los finos detalles de la administración de Gobierno. Tanto que hasta la fecha no pueden ser replicadas ni en escuelas ni en universidades. O sea que debe entenderse que serían aquellos profesionales en el inicio o el final de su carrera quienes podrían verse motivados a acercarse a la gestión pública.
Tercero, sobre el manejo probo de la cosa pública, hay que tener en cuenta que, mientras menos se conozca de las formas y la disciplina de la administración, aunque se aporte la honradez y la buena voluntad de trabajo, el riesgo de cometer errores o verse involucrado por acción u omisión en faltas y delitos es riesgosamente alto y se paga un precio muy alto en la responsabilidad individual. Las lógicas de los procesos y sus marcos legales son distintos a la gestión privada y especializados. Se requiere forzosamente de una inducción mínima y de una capacitación para idealmente desenvolverse en el ámbito público.
Y por último, ojalá que las modificaciones legales e institucionales que nos lleven a crear un verdadero sistema de servicio civil permitan algún día quitar el incentivo hasta cierto punto perverso de participar en política con el único fin de conseguir empleo en el Gobierno.
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