Revista de Prensa 17 de Agosto 2012

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Aunque el martes comienza una nueva interpelación, los diputados en el Congreso no pudieron avanzar ayer en la agenda legislativa, debido a la falta de acuerdos para aprobar la ley penal contra el enriquecimiento ilícito. Además, la bancada oficialista no contó con apoyo para la aprobación de dos préstamos que suman US$67 millones (Q536 millones) con los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM).
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El Ministerio de Educación (Mineduc) busca, a través de dos licitaciones públicas, adquirir cinco mil 260 tabletas electrónicas multimedia y dos mil 490 computadoras para las Escuelas Demostrativas del Futuro (EDF). Según el viceministro administrativo, Alfredo García, se tienen destinados Q30 millones para la compra del equipo, capacitación y mantenimiento. De acuerdo con la ministra de Educación, Cynthia del Águila, el proyecto, que incluye más de 800 escuelas, permitirá la permanencia de los estudiantes en el nivel primario con la motivación de la tecnología.
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Una investigación sobre aspectos demográficos, sociales, económicos, ambientales y políticos en Centroamérica evidencia problemas de déficit de servicios públicos, desnutrición, baja carga tributaria y emigración por falta de oportunidades. El cuarto estudio del conglomerado Estado de la Nación-Región, denominado Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica, contiene información de organizaciones civiles del Istmo.
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El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Mauro Chacón, afirmó por la vía telefónica a Prensa Libre que la acción de amparo planteada por la defensa del expresidente Alfonso Portillo contra el acuerdo gubernativo emitido por Álvaro Colom, presidente de la República 2008-2012, no detiene la entrega de aquel a Estados Unidos. Al mismo tiempo justificó que en lo que va del año han ingresado en la CC tres mil expedientes, que al dividirlos entre los cinco magistrados dificultan cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Amparo —un mes—.
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Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la extinta Policía Nacional (PN), enfrenta desde ayer su primer juicio, esta vez por la desaparición forzada de Édgar Sáenz Calito, estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos (Usac). En el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo se desarrolla el debate por desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
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El Ejecutivo espera enviar al Congreso en las próximas dos semanas una propuesta de la nueva Ley Aduanera, mediante reformas al decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, donde está contenida esa legislación. Durante el encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que hoy concluirá el análisis jurídico del texto consensuado con el sector privado, y luego de una última revisión, en los próximos días, esperan en un plazo de 15 días elevar la propuesta al Legislativo.
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Con el voto a favorable de 105 legisladores, el Congreso aprobó ayer en la tarde el decreto por el cual Erick Barrondo se declara exento del pago de todo impuesto que recaiga sobre los premios o donaciones que reciba el atleta ganador de una medalla de plata.
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Acorde a datos de la Secretaria de Control y Transparencia (Secyt) ser reciben alrededor de 175 denuncias diarias por actos de corrupción de entidades gubernamentales. Veronica Taracena,titular de la SECYT aclaró que las denuncias se han analizado detalladamente y se esta tratando de evaluar la forma en que los guatemaltecos exponen los casos y la veracidad de los mismos.
OPINIÓN
El editorial comenta acera el trafico de droga que el Gobierno enfrenta en este momento. La reciente incautación de 80 toneles con pasta de coca en Puerto Quetzal preocupa a las autoridades del Gobierno porque el narcotráfico busca utilizar territorio para la producción de cocaína. El martes pasado, el gobernante no solo anunció los programas "Las Dos Puertas", "Triangulo de la Dignidad" y "Bolsa Segura" y también el pago de parte de la deuda que los campesinos tienen luego de adquirir. Es desafío doble para el país ya que Guatemala no puede perder la batalla contra el hambre ni el crimen.
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La bancada del Partido Patriota presentó tres enmiendas a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito. Las primera enmienda es al artículo que definía el tráfico de influencias, donde se especificaba que un funcionario era sujeto al tráfico de influencias y no así un privad. Según el diputado Pedro Muadi la redacción de este artículo impedía cualquier comunicación de un privado con un diputado. La segunda enmienda elimina la frase donde se establece que las personas jurídicas son responsables de actos por falta de control y supervisión y la tercera enmienda está relacionada con tema de la Secretaría de la Transparencia, ya que indica que puede gestionar recursos de la cooperación internacional y esto chocaría con las funciones de la Secretaría General de Planificación Estratégica.
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Luego de la reunión con el sindicato de la Empresa Puerto Quetzal, el interventor, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas se llegó al acuerdo de brindar 10 días para que las partes interesadas puedan presentar argumentos legales en contra del usufructo entregado por el puerto a la empresa española TCB. Allan Marroquín también afirmó que si está revisando este usufructo deberá hacerse de la misma manera con los otros 21 usufructos que ha entregado la Empresa, aunque esto signifique correr con el riesgo de perder el 18% de sus ingresos.
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Pedro Duchez, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, luego del artículo publicado ayer en La Hora sobre un usufructo que se planea otorgar para la construcción de un museo maya en las instalaciones del mercado de artesanías dio una conferencia de prensa donde plantea que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación y que no planea mover de lugar el mercado. Además insistió que el proyecto no se maneja con ninguna secretividad y que no se a dicho nada porque “no  hay nada que decir”.
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Una demanda presentada por el abogado Carlos Medina Mencos contra la Municipalidad de Guatemala por haber contratado a una empresa financiera para administrar el Impuesto Único sobre Inmueble (IUSI) hizo que un tribunal resolviera que la Municipalidad de Guatemala no siguió el procedimiento legal para efectuar los avalúos. Además declaró que no está facultada para valuar el impuesto ya que únicamente es recaudadora.
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El Congreso aún no cuenta con un sistema de transparencia efectivo a pesar de que se solicitó una cuenta madre en el Banco de Guatemala para no permitir que los directivos decidieran en que banco se depositaba el dinero y así generar intereses. Ahora los cheques que se entregan a los diputados se entregan a título persona y son no negociables y a fin de cada mes debe hacerse un informe respaldado con facturas para argumentar el gasto. Acción Ciudadana sugirió que además de estos nuevos mecanismos se apruebe un código de ética vinculante para fomentar la transparencia.
OPINIÓN
Oscar Clemente Marroquín relata como uno de los asistentes a las reuniones de gabinete cada semana en Casa Presidencial afirma que las reuniones son foros para oírse a uno mismo ya que los ministros no están interesados en oír al otro y esto no deja que exista el trabajo en equipo. Pone ejemplos como la relación entre el Ministro de Finanzas y el Superintendente de Administración Tributaria que deberían trabajar armoniosamente pero no lo hacen y esto dificulta el funcionamiento del gobierno. Lo mismo con la relación entre la vicepresidente y el Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
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La Justicia de Guatemala inició hoy el juicio oral y público en contra del exjefe policial Pedro García Arredondo, acusado de la desaparición forzada en 1981 del estudiante universitario Edgar Saenz. El juicio se celebra en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que preside la jueza Jazmín Barrios, quien inicialmente rechazó varias acciones del abogado de García, Moisés Galindo, quien pidió, sin éxito, que terminara la persecución penal contra su cliente y el sobreseimiento del proceso por falta de pruebas.
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Pedro Muadi Menéndez, diputado del PP, explicó ayer que buscan cambios en el contenido de la iniciativa que dispone tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. Las modificaciones van encaminadas a un artículo relacionado con las personas jurídicas para que se elimine dicha frase y se quede sólo con personas individuales.
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“El Ministerio de Educación (Mineduc) tiene mucho que analizar”. Asi resumió la titular de esa cartera, Cynthia Del Águila, al recibir el documento final de la Propuesta de Formación Inicial Docente (FID) realizada por la Mesa Técnica, la cual no tiene cambios de fondo y mantiene la postura de formar a los futuros maestros en cinco años.
OPINIÓN
Estuardo Zapeta propone que muchas son las características que se han analizado del “crimen organizado”, y de igual manera se pregunta si el problema real no es el nivel de “organización” del crimen, sino la admirable “des-organización” del Estado. Solo las preguntas correctas que nos llevarán a los caminos correctos.... Y siempre son más importantes las preguntas que las respuestas. Eso hace: preguntar. Veamos los indicadores globales que nos dicen cómo estamos comparativamente; por ejemplo, en el Índice de Calidad Institucional (ICI) en la medición de Cumplimiento del Estado de derecho tenemos la calificación más baja, y una de las consecuencias a la poca “certeza jurídica” da como resultado una ventaja al crimen.