Se abre paca

La integración de la Comisión de Postulación fue ya un aviso de lo que podíamos recibir de ellos, pues estuvo compuesta por representantes de diversas tendencias del espectro político del país.

Una novedad positiva fue que el representante de los rectores de las universidades privadas no era abogado, lo que ya sacaba la selección del juego de intereses de tal corporación. Al no ser profesional del derecho, el licenciado Moreno podía actuar sin tener que defraudar a colegas de los que luego tendría que depender para otros eventos. Pero además, su propia presencia hizo de esa selección un evento eminentemente político, dejando de lado las simulaciones técnicas.

El rector de la Universidad del Valle es conocido como ex ministro emergente durante el gobierno de Álvaro Arzú -ocupando el despacho de Educación cuando la titular debía jugar como líder de la bancada del PAN en el Congreso, y regresando a  su “base” de viceministro cuando ella consideraba necesario reasumir la cartera- y de esa manera identificado clara y meridianamente con el proyecto privatizador de los bienes públicos. Si bien ahora esa corriente política no tiene ya un partido eminentemente suyo, la presencia de profesionales del derecho con esa visión del quehacer del Estado vendrían a ser favorecidos con su voto. Por su parte, los otros cuatro miembros, aunque todos abogados y, por lo tanto, con los ojos puestos en las alianzas y simpatías de gremio, responden a visiones y agrupaciones gremiales diferentes.

No fue, pues, una selección técnica, sino eminentemente política. Los integrantes de la comisión ni siquiera se tomaron la molestia de saber si entre los postulantes había quienes supiesen algo sobre sistemas de partidos, teorías de la democracia o sistemas políticos. Tampoco se preocuparon por saber si los candidatos han demostrado firmeza en sus decisiones cuando han desempeñado funciones en el sector justicia, posiblemente porque aunque ocuparán asientos en un organismo llamado de Tribunal Supremo, los de la Comisión saben bien que su función no será la de juzgar en última instancia, sino de organizar elecciones. Pero tampoco la selección se basó en determinar sus capacidades gerenciales, aunque tendrán que administrar, colectivamente, todo un proceso organizacional complejo como lo son las elecciones en sus tres ámbitos.

Llegaron pues como políticos, y actuaron como tales. Lo que no quiere decir que hayan asumido actitudes estrictamente partidarias. Y como políticos que son, no se complicaron la vida, ni se la complicaron a los candidatos. No seleccionaron expertos en cuestiones políticas o a gerentes, escogieron profesionales del derecho de alguna relevancia y honestidad. Y punto. Y éstas ya son ventajas, aunque tengamos que aceptar que a las cualidades necesarias para el logro de las funciones trascendentales de dicho organismo no pusieron la más mínima atención.

Surgió así una lista de 16 postulantes que obtuvieron el voto favorable de los cinco miembros de la comisión. Son, ni más ni menos, los que ningún sector social y político próximo a las universidades y al gremio de abogados consideran inaceptable. Son 16 profesionales que ninguno de esos sectores repele, y ésa es ya una buena información. Los hay de todas las tendencias ideológicas y, por suerte, algunos que tienen cierta formación en ciencia política y procesos electores. Tal vez no se les escogió por ello, pero eso debería ahora hacer la diferencia.

El Congreso de la República tiene, en esa lista corta, suficientes profesionales para escoger a los cinco titulares y suplentes, sin tener que enredarse en tratar de escoger entre los que ya en un ambiente político menos confrontado, como fue la comisión, no lograron reunir todos los votos. Nótese que candidatos como la Licda. Castro Quiñones, o el Dr. Larios Ochaita no lograron los cinco votos (ambos se quedaron con tres) lo que muestra que haber sido funcionario público de relevancia de algún gobierno no los hizo recomendables a los ojos de algunos miembros de la Comisión. Curiosamente, el Rector de la Universidad del Valle votó por su antigua jefa -cuando la ética recomendaba abstenerse- dejando claro que sus opiniones eran políticas, al grado que también votó en favor de Larios, coincidiendo en ello con el rector de la USAC.

Hay pues 16 buenos candidatos, un grupo de profesionales que pueden superar, en mucho, lo actuado por los magistrados que, con más penas que glorias, están por dejar los cargos. Lo mejor que podrían hacer los miembros del Congreso es tratar de seguir los pasos de la Comisión y escoger, no a aquéllos que sean afines a los intereses de su franquicia electoral pues ya se vio que con magistrados demasiado partidarios la institución apenas si cumple los requisitos mínimos, sino a los que ningún partido repela. Establecer algunos mínimos, como cierto conocimiento de los sistemas electorales y de teoría política le daría más fuerza a la elección y, así, escoger los cinco titulares y sus suplentes.

La Comisión de Postulación, a pesar de todo, ha hecho un buen trabajo, es cuestión que los diputados no se compliquen la vida cuando ya la tienen fácil y no opten por acaparar sino por no confrontar.