Revista de prensa 110113
Arnoldo Adán Aval Zamora, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), interpuso ayer al mediodía un primer amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión anunciada por el mandatario Otto Pérez de remover al presidente de la Junta Directiva, Luis Reyes Mayén. Por la noche Hilda Chiroy, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, presentó otro recurso. Ambos plantean que el presidente está violando la autonomía del IGSS, el debido proceso
La Constructora Codico, S.A. se encargará de los trabajos que comienzan en el tramo de salida del puente Belice a la entrada de Centra Norte, zona 18 y durarán aproximadamente tres meses. El tráfico no será interrumpido porque la obra se realizará por carriles. La empresa obtuvo la adjudicación de esta obra que asciende a Q30.4 millones a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS). Según el portal Guatecompras, participaron en el concurso tres empresas: Pavimentos de Guatemala, S.A. y Pavimentos del Norte S.A., ofertas que “no se aperturaron por quedar descalificadas al no cumplir con los requisitos”.
En los diez municipios con los índices más elevados de desnutrición en Guatemala, el Pacto Hambre Cero ha funcionado de forma irregular. Solo uno de los alcaldes de estos lugares asegura que fueron beneficiados con la construcción de una carretera, aun cuando habilitar rutas para proveer alimentos es uno de los ejes principales para combatir este problema.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) está cotejando muestras de ADN dentro del proceso de identificación de las 500 osamentas encontradas en un antiguo destacamento militar de Cobán, Alta Verapaz, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas. Para Aura Elena Farfán, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), el proceso de identificación de las víctimas es doloroso pero necesario. “Es un derecho humano que la gente encuentre a sus desaparecidos y les dé sepultura”, enfatizó.
OPINIÓN
Carol Zardettto dice que a pesar de la larga tradición en nuestro sistema jurídico de un sistema indemnizatorio, pareciera ser que al Secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, le estorban las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por transgresiones cometidas por el Estado de Guatemala, algunas tan graves como la desaparición o la muerte. Desde que llegó a la Secretaría de la Paz, la postura de Arenales Forno ha quedado clara. Ha hecho declaraciones tajantes, como que en Guatemala no hubo genocidio y se ha mostrado radical defensor de la aplicación de la Amnistía a favor de los militares involucrados en acusaciones por actos ilegales cometidos durante el conflicto armado. Si los tribunales de justicia en Guatemala procedieran a cumplir con su función, quizá no habría tantos casos sometidos a la CorteIDH.
El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) aprobó la distribución de US$1.3 millones —Q10.2 millones— incautados al crimen organizado. El 20 por ciento del monto confiscado se destina para cubrir los gastos de las unidades de investigación, 20 por ciento serán fondos privados del Ministerio Público para protección de testigos, 18 por ciento serán empleados para entrenamiento y adquisición de equipo en el Ministerio de Gobernación, 15 por ciento serán para fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, y 2 por ciento para la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interponer sus buenos oficios para prevenir la contaminación que podría causar el proyecto minero Cerro Blanco de Guatemala. Según el ombudsman salvadoreño dicho proyecto se ha convertido en “una amenaza lenta y segura para la vida humana, la vegetación, la fauna y el recurso hídrico, no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador”.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron no suspender de manera provisional el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, que incluye el impuesto a la circulación de vehículos, por lo que las impugnaciones continúan con su trámite hasta que se emita un fallo definitivo, y por lo tanto esa normativa está vigente. Esto, a raíz de dos acciones de inconstitucionalidad planteadas por el diputado Álvaro Trujillo Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el 2 de enero último, y por Fernando José Enríquez Escobedo.
Debido a que Luis Reyes Mayén, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se niega a renunciar, será destituido, aseguró ayer el presidente Otto Pérez Molina. Además, el IGSS informó en un comunicado que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el cambio. La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala también rechazó la decisión del Gobierno, porque considera que viola la autonomía del IGSS.
La agenda del segundo año de la séptima legislatura, que comienza el próximo jueves, podría entramparse porque hay dos interpelaciones programadas, y hay otras siete solicitadas; la mayoría por la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder). Los ministros citados son el de Cultura, Carlos Batzín, y de Educación, Cynthia del Águila. A fin de remediar el uso de las interpelaciones como un mecanismo para bloquear la agenda, los diputados Nineth Montenegro y Mario Taracena han presentado, por aparte, propuestas para regularlas.
La segunda Vicepresidenta del Congreso, Nineth Montenegro, informó que la curul de Catarina Pastor, quien falleció en un accidente aéreo el 30 de diciembre, deberá ser definida por la Junta Directiva que asume el 14 de enero.
Según Montenegro, el suplente debería ser Marco Antonio Lemus Salguero, pero fungió como contratista del Estado y el artículo 164 inciso b) de la Constitución lo inhibe. Otro posible suplente es el actual gobernador de Quiché pero expresó su deseo por continuar en el cargo y no asumir como diputado.
OPINIÓN
Al plantear la dificultad que supone elegir personas idóneas para integrar un equipo de Gobierno, Mario Antonio Sandoval expresa las sospechas que la destitución del presidente de la junta directiva del IGSS sugiere y califica la omisión del presidente Otto Peréz como una especie de “golpe de estado técnico” a una entidad estatal. Menciona que es imposible evitar la suspicacia para quienes consideran que la destitución es ilegal, y colocar a una persona de total confianza para el gobernante.
OPINIÓN
Samuel Pérez-Attias expone las consecuencias de las políticas de ajuste estructural económico después del conflicto armado interno. Entre ellas, un esquema de profundas asimetrías y pobreza para las mayorías, un PIB más grande pero que se concentra en pocos. En materia de seguridad, lo que antes debía hacer el Estado, hoy lo defiende el individuo con sus propios medios. Así, los que ganan son los que tienen más recursos. La mayoría pierde y ganan los que ejercen poder mediante el terror. Concluye invitando a reflexionar en el país que hemos construido y construir uno nuevo basado en la vida (no la muerte), la paz (no la violencia) y la equidad.
El cierre del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) sería una decisión acertada de parte del Ejecutivo, debido a que no son indispensables para ejecutar gasto y propician la corrupción, dijo la contralora general de Cuentas, Nora Segura, citada por la AGN.
Otto Pérez Molina, presidente de la República, dio a conocer este lunes, que tomó la decisión de cerrar el Fondo, debido a los señalamientos de corrupción que tenía la entidad y que además era una institución “desprestigiada”. El mandatario nombrará una comisión liquidadora para concluir los procesos de Fonapaz, a partir del 14 de enero próximo.
Según la contralora Nora Segura, el cierre es una decisión que debe ser reconocida al Ejecutivo, pero además, debe tomarse como ejemplo para clausurar por lo menos 112 fideicomisos que actualmente funcionan en el gobierno y que serían calificados como focos de corrupción.
La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos (Asopagua) presentó ayer un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la modificación a la forma de pago para el subsidio del transporte urbano.
Según Asopagua el Congreso modificó el artículo 5 de la Ley del Presupuesto para el 2013, con el objetivo de otorgar los Q245 millones de subsidio solo a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
Indicaron que con este cambio el subsidio ya no será para el transporte urbano, sino para la AEAU, “con ello nos están excluyendo de recibir el aporte del Gobierno” dijo Jorge García, vocero de Asopagua.
García dijo que son más de 300 transportistas los que plantearon dicho amparo para que se suspenda la modificación que realizó el Congreso y de esa manera se continúe entregando la parte que les corresponde del subsidio.
Además señaló que con el cambio la situación se agravaría, puesto que ahora, para entregarles el subsidio, la AEAU les cobra Q1 mil 566 por bus, y con esta modificación sería más engorroso.
Al concluir 2012 el Gobierno lanzó un portal Web que tenía como finalidad transparentar los gastos de gobierno y dar a conocer información pública de sus diferentes entidades, aunado al portal sobre reconstrucción lanzado en noviembre,
Pero a la fecha ambos sitios electrónicos no contienen la cantidad de información aceptable y actualizada; analistas consideran que el objetivo de impulsar el tema de transparencia con estas herramientas se ha quedado en el intento ya que no existe una política real que la respalde.
Para rendición de cuentas sobre la reconstrucción el gobierno presentó en noviembre pasado la página http://reconstruyendoguatemala.secyt.gob.gt, que presentaría un informe detallado sobre gastos e inversión de 43 entidades del organismo Ejecutivo y la Conred.
El sitio Web está dividido en información sobre donaciones y cooperación, el plan de reconstrucción, la ejecución, que contiene los informes de ejecución de ministerios y secretarías, el informe de gastos realizados y avances de la reconstrucción, reporte oficial de daños y atención ciudadana para recibir denuncias sobre corrupción.
María del Rosario Melgar Martínez, exasistente de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación, asesinado en el 2005, fue enviada a juicio por el delito de ejecución extrajudicial.
Melgar, quien era conocida en Gobernación como Mari Ro, deberá enfrentar debate oral y público por su presunta participación en la muerte del reo Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, quien se había fugado de la cárcel de alta seguridad, El Infiernito. El hecho ocurrió en el 2005, en Zacapa.
De acuerdo a las investigaciones, las autoridades localizaron al reo y simularon un enfrentamiento para ejecutarlo. Presuntamente Melgar Martínez participó en este operativo al obstruir el tránsito con su vehículo en el kilómetro 106.5 para evitar el paso de particulares mientras se efectuaba el hecho.
La resolución fue emitida esta mañana por Carol Patricia Flores, del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo.
OPINIÓN
Francisco Cáceres Barrios reitera que aunque era patojo, recuerda los días de los gobiernos de la Revolución de Octubre y muchos subsiguientes en que la población esperaba con ansiedad escuchar las palabras del jefe del Estado para enterarse cómo se iban desenvolviendo sus actividades, como qué pensaba hacer en el nuevo año de su mandato. Lamentablemente debido al desencanto producido por tantas y reiteradas promesas incumplidas, como el descarado cinismo demostrado al asegurar algo como si en verdad se hubiera hecho, pero que en la realidad no existe, fue decayendo la importancia de los mensajes presidenciales.
Últimamente a la gran mayoría de la población le importa un bledo qué ocurra ese día en el Congreso y solo se percata de la fecha hasta que confronta un tránsito de vehículos todavía más entrampado en el Centro Histórico. Pero en mi caso tengo un vivo interés en saber qué va a decir el General Pérez Molina cuando hable de su pretendido combate a la corrupción, como de la transparencia de sus actos de gobierno. Me muero de la curiosidad por saber qué va a decir cuando hable de su promesa de transparentar la compra de medicinas y demás insumos para los centros de salud y hospitales del Estado y me pregunto ¿tan pronto se olvidará que hace pocos días su flamante Ministro de Finanzas se despachó con la cuchara grande publicando once acuerdos en donde prorroga el plazo de contratos abiertos para adquirir material médico quirúrgico, para exámenes clínicos y áreas de atención, fármacos, productos medicinales y fórmulas sucedáneas de la leche entre una gran variedad de insumos, sabiendo todo el mundo que eso y más ya lleva dedicatoria?
El mandatario Otto Pérez insistió ayer en que el 14 de enero “destituirá” al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Luis Alberto Reyes Mayén, y que en su lugar nombrará a Juan de Dios Rodríguez.
El 19 de diciembre de 2012, la Dirección General de Migración (DGM) adjudicó aGiesecke & Devrient GMBH un contrato por Q11 millones para la adquisición de 400 mil libretas para pasaportes, en medio de inconformidades planteadas por dos de las tres empresas que participaron en el evento, que señalan anomalías en el evento.
Aunque el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, dijo ayer que acatará las instrucciones del Presidente respecto a quién deba continuar las obras pendientes que deje el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), aclaró que desearía que los proyectos pendientes los finalice otra institución, no su cartera.
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no suspender de forma temporal el decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria. “Lo que significa que se mantiene vigente”, informó el presidente Mauro Chacón.
El Comité de Unidad Campesina (Cuc) indicó que apoyará las manifestaciones anunciadas por normalistas, docentes y padres de familia en rechazo a la reforma educativa que ha implementado el Ministerio de Educación a la carrera de magisterio.
OPINIÓN
Estuardo Zapeta escribe que le causa una gran duda cuando te ponés a hablar ahora de “readecuación” del personal de “Robapaz”, o sea de la gente que trabajaba en esa institución que vos mismo decís que fue, con el tiempo, “penetrada” por la corrupción, y que no pudiste hacer nada durante tu primer año de gobierno para combatirla.
