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San Rafael: la mina de la discordia
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San Rafael: la mina de la discordia

Lo que no mencionó el Presidente era que dos alcaldías se negaron a aceptar las regalías; ni que todos los alcaldes que firmaron el convenio eran afines al Partido Patriota (PP); ni que cuatro de los municipios que recibirían Q27 millones anuales no se mencionaban en ninguna de las licencias de exploración ni la de explotación que poseía Minera San Rafael.
“El proyecto necesitaría de 281 hectáreas aproximadamente para su funcionamiento. Basados en estudios realizados por la empresa en 2008 y 2009, el precio promedio por hectárea alcanzaría los US$13,500. Así, la compra de terrenos en la zona alcanzaría los US$3.8 millones de dólares, unos Q29.4 millones”.
La oficina de Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores.
El proyecto necesitaría de 281 hectáreas aproximadamente para su funcionamiento.
Las rocas de la veta son ricas en plata, plomo y zinc.
Una máquina saca muestras de las rocas minerales, llamadas núcleos.
Los núcleos son catalogados y archivados en superficie por los geólogos de la empresa.
Según los vecinos, el nacimiento de agua que abastecía a la aldea Los Planes, la más próxima a la mina, se secó por las actividades de exploración y explotación del proyecto minero.
Un vecino observa su ganado pastorear frente a las instalaciones de la mina. A los comunitarios les preocupa la contaminación de los terrenos y el agotamiento de los recursos hídricos.
Los cinco alcaldes que firmaron a favor del proyecto minero: Leonel Morales, Genry Pérez Méndez, José Angel Lechuga, Oscar Ramíres, Rubelio Recinos, Eduardo Lima Reyes.
Erick Archila, ministro de Energía y Minas, junto al presidente Otto Pérez Molina. Archila otorgó la licencia de explotación pese a la resistencia de comunitarios.
El presidente Otto Pérez Molina durante la firma del convenio con gobiernos municipales y los representantes de la minera San Rafael, que contempla el aporte del 5 por ciento de regalías.
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Tiempo aproximado de lectura: 30 mins

Amarrado con una ley de minería en que la población y los alcaldes nada tienen qué opinar y con una empresa que había cumplido con todos los requisitos legales 14 meses atrás, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó la licencia de explotación de la Minera San Rafael. Para cuando llegó el permiso, la conflictividad en la zona ya había cobrado muertos y heridos, y la historia de ese proceso se cuenta entre mentiras y verdades a medias, que se irán desgranando en esta serie de reportajes que comenzamos a publicar hoy.

En la historia de la mina San Rafael todos mienten. O por lo menos, cuentan cientos de historias a medias; entregan piezas deformadas de un rompecabezas que nadie quiere armar porque cada quien defiende a capa y espada esa parte que le toca. Piezas que más que revelar, ocultan. Así, cuenta su historia el comunitario, el ministro, el alcalde, el presidente, el mayordomo indígena, el empresario, el ambientalista. Y todos, al menos una vez, mienten o, por lo menos, prefieren omitir parte de la verdad. Y en medio de todo ello, hay a comunidades divididas, cuatro muertos, medio centenar de heridos y un sinfín de matices que giran alrededor de los beneficios, según unos, y de los problemas, según otros, que la minería ha traído a la zona.

Los primeros son los que tomaron la decisión de llevar la minería a la zona. Hablan de desarrollo económico y, por lo tanto, de beneficios a la gente. Los segundos, los que se oponen a ella, defienden que una mina viene atada a la contaminación. Ceñidos a la ley existente, poco o nada pueden hacer para evitarla. Lo supieron el 28 de noviembre de 2012, en Casa Presidencial, cuando el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, miró a los ojos a cinco alcaldes de Santa Rosa y Jalapa y les dijo: “La mina San Rafael va”. El ministro esperaba que los alcaldes no se opusieran. Creía que no debían oponerse, toda vez que sus municipalidades se beneficiarían con el desarrollo económico que generaría la minaría metálica en la zona.

Para entonces, el conflicto minero en la zona había tomado otros matices: habían robado un lote de explosivos dirigido a la Minera San Rafael, en Mataquescuintla; y las protestas de la resistencia minera habían subido de tono, retuvieron personas y cerraron tramos de la carretera entre Casillas, Santa Rosa, y Jalapa. Aquella reunión, según recordó Archila, era un intento de mediar con los alcaldes de la zona para que éstos hicieran lo suyo frenando la conflictividad de sus poblaciones porque, de todos modos, el permiso de explotación de la minera sería una realidad.

Para los alcaldes de Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores, Jalapa y Mataquescuintla, aquello fue un utimátum. “La decisión ya la tenían tomada. En ningún momento nos llamaron a esa reunión para dialogar sobre los problemas ecológicos o de conflictividad que la mina trajo a nuestros municipios. No, nada de eso. Nos dijeron que se tenía el permiso de la minera casi listo”, recordó Hugo Loy, alcalde de Mataquescuintla, municipio que está a medio kilómetro de la minera.

Ya el 14 de noviembre, Tahoe Resources Inc. destacaba entre los resultados del tercer trimestre de 2012 que la “licencia de explotación está prevista para el cuarto trimestre de este año. El resto de los permisos han sido recibidos”. De acuerdo con las normas vigentes, no había razones para no otorgarla. Para entonces, según la cronología de la licencia de explotación presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde 1 de febrero de 2012 se tenía el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el último paso legal para avalar la explotación en la zona. Aun así, no se hizo.

Archila matizó el mensaje de aquella reunión en Casa Presidencial en noviembre pasado. Desde su punto de vista, era una petición a los alcaldes para que sirvieran de mediadores, porque la empresa había cumplido con todos los requisitos de ley y no se podía posponer más la licencia de exploración. En sus palabras, se trataba de que los alcaldes convencieran a la población de los beneficios que la minería traería a la zona. Como aliciente para ellas estaban las regalías voluntarias que obtendrían de la empresa: cerca de Q200 millones anuales a partir de 2013.

“Se habló de dinero, no de los problemas que la minería puede ocasionar”, dijo Loy. Esa visión economicista era lo que criticaban algunos alcaldes. “¿Qué le digo a los pobladores que se quejan por la falta de agua? ¿Qué le digo a la gente a la que no le comprarán sus vegetales porque el agua está contaminada? ¿Qué les digo a los hijos de mis hijos cuando vivan en un municipio contaminado? ¿Les digo que les voy a dar dinero?”, preguntó Loy. Ésa fue la primera y última vez que lo invitaron a una reunión con el Ejecutivo.

Para los alcaldes que criticaron el proyecto, el Ejecutivo relacionaba la palabra “beneficios” a la definición económica de “utilidades” y no a la del “bienestar de la población”. El mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, destacó el factor económico en el discurso que dio durante la firma del acuerdo de regalías voluntarias, el 29 de abril de este año: “De cada dólar que reciba la empresa por sus ventas, 35 centavos son para impuestos y contribuciones en Guatemala”, afirmó.

Aquel discurso estaba plagado de cifras: la empresa pagaría Q352 millones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al año, además de otros Q72 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA); la municipalidad de San Rafael Las Flores, donde está localizada la planta minera, obtendría casi Q65 millones en regalías voluntarias anuales; y otras seis municipalidades –Cuilapa, Barberena, Santa Rosa de Lima, Casillas, San Carlos Alzatate y Santa Cruz Naranjo– unos 27 millones cada año.

Lo que no mencionó el Presidente era que dos alcaldes –de Mataquescuintla, Jalapa; y de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa– se negaron a aceptar las regalías porque la actividad minera iba contra la voluntad de los habitantes de sus municipios; ni que todos los alcaldes que firmaron el convenio eran afines al Partido Patriota (PP); ni que cuatro de los municipios que recibirían Q27 millones anuales en regalías no se mencionaban en ninguna parte de las licencias de exploración y la de explotación que poseía Minera San Rafael.

¿Y los pobladores que se oponían? La idea era que deberían sentirse satisfechos con el crecimiento económico que, vaticinaban, llegaría a la zona.

El camino sin retorno de la consulta

La explotación minera dividió a la población de San Rafael Las Flores y los municipios aledaños desde un inicio, desde cuando todavía era una posibilidad lejana en 2007.

Para unos, la única manera de desarrollar la zona es lograr atraer inversión privada. Y como la minera era la única que quiere invertir en el área, bajo una visión más práctica, reconocen que oponerse a ella sería un error. Hay quienes creen lo contrario: que no se puede dejar de lado la voluntad de los habitantes que se oponen a la minería.

Pero son los primeros, funcionarios de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y Medioambiente y Recursos Naturales (Marn), los que toman las decisiones o las cumplen a rajatabla, como el grupo de alcaldes que aceptaron el convenio de regalías voluntarias a pesar del resultado de varias consultas populares en el que se pedía frenar la licencia de explotación.

“Los permisos para la explotación minera se iban a dar y las municipalidades nada podemos hacer para evitarlo”, dijo Leonel Morales, alcalde de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

¿Nada? Sí, según la ley de Minería, nada. En ella, la municipalidad se limita a obtener un 0.5% de regalías y apenas tiene un papel marginal a la hora de supervisar canteras y areneras. Pero cuando se trata de minería metálica y de otorgar cualquier tipo de licencias para ello, el papel de las comunas es nulo, nada, cero.

“Por eso, porque no podemos hacer nada más, ¿por qué no tomar los beneficios que brinda a través del acuerdo de regalías voluntarias?”, preguntó Leonel Morales, alcalde de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

¿Ni acompañar la solicitud de consultas municipales de vecinos? Por lo menos, Morales no lo hizo. Desde 2011, pobladores del municipio solicitaron al alcalde que se organizara una consulta para saber si la población estaba a favor o en contra de la minería metálica en la zona. El alcalde jamás se opuso a ello. Al contrario, durante su campaña electoral por el puesto, lo incluyó en su plataforma y se comprometió a realizarla; y lo repitió el 20 de febrero de 2012, frente a dos mil personas que participaron en un acto religioso contra la minería metálica en el parque central del Municipio. Pero nunca lo hizo.

Según la literal K del artículo 17 del Código Municipal, los habitantes de un municipio tienen el derecho de solicitar una consulta popular municipal para indagar sobre aquellos asuntos de gran trascendencia para su territorio. Para ello, el 10% de los vecinos empadronados tienen que firmar una solicitud dirigida al concejo municipal. En San Rafael Las Flores, esto nunca se permitió. “La gente que se opone es gente de fuera del Municipio. Los que somos de aquí, la apoyamos y tenemos el apoyo de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que lo demuestran y que avalan la firma del acuerdo de regalías voluntarias. Todo es legal”, aseguró Morales. El alcalde se basó en el artículo 38 del Código Municipal: Cuando la importancia del tema lo amerite, el Concejo podrá consultar la opinión de los Cocodes, a través de sus representantes autorizados. Así lo hizo.

Morales asegura que fue a los representantes de los Cocodes a los que se les preguntó si apoyaban o no el proyecto, y ellos votaron a favor de la mina. El 27 de julio, Carlos Enrique González, Aura Molina, Atilano Arriaza y Rolando Valdez, representantes de los 18 comités comunitarios, hicieron una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, a 70 kilómetros de su municipio, para acusar al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), al Colectivo Madre Selva y a la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa (Codidena) de entrometerse en las políticas locales, de carecer de representatividad legítima entre la población, de manipular a un pequeño grupo de los habitantes para interponerse con el desarrollo que traería la mina al Municipio y de generar conflictividad en el área.

“Nosotros, que tenemos la legítima representación de nuestras comunidades, respaldamos al alcalde Leonel Morales”, resumió González, presidente del Cocode de la aldea El Copante. Según él, el alcalde buscaba desarrollar al Municipio y esto se ponía en peligro por la presión nacional e internacional que estas entidades ejercían. “Ahora que él está logrando proyectos de desarrollo, aparecen personas que nada tienen qué hacer en esos sectores a tratar de detener lo bueno”, afirmó. ¿Se oponían a que se realizara una consulta? “No, siempre y cuando se apegue estrictamente a la ley”, dijo. Un mes después, en agosto de 2012, Morales hizo suyo el mismo argumento: “La consulta es buena, siempre y cuando se haga en el marco legal”, dijo.

¿Cuándo se realizaría? Cuando se supiera de dónde saldrían los fondos públicos para hacerla y la pregunta específica a colocar en la papeleta de votaciones. Junto a él, Rolando Valdez, delegado de los Cocodes, reafirmó el apoyo al alcalde: “Somos un grupo de 50 personas que estamos representando a las comunidades de este Municipio, y respaldamos al alcalde, ya que ganó las elecciones con el 80 % de votos; y no vamos a permitir que un grupo reducido de personas le quiera dar órdenes”.

Al final, desde la municipalidad la consulta no se realizó y los vecinos previeron doce consultas de buena fe para demostrar su descontento. Lograron hacer ocho, antes del estado de sitio, organizadas por las comunidades sin apoyo oficial, ni regidas por el Código Municipal. En ellas, más del 97% de la gente que participó se oponía a la explotación minera en San Rafael Las Flores. De eso no habló Morales aquel mediodía del 29 de abril, cuando aceptó las regalías voluntarias que daba la minera. “La mayoría de gente apoya la firma de este convenio y me acompañan los presidente de los Cocodes para demostrarlo”, aseveró.

En todo caso, en los siguientes meses se dio cuenta de que la realización de la consulta no garantizaba que se pudiera frenar el proyecto minero. Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, donde más del 98% de los pobladores votaron en contra de la minería en consultas populares, se encontraron que su decisión no tenía valor alguno al momento de valorar si se otorga o no una licencia minera de cualquier tipo. Y esa decisión final la tomó la Corte de Constitucionalidad (CC) cuando determinó, el 5 de diciembre del año pasado, que el resultado de las consultas no era vinculante para las instituciones del Estado encargadas de dar los permisos.

Según la resolución de la CC, dada a conocer en el recurso de inconstitucionalidad al reglamento de la consulta popular de Santa Rosa de Lima, la voluntad de los vecinos será vinculante sólo para que las autoridades locales transmitan su parecer a los órganos estatales competentes, para quienes el resultado sólo tendrá carácter indicativo. Y para las consultas de Mataquescuintla y Nueva Santa Rosa también se presentaron recursos de inconstitucionalidad similares. Aunque en estos últimos casos, los alcaldes decidieron respetar la voluntad de la mayoría que participó en las consultas y ambos se negaron a aceptar el acuerdo de regalías voluntarias con Minera San Rafael.

Trabajo para unos, trabajo para todos

“¿Para qué oponerse si de todos modos la licencia minera era una realidad?”, repitió Morales. “¿Por qué oponerse si todos vamos a tener beneficios con esto?”. Según Pérez Molina, el beneficio se extendía a la población, aparte por los proyectos municipales que ahora tendrían financiamiento, por la apertura de fuentes de trabajo: dos mil puestos, entre trabajadores directos e indirectos. “Lo cual le va a generar no sólo la oportunidad de vivir con dignidad, sino de desarrollarse y poder sostener a su familia en una forma digna a los que trabajen para la empresa”, dijo.

“La lógica de más fuentes de trabajo es igual a desarrollo es la que se quiere aplicar, pero no se dice que los puestos de trabajo que se han creado son insuficientes”, dijo Loy. Sólo en su municipio, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), viven 43,113 personas. En San Rafael Las Flores, otras 13,021 personas. “¿Le parece que dos mil empleos es suficiente?”, afirmó. No se encontró la tasa de desempleo en la zona, pero ambos municipios tienen tres características comunes: más del 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) no es calificada; el sector comercio, servicios e industria apenas proporciona un poco menos del 9% de empleos; y, el desempleo se ve agravado por la falta de tierras propias para cultivo.

Según datos del Presidente, la empresa crearía por lo menos otros 800 empleos al empezar la actividad de la explotación, el 95% de ellos serían para guatemaltecos que, en sus propias palabras, “hoy lamentablemente no encuentran un empleo digno en esas regiones”. Según la minera, hasta mayo de este año, tenía 665 trabajadores y 1,300 contratistas externos. Durante las operaciones, el número de empleos dentro de la planta aumentaría a cerca de 900 y el número de contratistas bajaría. Sin entrar en detalles en la diferencia de datos, Pérez Molina sostuvo que la apertura de empleos “lo que nos muestra es que (la minería) es la vía para desarrollarse, que es la oportunidad que Guatemala tiene para que vengan inversiones extranjeras, pero que no vengan a llevarse la riqueza de los guatemaltecos, sino lo que estamos viendo es que se viene a compartir esa riqueza”. En 2010, Kevin McArthur, presidente y CEO de la minera canadiense, reconoció que el proyecto en San Rafael Las Flores podría producir cerca de 20 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de explotación, colocándola como una de las principales compañías en el sector gracias al costo de producción: US$3. El precio promedio mundial en los es de US$24 por onza de plata durante los últimos cinco años.

Para el mandatario, los siete municipios que firmaron el convenio de regalías voluntarias –aunque en su discurso aseguró que eran nueve– no tenían otra alternativa u opción si querían mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. “Tan solo la comuna de San Rafael Las Flores recibirá 11 veces su presupuesto gracias a las regalías”, agregó Archila, en el mismo acto. La verdad es que era la mitad: los 65 millones anuales de regalías voluntarias a esta municipalidad supera seis veces lo que recibió del Estado en 2012 en concepto de aporte constitucional y de IVA PAZ, que equivalen al 95% de su presupuesto anual.

“Es un dinero importante que servirá para proyectos de desarrollo de la municipalidad”, afirmó Morales, al mismo tiempo que aseguró que la comuna ya trabajaba en una comisión de prevención de conflictos sociales en la municipalidad. Lo dijo sonriente, frente a las cámaras de varias televisoras, justo después de firmar el acuerdo de regalías voluntarias. Así, para 2013, su presupuesto total podría aumentar de Q17.8 millones a un poco más Q82 millones, pasando de tener el plan de gastos más alto del departamento, por encima de la cabecera, Barberena.

¿Y la población que se oponía? “Foráneos que han llevado la oposición política”, afirmó Morales, aunque nunca dio pruebas de ello. Según han dicho el primer mandatario y el ministro de Energía y Minas, era una minoría. Lo dijo Pérez Molina ese día en el patio central del Palacio Nacional de Cultura; lo repetiría tres días después, cuando decretó el estado de sitio en la zona. ¿Quién se opone a obtener recursos adicionales, además de verse beneficiado con los puestos de trabajo directo e indirecto por la instalación de la planta minera?, preguntó. Según él, pocos.

Calas no piensa igual. Rafael Maldonado, coordinador del área política legal del centro, asegura que “los habitantes no buscan un beneficio económico, sino que luchan por el derecho a la vida, a la salud, al agua y a un ambiente no contaminado. Por más dinero que reciban las comunidades no van a estar en paz con la minería”.

Los grises de la minería

En la historia de la Minera San Rafael no todo es blanco o negro. La escala de grises se extiende según las historias de cada uno de los pobladores y su relación con el proyecto minero, dependiendo si el funcionario está a su favor o en contra.

Está la historia de la señora que vende comida a los trabajadores de la empresa, que antes trabajaba lavando ajeno y ve cómo sus ingresos pasaron de poco más de mil a Q20 mil al mes: “¿Cuándo yo iba a ganar ese dinero en este pueblo?”, preguntó. Está la del ganadero que se opone al desarrollo de la minería porque cree que el agua va a escasear y su negocio se podría ir a pique: “A diario se necesita tres veces el peso de cada animal en agua… Y si mis tierras no le sirven a la mina, no me las compran y hará falta el agua, ¿para qué tener este negocio?”, dijo.

También está la del maestro que ve cómo sus alumnos recién graduados tienen como única esperanzas quedarse con una de las plazas de trabajo que brinda la minera: “Aquí conseguir un trabajo de Q4 mil es casi imposible. La minera tiene esos trabajos y ellos, estudiantes de magisterio, ahí quieren a trabajar si aspiran a quedarse en el pueblo”, afirmó.

“La necesidad mueve a cualquiera”, dijo un líder de la resistencia minera en Mataquescuintla. Habló sin dar su nombre –“para evitar repercusiones”, afirmó–, sentado en un banco junto a la cancha de baloncesto, en el parque central del casco urbano, la tercera noche del estado de sitio en Jalapa y Santa Rosa. “Ese muchacho con la pelota es mi sobrino… Trabaja en la minera. Yo no le echo la culpa de nada, no tiene otra opción. ¿Qué por qué lo hace? Porque aquí no hay trabajo decente… Y el único trabajo decente, según el gobierno, es el que la minera va a dar. ¡Resulta que lo decente, lo digno, es ganar dinero por hacer huevo el aire, la tierra y el agua!”.

Los mismos líderes de la resistencia reconocen que algo de lo invertido por Minera San Rafael se ha quedado en los municipios adyacentes al proyecto. “Hay más dinero circulando aquí (San Rafael) y Mataquescuintla, eso es cierto… Es lógico que de todo lo que inviertan en el país, algo quedaría en los pueblos, pero el costo que vamos a pagar a futuro es mayor”, dijo un representante de la resistencia minera en San Rafael Las Flores, donde se han abierto negocios de comida y pequeños hoteles en el casco urbano del pueblo.

Las percepciones de que más dinero circulaba por el municipio no son nuevas. En junio de 2011, en declaraciones a Prensa Libre, el párroco de San Rafael Las Flores, Néstor Melgar, afirmó que el dinero que circulaba en el Municipio había dividido a los vecinos. “Ahora hay nuevos millonarios aquí… han vendido sus tierras a las mineras sin pensar en el daño que le están causando al resto de la población”, dijo.

Según el reporte económico de mayo de 2012, Tahoe Resources compró todos los terrenos necesarios para el funcionamiento del proyecto y desarrolló un programa de reparto de utilidades para proporcionar beneficios a los ex propietarios de las tierras durante toda la vida del mismo, pagando una cantidad de 0.5% de los rendimientos netos de fundición. “Un cierto porcentaje de este dinero será depositado en un fondo especial, administrado por la junta directiva de una asociación de expropietarios, para ser utilizado en mejoras a las comunidades locales en nombre de los miembros de la asociación”. Además, se acordó la posibilidad de que se puedan recomprar las propiedades a un precio preferencial al final de la vida útil de la mina.

El proyecto necesitaría de 281 hectáreas aproximadamente. Con base en estudios realizados por la empresa de 2008 y 2009, el precio promedio por hectárea alcanzaría los US$13,500. Así, la compra de terrenos en la zona alcanzaría los US$3.8 millones de dólares, unos Q29.4 millones.

El resto del dinero que circularía en el área es parte de lo invertido por la empresa en la construcción y funcionamiento de su planta, que derivaría en empleos y salarios. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Minera San Rafael, S.A., invertirá un promedio de Q3,200 millones en la construcción del proyecto, además de Q560 millones en compras y servicios en el país durante la construcción e importará Q826 millones en equipo y maquinaria los siguientes años, que genera impuestos; además de Q200 millones anuales en compras y servicios de operación.

Pero para los representantes de la resistencia, nada de ese dinero valdrá los costos ambientales que se prevén a largo plazo. “Se quieren expandir por todo el país”, dijeron y hablaron con mapas en mano. Tienen uno de colores que han sacado de los mismos reportes internos de Tahoe Resources Inc., donde están señaladas las áreas de reconocimiento, exploración y explotación pretendidas por Minera San Rafael: 2,703.09 km2 de territorio distribuidos en nueve municipios de cuatro departamentos del país. Entre ellas hay dos solicitudes de licencias de reconocimiento: 1,900.6 km2 entre ambas. “Se quieren expandir”, repitieron.

“Todo es un error, que una empresa solicite una licencia no significa que se vaya a dar”, dijo Fernando Castellanos Barquín, director general de minería del MEM. En la actualidad, según los registros del Ministerio, solo se tienen licencias para 188.99 km2. El 89.4% del territorio es para exploración y éste se podría reducir al momento de solicitar la licencia de explotación.

El ejemplo de ello es la licencia de exploración Oasis. Cuando se aprobó, el 15 de marzo de 2007, la licencia comprendía un área de 49 km2 de territorio en los municipios de San Rafael Las Flores y Casillas, Santa Rosa; y, San Carlos Alzatate, Jalapa. Tres años después, cuando se solicitó la extensión del plazo de exploración, el área se redujo a 40 km2. Para 2011, cuando Minera San Rafael solicitó la licencia de explotación Escobal, el 8 de julio de 2011, el área solicitada volvió a reducirse, entonces a 19.99 km2.

Claro, para no perder control sobre el área que ya exploraron, la minera solicitó nuevos permisos de exploración en la medida que se dieron las reducciones al área inicial de la licencia Oasis. Primero, las licencias de exploración Puente Quebrado, Melissa y Cipreses, que cubrían ese 20% de terreno perdido en la renovación de la licencia Oasis. Después, hizo gestiones para las licencias Oasis I, Oasis II y Oasis III, que cubren los 20 km2 que quedaron fuera del área de explotación. Según el catastro minero, actualizado al 31 de mayo de este año, ninguno de estos permisos ha sido autorizado.

“Han hecho las solicitudes y en algún momento se las van a dar”, dijo Roberto Rodríguez Ucelo, presidente del Parlamento Xinca, y continúa: “¿Cómo explica que no tenían licencia de explotación y ya estaban construyendo las casas de los ingenieros, los túneles, la planta?… ¡Todo ya lo estaban haciendo! Eso era porque ya sabían que les iban a dar el permiso”. “Si al gobierno no le importó que la población se opusiera a la minería, ¿qué nos garantiza que no les van a dar el resto de licencias que han pedido? Por eso fue que la resistencia minera se armó, porque no vamos a permitir que se tomen decisiones tan importantes sin que opine la población que saldría afectada”.

Al final, como había dicho el ministro de Energía y Minas (“El marco jurídico nos llevó ahí… Una licencia entra a estudio, pasa los dictámenes jurídicos, pasa por la PGN y estamos obligados a resolver. Cuando la empresa cumple con todos los procedimiento de ley, ¿cómo se debe de actuar? Nuestra obligación fue cumplir con la ley. Eso pasó con Minera San Rafael”), la explotación minera en la zona casi era una realidad. Los túneles y accesos, así como la planta minera, ya tenían los permisos ambientales para su construcción, por ejemplo. Cinco semanas después de que la PGN diera el visto bueno, Tahoe Resources anunció que había cumplido con todos los requisitos legales para la aprobación de la licencia. “Nos hemos reunido con el presidente Otto Pérez Molina y continúa asegurándonos que el permiso final de Escobal se publicará en breve”, dijo Kevin McArthur, presidente y CEO de la minera canadiense, a sus accionistas el 8 de marzo de 2012. Todavía tendría que esperar 13 meses y que el conflicto minero se recrudeciera antes de que se le otorgara finalmente el permiso de explotación.

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