Por un lado, el domingo pasado fue el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes Viales, y con ese motivo se realizó una marcha con la participación de las víctimas de siniestros viales, socorristas, el Departamento de Tránsito de la PNC y las policías municipales de tránsito. Pero por otro, un día antes una empresa cervecera anunció la “época navideña” con un árbol gigante, una especie de banderazo de salida para la irresponsabilidad en convivios y fiestas, que en demasiados casos terminarán en trágicos siniestros viales. Da pavor saber casi con certeza matemática que, de no adoptar sanciones severas, en las próximas semanas se perderán muchas vidas en “accidentes” de tránsito.
Las estadísticas son espeluznantes, al punto que ya se nos ubica como el cuarto país latinoamericano con más accidentes viales. Debemos empezar a dejar de llamar “accidentes” a la mayoría de siniestros viales que se registran, ya que son actos criminales sin sanción, que alimentan caudalosamente los círculos viciosos de la impunidad en nuestro país.
Las calles aledañas a cualquier universidad son las vías por las que cafres conducen en zigzag con una agresividad enloquecida. Es muy común que en los alrededores de restaurantes, hoteles, bares o demás lugares y centros en los que se consume alcohol en exceso, se vea, con horror, cómo personas ebrias abordan sus vehículos, para luego topárselos en las calles y avenidas conduciendo anómalamente. Todos homicidas culposos en potencia.
O más que eso. En extremo esclarecedores fueron los comentarios que en un programa radial hizo el doctor Roberto Escoto, asesor en salud familiar y comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. En su opinión, conducir un vehículo particular no es un derecho, sino una concesión que el resto de la sociedad le otorga al conductor. Concesión que exige un altísimo grado de responsabilidad, razón por la cual alguien que conduce en estado de ebriedad y le quita la vida a otra persona en realidad no constituye homicidio culposo, sino un asesinato, ya que esa irresponsabilidad podría considerarse alevosa.
El doctor Escoto también opinó sobre la inefectividad de los programas de educación vial sobre los adultos (aunque sí los reconoce efectivos sobre los niños), indicando que los únicos incentivos que logran que los adultos abandonen las conductas irresponsables al conducir son las sanciones. Sanciones duras y creíbles, como la anulación de por vida de la licencia para un conductor ebrio reincidente, o el piloto abusivo de un autobús. Es lo único que ha dado resultado en otros países, los cuales luego de la aplicación de sanciones muy severas, logran reducir los índices de siniestralidad vial.
Coincido totalmente con el doctor Escoto, pero en nuestra Guatemala, la impunidad y la corrupción campean. Cuando se busca sancionar drásticamente, llorones y sinvergüenzas salen a las calles a defender la impunidad que les sirve. Sin embargo, no son la mayoría: no todo mundo conduce ebrio o como energúmeno. De hecho, creo firmemente que la mayoría estamos a favor de sancionar a los conductores irresponsables, agresivos o asesinos potenciales.
Lo importante a destacar es que la posibilidad de corregir el problema sí existe, y está en manos de las autoridades. Los odiados cepos para vehículos han demostrado que, salvo excepciones marginales, los conductores son más responsables en cuanto a dónde estacionar.
Sí se puede hacer (lo han hecho con éxito en otros países). Si las autoridades no lo hacen, entonces debería exigirlo la ciudadanía responsable. ¿Qué esperamos?
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