Revista de prensa 090113
De concretarse el anuncio de Pérez Molina de remover a Reyes, la Junta Directiva del IGSS podría presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) por violación a la Ley orgánica de la institución, dijo Amparo Lotán, representante de los trabajadores. Max Quirín, representante del sector patronal, dijo que “el Presidente debe consultar con el sector patronal y de trabajadores antes de hacer una propuesta”. Sin embargo, el secretario general, Gustavo Martínez, explicó que Reyes Mayén “completó un periodo, no estaba iniciando un plazo, y ese plazo que le correspondía cubrir ya venció en 2010”.
Según el reporte policial, 200 pobladores exigieron ingresar a la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, pero los guardias privados lo impidieron y se generó un enfrentamiento en el que resultaron con heridas de bala dos personas: Edin Otoniel Vásquez Cayax, de 36 años, y Julio Leonardo Coc Yax, de 24. La Policía Nacional Civil de la localidad informó que también hubo dos personas detenidas, las cuales fueron entregadas a la población que amenazó con agredir físicamente a los agentes.
El proceso incluirá el nombramiento de un representante de Bienes del Estado, uno del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Contraloría General de Cuentas, de la Presidencia y del Fondo. Será en torno al pago de la deuda de arrastre, la asignación de fondos, el traslado de programas a otras entidades, el cese del contrato de 820 trabajadores y el tiempo que llevará cancelar el Fonapaz. Gustavo Martínez, secretario general, indicó que el acuerdo se publicará a más tardar el próximo miércoles. Baldetti dijo que con excepción del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto, el resto de programas serán trasladados al Ministerio de Desarrollo Social.
Según Ruth del Valle, el acuerdo no tiene ningún efecto jurídico sino que solo sirve para desgastar al presidente. Marta Altolaguirre dice que el acuerdo supone una disminución de los derechos de los ciudadanos. Frank La Rue dice que los dos gobiernos anteriores, a través de la Copredeh, establecieron una política pública de reconocimiento de la verdad, el pasado y la reconciliación. Debe mantenerse el principio de progresividad
en los derechos humanos, nunca retroceder. Y Antonio Arenales dice que no debe confundirse los derechos humanos con derecho penal y que el Estado debe pagar según sus posibilidades.
Dos acciones legales presentadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mantienen en suspenso el proceso abierto contra José Estuardo y Francisco José Valdés Paiz, señalados por la entidad y por el Ministerio Público (MP) como responsables de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.
OPINIÓN
Dina Fernández felicita al presidente que después de la publicación de una avalancha de reportajes acerca de las anomalías cometidas en esa dependencia, cortesía de los colegas Asier Andrés y Paola Hurtado, el mandatario reconoció que la corrupción está tan enraizada en ese lugar que la única solución es desaparecerlo. Pero, aún muerto Fonapaz, quedarán vigentes otros fondos sociales, como el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades) o el Fondo Social de Solidaridad (FSS), que igual pueden servir para convertir en piñata el tesoro público. La columnista propone el cierre de todos los fondos sociales y la persecución penal de los implicados en el desfalco de Fonapaz.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García Sayán, explicó que hasta ahora no hay otro caso en donde se haya presentado una reserva, tal y como lo pretende hacer Guatemala al limitar competencia a ese órgano internacional. También explicó que como Corte no han tenido información oficial al respecto de parte de el gobierno de Guatemala.
Cuatro empleados de la firma Montana Exploradora y la Mina Marlin resultaron heridos de bala en un incidente con guardias de seguridad de la empresa, luego de que los trabajadores mostraron su descontento por el despido de 40 personas.
El Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) adjudicó 11 proyectos para mejoramiento de carreteras y calles en aldeas de nueve departamentos, por Q30.1 millones, apenas unas horas después de que el presidente Otto Pérez Molina anunciara su cierre, el lunes último.
Armando Paniagua, director de Fonapaz, dijo que no hay ninguna ilegalidad en las adjudicaciones, ya que esos proyectos vienen desde el 2012 y declaró que “No se puede cerrar el Fondo de la noche a la mañana”.
Una disputa legal se da entre autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Gobierno por el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez como presidente de la junta directiva de esa institución en relevo de Luis Reyes Mayén. Según el Departamento de Comunicación Social del IGSS el mandato de Mayén vence el 29 de septiembre próximo, por lo que califica de “ilegal” el nombramiento de Rodríguez.
Las 334 municipalidades del país recibirán este año Q2 mil 704 millones del aporte del Estado, según determinó la Comisión de Cálculo Matemático del Situado Constitucional.
La denuncia que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra 18 jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue depurada por el Ministerio Público (MP), y a su vez pidió que a 13 de ese total de juzgadores se les inicie el trámite para retirarles la inmunidad.
Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, explicó que la denuncia es solo contra 13 juzgadores, ya que los otros cinco ya se había planteado el antejuicio con anterioridad pero fueron declarados sin lugar.
La vicepresidenta Roxana Baldetti dio a conocer que en los próximos días presentarán una iniciativa de ley para la creación de un código de ética, la propuesta se concreta desde la recién creada Comisión Presidencial de Transparencia (Copret).
El Ministerio Público (MP) trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud de antejuicio en contra 10 de jueces y 3 magistrados de la Corte de Apelaciones, derivado del informe de la CICIG.
Para hacer la petición, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público trasladó 11 memoriales donde se exponen los mismos hechos contenidos en el informe “Los Jueces de la Impunidad”, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en contra de 18 juzgadores.
Los mismos fueron presentados en Gestión Penal, y remitidos a juzgados de Primera Instancia. Según Javier Monterroso, asesor del MP, en los próximos tres días estos deberán ser remitidos a la CSJ, para que los magistrados decidan si procede o no el retiro de inmunidad.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció mayores controles en la emisión del pasaporte, luego de varias anomalías identificadas con la empresa que anteriormente realizaba esas labores –La Luz–. En otro tema, aseguró que también se trabaja en la misma línea, con el asunto de los antecedentes policíacos.
Tras varias irregularidades encontradas en la emisión de pasaportes, en algunos casos emblemáticos, representantes del Mingob explicaron que esto generó varios problemas que después repercutieron afectando a algunos ciudadanos, lo cual se tomó en cuenta para reforzar las medidas de seguridad necesarias.
Según José Rodríguez, asesor específico para el proceso de emisión de pasaportes de la Dirección General de Migración, a partir de la alteración de datos en el pasaporte de Roberto Barreda, prófugo de la justicia y sindicado de la desaparición de Cristina Siekavizza, y de un grupo de colombianos que ingresó al país, con orden de asesinar a otras personas, se encontraron varios servidores que emitían estos documentos.
El primer año de legislatura se caracterizó por entrampamiento en la agenda, falta de diálogo y la aprobación de una agenda acorde a las peticiones del Ejecutivo. Pese a ello, Gudy Rivera se siente complacido con su trabajo y aseguró que durante su gestión no se permitieron “negociaciones bajo la mesa”.
Usted sabe que la discreción no es el fuerte de los políticos y ha trascendido que han recibido hasta Q250 mil por determinados votos, ¿qué puede decir al respecto?
No se dieron contratos como se acostumbraba dar antes; la dinámica era dar puestos de trabajo a cambio de votos. En este caso le puedo asegurar que durante mi gestión no corrió un solo billete, no corrió dinero y mucho menos dádivas a cambio de votos.
Sin embargo, la información trascendió de una reunión de jefes de bloque con el binomio, en octubre pasado, donde según la denuncia de Delia Back, se entregó dinero a cambio de votos
Yo estuve presente y la reunión fue como cualquier otra. Para aprobar una ley se necesita buscar los consensos y lograr el cabildeo. En esa reunión, lo que se hizo fue buscar una agenda mínima en común para poder aprobarla. Fue una reunión sana, pero hay gente que intenta llamar la atención y dañar la institución diciendo que se dio dinero, cuando no se ha dado dádivas.
La prórroga de 11 contratos abiertos publicados ayer por el Ministerio de Finanzas en el diario oficial por insumos médicos alcanzan los Q1,920 millones en donde figuran como principales empresas beneficiadas Cohen Cohen Jack Irving, Bodega Farmacéutica Sociedad Anónima y la Agencia Farmacéutica Internacional Sociedad Anónima.
Los contratos publicados ayer son por Q1,920, 398, 367.13 millones; algunas de las empresas beneficiadas son Cohen Cohen Jack Irving, en nueve contratos por más de Q476 millones, Bodega Farmacéutica Sociedad Anónima, con poco más de Q323,588,406 aproximadamente y Norvanda Healthcare con Q241,081,063.3
También figuran Centro Distribuidor Sociedad Anónima con Q110, 638, 753.18; Onco-servicios Sociedad Anónima por más de Q81 millones; la Agencia Farmacéutica Internacional con Q51, 108, 525. 42 y Universal de Transacciones, Sociedad Anónima, con Q18, 377, 921.
OPINIÓN
René Leiva cuenta que a mediados de los años sesenta veía yo por las calles del centro capitalino a un personaje de extraña (no rara) catadura, marcados rasgos faciales, nariz fuera de serie, siempre de saco y con portafolios, de abstraída atención al rumbo de sus pasos. Hasta mucho después supe de su apasionada relación con los más altos destellos de la cultura, fueran modestos u ostentosos, y evoqué a Torcuato Tasso al saber su entonces peregrino nombre.
Una sola vez tuve oportunidad de platicar con Tasso Hadjidodou, sin molestos testigos, una tarde de agosto, 1988, en los pasillos del caserón que albergaba a la Alianza Francesa, zona 1. Fueron cuarenta minutos intensos pero relajados de variada temática que hubiera querido grabar como documento personal (ya desde entonces comenzaba yo a no ser nadie). (Sospecho que hace poco más de veinte años me hizo un favor secreto.)
Hubo un tiempo en que, profanador del silencio, entre incontenibles risas, me gustaba imitar su habla peculiar con marcado acento francés, y no lo hacía mal, al extremo de mientras brotaba su inconfundible voz de mi garganta, me sentía culto, erudito, pero terminaba aquel remedo ingenuo con algo de tristeza y desencanto… ante un auditorio vacío.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en sus manos el futuro de 13 de 18 los jueces denunciados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de “favorecer a estructuras del crimen organizado”.
Después de que el mandatario Otto Pérez anunció el lunes que Juan de Dios Rodríguez sustituirá a Luis Alberto Reyes Mayén como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se desató la polémica acerca de la legalidad de ese nombramiento.
El cierre del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) fue calificado ayer por diputados del Congreso como “una salida elegante y una cortina de humo ante la incapacidad del Gobierno por frenar los malos manejos financieros en el Estado”.
Mientras la Cámara Guatemalteca de la Educación (CGE) indica a sus afiliados que tienen derecho de impartir la carrera de Magisterio en Primaria, Educación Musical, Educación Física y Educación para el Hogar, la ministra Cynthia Del Águila, insiste en que esas carreras ya no están vigentes, por lo que los estudiantes perderían un año escolar.
El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), criticó ayer la solicitud del Gobierno para ampliar el Estado de Calamidad en el occidente por el terremoto del 7 de noviembre pasado
OPINIÓN
Rigoberta Menchú Tum considera que está claro a qué le apuntaría el actual partido en el Gobierno y el Presidente de la República previo a llegar al poder. Aseguro que hoy esa claridad la constatan hechos que en la práctica traducen una ideología, que a la luz de la historia, contradice no solo las expectativas democráticas de los pueblos de Guatemala, sino los cimientos mismos de la paz. Concepto último que en afirmaciones del dignatario de la nación, y sus operadores políticos, se deforma, pierde sentido y tiende a desconfigurar el espíritu mismo del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado en 1996.
