Indiqué que el tránsito desde las economías insostenibles prevalecientes, hacia economías verdes, implica bajar las emisiones de carbono; utilizar los recursos naturales, ya grotescamente mermados, solo en aquellos casos donde su capacidad natural de autorrecuperación no se vea comprometida y sobretodo; garantizar que los sistemas económicos sean socialmente incluyentes. La economía verde se plantea como condicionante del desarrollo sostenible, reconociendo que el crecimiento de las últimas décadas ha ocurrido a costa del agotamiento, la degradación y la contaminación ambiental, hechos que han conducido a niveles de vulnerabilidad sistémica que hoy se revienten, por ejemplo, frente a los embates del clima. Asimismo, se reconoce que los sistemas económicos imperantes han acentuado las disparidades sociales a extremos que, una alta proporción de la población guatemalteca esta, literalmente, muriéndose de hambre.
Planteaba también, que la transición hacia una economía verde requiere el establecimiento de condiciones apropiadas así como recursos financieros. En el primer caso, se requiere de un pacto social que, como punto de partida, reconozca la necesidad de un cambio que tenga como norte el bien común. Este pacto deberá albergar un conjunto de políticas públicas con sus respectivos instrumentos. Por ejemplo, será preciso realizar cambios en la política fiscal; eliminar los incentivos con efectos perjudiciales al ambiente –por ejemplo el incremento del uso de energías no renovables–; incrementar y dirigir la inversión social –en sinergia con la privada– a establecer las condiciones para la inserción de más de un millón de familias rurales en esquemas eficientes de producción; establecer incentivos para “enverdecer” sectores productivos clave, entre otros aspectos. Es evidente que, por ahora, no estamos frente a alternativas de políticas perfectamente coherentes y acabadas, hecho que se convierte en parte del desafío nacional para avanzar hacia una economía verde.
En el segundo caso, también mencione que las transformaciones que necesitamos deben ser financiadas, fundamentalmente, por las actividades económicas que más presionan la naturaleza. Estas son, las que emiten más carbono, las que generan más desechos, las que extraen más materiales ambientales, las que consumen más energía, las que consumen más agua y a las que presionan más los recursos forestales.
El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas de Guatemala –Cuentas verdes– impulsado por IARNA-URL y el Banco de Guatemala, establece que la economía guatemalteca emite un promedio anual de 45.6 millones de toneladas equivalentes de carbono. Casi el 60% de estas son atribuibles a los hogares, tanto por la combustión de leña como por la intensidad de uso de combustibles fósiles en el transporte. La utilización de la leña también es causa directa de la pérdida y degradación de los bosques nacionales –junto a la industrialización ilegal de madera. Junto a los hogares, las actividades manufactureras y de servicios –principalmente las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica– son las que tienen mayor responsabilidad en la producción de emisiones. La economía también produce un total anual de 113.82 millones de toneladas de desechos sólidos, de los cuales, poco más del 80% corresponde a las industrias manufactureras –principalmente elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco– y poco más del 17% corresponde a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los hogares producen solo 1.3% del total.
Se consumen anualmente un promedio de 32.5 millones de metros cúbicos de madera, más del 95% de manera ilegal. Los hogares, principalmente para satisfacer demandas energética (67.3%), las industrias de fabricación de muebles y manufacturas (9.4%) y el aserrado y fabricación de productos de madera (8.1%) suman casi el 85% de la utilización nacional de los productos del bosque. El resto se comparte entre el sector agropecuario y las exportaciones. Se consume un promedio anual de 32 millones de metros cúbicos de agua. La mayor utilización anual nacional corresponde a la agricultura de secano (42.3%), le siguen la agricultura bajo riego (13.4%), las industrias manufactureras (23.3%), el suministro de electricidad, gas y agua (15.3%), el consumo de los hogares (2%) y otras actividades económicas (3.2%). Al analizar el uso, excluyendo el agua de lluvia y la hidroelectricidad, la mayor proporción del uso nacional del agua corresponde al beneficiado de café (54.1%); le siguen el riego de la caña de azúcar (11.7%), el procesamiento de productos alimenticios (5%), el riego del cultivo del banano (3.7%), el riego de palma africana (3.3%); el uso en los hogares (2.8%) y el resto corresponde a otros cultivos y, otras industrias y servicios. La utilización de bienes del subsuelo alcanza un promedio anual de casi 40 millones de toneladas. Del consumo total anual de energía, el 46.3% corresponde a los hogares –principalmente consumo de leña–, el 13% corresponde a las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica –altamente dependientes de hidrocarburos–, le siguen la elaboración de productos de panadería (3.6%), el transporte (3.5%), elaboración de productos de molinería (3.3%), fabricación de cemento, cal y yeso (2.6%) y el resto corresponde a otras 124 actividades económicas.
Estos ejemplos señalan algunos focos sobre los cuales deben operar las políticas públicas a fin de buscar una mejor eficiencia en el uso de la naturaleza y al mismo tiempo financiar mecanismos de conservación y restauración que reduzcan la vulnerabilidad sistémica del país.
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