Revista de prensa 250113

Las cámaras de Comercio y Construcción presentaron cuatro impugnaciones  contra 15 artículos de los Decretos 4-2012 y 10-2012 Ley de Actualización Tributaria. Hoy lo hará la Cámara de la Construcción. Según ellos, motivan el cierre de muchas empresas o su traslado hacia la informalidad. Algunos de los temas impugnados son: cuestionar la potestad que se le da a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para cerrar negocios y el incremento al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. Miguel Gutiérrez, jefe de la SAT, explicó que presentarán un descargo de defensa para contrarrestar las impugnaciones planteadas por los empresarios, ya que si la Corte de Constitucionalidad  favorece a los   inconformes afectará severamente la recaudación y obligarían al Gobierno a contener sus gastos. Roberto  Molina Barreto , magistrado de la CC, informó que existen al menos seis impugnaciones a la Ley de Actualización Tributaria.
Los restos de Roberto Enrique Cac Suc fueron entregados a su familia por personeros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, (FAFG), después de permanecer 31 años desaparecido, ya que, desde el 5 de abril de 1982 no se sabía de su paradero. Cac es la primera persona identificada entre más de 500 osamentas localizadas en el mencionado cuartel militar. La viuda de Cac pidió al Estado resarcimiento y afirmó que en este país “sí hubo genocidio”.
El perito peruano Rodolfo Robles en un informe dijo, exculpando a Otto Pérez de violaciones a los derechos humanos, que “la imputación del mencionado general no tiene sustento ni fundamento, porque no tiene capacidad de mando”, y eso fue lo que argumentó el defensor de José Mauricio Rodríguez Sánchez, pues el puesto de Pérez y de Sánchez, era el mismo: jefe de inteligencia militar. Esto se dio en la audiencia intermedia para decidir si se le abre a juicio a Rodríguez y a Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. El juez Gálvez dijo que el lunes decidirá el futuro de los sindicados.
La iniciativa de Lider es que se abran los mercados de las medicinas que compra el Estado para que puedan competir empresas internacionales. Por lo que la Vicepresidenta, según fuentes cercanas al Partido Patriota, convocará a una reunión para fijar los precios topes de las medicinas.
Otto Pérez se reunión con varios empresarios “de alto nivel” que apoyaron su propuesta sobre que la lucha contra las drogas debe ser distinta. Según comentó el canciller Fernando Carrera, la reunión en Suiza fue un éxito y próximamente se espera que la directora de Transparencia, Huguette Labelle, visite Guatemala en los próximos seis meses para obtener apoyo internacional a la propuesta.
OPINIÓN
Gustavo Berganza dice que de acuerdo a las estadísticas de Incidencia Criminal de la PNC, durante 2012, los delitos contra el patrimonio apenas se redujeron en 0.004 por ciento en el departamento de Guatemala. Y los robos a peatones, que son los que provocan gran sensación de indefensión y ultraje en quien los padece, aumentaron en un 51 por ciento: de 575 subieron a 867. El Partido Patriota, con su legión de exmilitares, quienes presuntamente tienen elknow-how para abatir la violencia y la delincuencia, quebrantó su promesa de que íbamos a sentir el cambio cuando ellos asumieran el Gobierno. Por eso no es extraño que el 59 por ciento de las opiniones recogidas por CID-Gallup afirmen que el país va por el camino equivocado.
OPINIÓN
Carol Zardetto se pregunta y se responde porqué la clase media es a la que más le agregan impuestos. Ella dice que los clasemedieros no tienen los recursos que permiten a los poderosos evadir, o “lobbyistas” en el Congreso y su propia actividad productiva le exige ordenarse dentro del sistema tributario y no hace parte del sector de “informal”.  El problema es que el Estado no tiene a quién más recurrir para generar impuestos.  Los grandes poderes económicos en Guatemala no están dispuestos a aportar una parte justa de sus ganancias al fisco.  La SAT tampoco tiene capacidad de ampliar su base tributaria. Así, lo más fácil es “clavar” al contribuyente que ya está comprometido con el sistema y que no reclamará.
La cámara de Comercio y la del Agro presentaron ayer en la Corte de Constitucionalidad (CC)  cuatro acciones de inconstitucionalidad contra 15 artículos de los  decretos 4-2012 y 10-2012, que contienen la Ley de actualización tributaria. Los 15 artículos impugnados están divididos en cuatro memoriales, dos de ellos son del decreto 10-2012, que contienen ocho temas. Los otros dos documentos se refieren a siete temas del decreto 4-2012, que aún permanecen vigentes. El  presidente Otto Pérez Molina dijo que respetará la resolución de la CC.
Dos días después de que se diera a conocer la estrategia de Belice sobre la consulta popular prevista para el 6 de octubre de este año, el presidente Otto Pérez Molina dijo ayer que si ese país no restablece su legislación sobre la cantidad de votantes registrados que deben participar en el referendo para que sea válido, Guatemala pondrá una reserva sobre su participación. Debido a ese plazo, Pérez Molina calificó febrero como un “mes crítico” para lograr definir esta situación y saber si Guatemala presenta una reserva que tendría “argumentos sólidos” y todo el “entendimiento” de la comunidad internacional.
Faltan pocas horas para que el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) deje de existir tras un gobierno de escándalos y dé origen a una nueva organización partidaria, mientras su fundador, Efraín Ríos Montt, espera si es enviado a juicio por supuesto genocidio. Se prevé que mañana, en la última asamblea del FRG, en la Casa Ariana, zona 9, se modificará  la escritura constitutiva y  estatutos para crear el Partido Republicano Institucional (PRI).
Miguel Ángel Gálvez, juez primero B de Mayor Riesgo, dará a conocer el próximo lunes la resolución en que decidirá si abre juicio a los militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y deberes contra la humanidad. Ayer terminó la audiencia, que duró tres días, en que el MP pidió que los militares enfrenten juicio, mientras la defensa de los acusados solicitó que se cierre el proceso penal, y el sobreseimiento.
La adjudicación de siete zonas para la explotación petrolera ha generado suspicacia y debate por parte de grupos ecologistas que reclaman mayores  controles de impacto ambiental para garantizar que no se dañará la Biosfera Maya, porque dos de los proyectos se encuentran en zonas de amortización  en áreas protegidas en Petén. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el próximo  13 de febrero  culmina la fase de licitación de zonas  y se podrían adjudicar las 795 mil 858.8 hectáreas ofertadas, ya que 49 empresas han manifestado su interés por la extracción de petróleo. El MEM justifica la licitación de zonas petroleras con la necesidad de aumentar la producción de crudo en el país de menos de cinco mil barriles diarios en la actualidad a 23 mil en los próximos dos años; a 26 mil para el 2016 y, según  sus proyecciones,   producir cerca de 18 millones de barriles de crudo al año en el 2020.
El programa de la supertortilla estaría por llegar a su fin si el Gobierno toma en cuenta el estudio científico que afirma que esta no contiene los nutrientes  mínimos que exige el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para reducir la desnutrición crónica y aguda en el país. “Los alimentos para los niños de 6  a 24 meses tienen ciertas características nutricionales que no corresponden a lo que presenta la harina fortificada”, explicó Maritza de Oliva, oficial del PMA. El análisis de la harina fortificada de la cual se hace la supertortilla, fue efectuado por siete instituciones nacionales e internacionales, con base en los integrantes incluidos en la licitación.
OPINIÓN
Alfred Kaltschmitt señala que la estrategia política de Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados, alude a la obra Del arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo. También indica que en ese juicio la verdad no importa porque es un montaje político. Que está comprobada la política de Estado que emanaba desde el gobierno para llevar a cabo atrocidades, pero que se quiere hacer ver a la guerra como unilateral. “Los guerrilleros pueden beneficiarse de todos los desmadres, delitos, asesinatos, destrucciones que hicieron, pero los militares no(…)Y en cuanto a pruebas, están utilizando la Memoria Histórica REHMI, documento que expresamente se prohíbe en los acuerdos de paz utilizar”, dice Kaltschmitt.
OPINIÓN
En el espacio de Samuel Pérez- Attias se muestra una historia, en la que se compara la vida de Hanna, una londinense y Sarah, una neoyorkina, con la vida de Rosa.  Según Pérez-Attias la relación entre ellas es que Rosa de 15 años, trabaja en la maquila produciendo la ropa que Sarah y Hanna visten por un salario de $8 al día.
Existen dos sistemas jurídicos en el país, el sistema jurídico maya y el sistema oficial. Durante siglos el primero ha sido relegado a los márgenes del imaginario guatemalteco, y su justicia considerada anticuada. Sin embargo, analistas creen primordial el conocimiento y uso de los dos tipos de sistemas jurídicos existentes en el país. Según Miguel de León Ceto, secretario de la Alcaldía de Negaj, Chajul y Cotzal, del departamento de Quiché, el derecho Indígena lo constituyen la conciliación y reparación, para lograr ¨armonía en la comunidad¨.
Después de tres días de audiencia, Miguel Ángel Gálvez, juez Primero B de Mayor Riesgo, aplazó sentencia del caso de los ex generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos acusados por genocidio y deberes contra la humanidad durante 1982 y 1983. El fallo del juez decidirá si los acusado serán enviados a juicio, a petición de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), ente que representa a las víctimas del pueblo Ixil.
En vista que, el próximo sábado, la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), designará al nuevo presidente de la entidad, Haroldo Vásquez, el actual titular, marcó su intención de volver a ser electo para dirigir la Asociación. Vásquez afirma que tras su reelección existe un cuerpo de jueces y magistrados que lo apoyan. Asimismo, Anabella Cardona Cámbara, vocal segundo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, también hizo pública su candidatura, a través de la planilla Movimiento Profesional de la Judicatura.
OPINIÓN
Oscar Clemente Marroquín explica que n año después de haber lanzado públicamente su tesis de la despenalización de la droga y la necesaria búsqueda de nuevas formas para combatir el problema y sus sangrientas consecuencias en estos países, el presidente Otto Pérez vuelve a la carga al replantear el tema en la reunión anual del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, y adelantó que este año se plantea la realización de una cumbre en Tikal para discutir la cuestión.
OPINIÓN
John Carroll comenta que Hace algún tiempo discutiendo con un amigo acerca de los cada vez más comunes levantamientos sociales ante proyectos de minería y de generación eléctrica, él argumentó que buena parte de la culpa de esos actos de inestabilidad social era de los empresarios que desarrollaban esos proyectos pues, según él, no hacían lo suficiente para beneficiar a las comunidades. Asimismo se pregunta, si “beneficiar” a las comunidades -lo que sea que eso signifique- es una obligación del empresario o el fundamento legal sobre el cual construimos cualquier proyecto productivo es tan incierto que tenemos que recurrir a este tipo de “beneficios” forcivoluntariamente. Además se pregunta, qué diferencia hay entre este tipo de “beneficios” y los sobornos, mordidas o prebendas a los que algunos empresarios recurren cuando el ejercicio económico de la formalidad y la legalidad sale más caro que otorgar un premio a cambio del permiso y la viabilidad del proyecto.