Revista de prena 190213

Las compañías a las que se les adjudicó un total de Q163.1 millones para la reconstrucción por el terremoto son: Inmobiliaria Roca, Mexichem Guatemala, Aceros de Guatemala, Galvanizadora Centroamericana, Talex, Agregados de Guatemala, División DMC Guatemala, Ebis de Guatemala, Celasa Ingeniería y Equipos, Transformadora Metalúrgica, Cementos Progreso, Mega Productos, Precom y Halex. Jorge Mario Hurtarte Urbina se postuló en la casilla 18 para diputado por el Partido Patriota en 2011. El año pasado estuvo como asesor técnico en el despacho viceministerial de la Dirección Superior de la cartera de Comunicaciones.
La labor legislativa deberá esperar a que el partido Lider concluya la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín. Anoche, los jefes de bloque acordaron no acatar la orden emanada por la Corte de Constitucionalidad (CC), de interrumpir el proceso para elegir a los presidentes de las 47 comisiones de trabajo.
El funcionario destituido, Luis Alberto González Pérez, el sábado pasado permitió que el capitán Byron Lima saliera de Pavoncito sin autorización judicial, según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. El abogado del detenido, Moisés Galindo, lo confirmó. Sin embargo, el funcionario consideró que “no existen suficientes elementos para accionar” en contra de González.
Miguel Ángel Abadío y su esposa eran dueños de la empresa Comercial Chalión que, entre julio de 2003 y febrero de 2004, firmó dos contratos para suministrar artículos de oficina. La entidad recibió Q745 mil 500”, afirmó el fiscal Raúl Rocael Coyoy, para inculpar a los familiares de Marco Tulio Abadío, quien guarda condena por el desfalco millonario en la SAT durante la administración de Alfonso Portillo.
En febrero de 2012, según la líder social, el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular Precapi contaba con 324 afiliadas. Sin embargo, el 40 por ciento (129) estaban inactivas. Es decir, se inscribieron en el programa, pero cuando cambiaron de patrono dejaron de pagar las cuotas. Varias usuarias se quejan de que el trato en los centros es muy malo y que los trabajadores desconocen cómo realizar exámenes médicos.
Carlos Aguilar, juez segundo Penal, manifestó que teme por su vida debido a los casos de alto impacto que conoce, sobre todo contra miembros del crimen organizado, por lo que le pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le brinde seguridad. Solicitó que se le provea de un vehículo blindado, y en caso de que no sea posible, se le brinde un automóvil todoterreno y agente de seguridad. Entre los casos que conoce está el proceso contra una red criminal de extorsión, liderada por Rigoberto Morales, alias Rigorrico, quien está en prisión. Otro de los casos que lleva el juez es el que se sigue contra 18 cabecillas de las maras Salvatrucha y 18. En este proceso ha ordenado 180 detenciones por extorsiones, crímenes y secuestros.
Las bancadas del Partido Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Líder) y Todos ocuparán el 66 por ciento de las de las 47 comisiones de trabajo, debido a la cantidad de diputados que integran esos bloques. Con el método de D’Hondt, tal y como se ha hecho en los últimos años, el PP, integrado por 58 diputados, debería de recibir 16 comisiones legislativas. El bloque Libertad Democrática Renovada (Líder) le seguiría con 10 comisiones, y la bancada Todos, cinco.
El intento de distribución de las comisiones legislativas impidió que, luego de más de tres horas de reunión, los jefes de bloques del Congreso acordaran acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que exhorta al Congreso a suspender la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín, para elegir las presidencias de las salas. El miércoles pasado la CC otorgó de manera provisional un amparo interpuesto por el diputado de la Gran Alianza Nacional, Manuel Barquín, en donde se solicitaba suspender la interpelación al ministro de Cultura, Carlos Batzín, para elegir las presidencias de las Comisiones Legislativas.
El presidente Otto Pérez Molina cuestionó ayer a Carlos Roberto Motta de Paz, juez de turno en el caso del capitán Byron Lima Oliva, por haber afirmado, el sábado último, que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no debió solo haber destituido al director del Sistema Penitenciario, Luis González Pérez, sino también haberlo denunciado. Pérez Molina expresó que el ministro no incurrió en incumplimiento de deberes y aseguró que sí se presentó una denuncia. Pérez Molina no quiso afirmar que, así como Lima Oliva, otros reos tuvieron permisos para salir de la cárcel, pero sí indicó que hay una serie de “informaciones” sobre las cuales no pueden actuar sin antes corroborarlas.
Tres días después de haber sido elegido presidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), Luis Alfredo Reyes García asegura que no es necesario tener padrinos para hacer planteamientos al Congreso. Durante la entrevista se le preguntó cómo cambiar la imagen del Cang, una institución señalada de estar politizada, a lo que respondió: “Precisamente eso es lo que queremos, y para ello abriremos espacios a diferentes grupos gremiales, sociedad civil y sector justicia, para recuperar los espacios del Colegio”.
El juez Segundo de Ejecución ordenó esta noche trasladar de la cárcel de Pavoncito a la prisión de alta seguridad, Fraijanes 1 al capitán del Ejército, Byron Lima Oliva. La versión oficial señala que el militar fue detenido el pasado viernes en un operativo policial cuando regresaba a la cárcel de Pavoncito,y se transportaba en una camioneta blindada, escoltada por otra similar. Dos pilotos y seis empleados del Sistema Penitenciario lo acompañaban. Según el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla al capitán se le dio un permiso para salir de prisión de cuatro horas, pero cuando fue detenido en su regreso a la cárcel llevaba nueve horas afuera del centro penitenciario.
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que la próxima semana se sostendrá una reunión con representantes del Gobierno salvadoreño para discutir dudas respecto al proyecto minero Cerro Blanco. La mina Cerro Blanco, de donde se prevé extraer oro y plata, es un proyecto de la empresa Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, y está ubicada cerca de la frontera guatemalteca con El Salvador.
OPINIÓN
Alfred Kaltschmitt nombra la situación en la que Guatemala se encuentra, en donde “Sicarios (…) hay por montones. La vida humana es tan barata en esta tierra de gatillos a sueldo.” Y aunque con frecuenca, los sicarios caen ante la ley, los que no caen son los que les pagan según el autor. Menciona que en aras de la justicia y el Estado de Derecho hay sólo una solución: la responsabilidad individual. Para Kaltschmitt, un ejemplo de esto es la abogada Lea de León, asesinada la semana pasada.
OPINIÓN
Franco Martínez Mont llama a la atención acerca del delito de captación de personas con fines de explotación, del cual asegura que sus estadísticas son precarias e inconsistentes y que existe subregistro y politización de datos. Según Martínez, en Guatemala, para el 2012 se registraron alrededor de 15 mil víctimas de trata de personas, muchas de ellas producto del turismo con fines de explotación sexual de menores —Antigua Guatemala, Petén, Río Dulce, alrededor del Lago de Atitlán y en Tecún Umán, en la frontera con México—.
OPINIÓN
Marielos Monzón narra la manera en que su madre la llamó al ver la foto de la peque hija de la abogada Lea de León, junto al féretro de su madre en el cementerio. Su madre le dijo: “No pude evitar recordarme cuando mataron a su papá. Ustedes estaban así de chiquitas (Monzón tenía 10 años y su hermana iba a cumplir 8), y él también era un abogado penalista, no es posible que estas cosas sigan pasando en Guatemala”. Aparte de recordar a su padre, también pensó como en Guatemala continúan los asesinatos selectivos, sólo que en vez de ser ejecutados por los escuadrones de la muerte al servicio del Estado, ahora son cometidos por bandas de sicarios que hacen el trabajo sucio por aquellos que consideran a otra persona “enemiga”.
OPINIÓN
Byron Barillas Ir por las calles de la ciudad y ver por el retrovisor que una motocicleta se acerca, ya es un buen motivo para entrar en pánico. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo estar trabajando en los cambios de la normativa que regula a los motociclistas en su transporte. Se debe dar importancia al tema porque la violencia provocada por asesinos en moto va creciendo.
OPINIÓN
Celeste Bonilla Para quienes andan por el mundo asesinando gente, es muy probable que luego los mismos asesinos mueran sumidos en su propia pena. La violencia desencadena más muertes. La abogada Lea de León fue una excelente profesional a quien se le arrebató la vida con manos de sicarios. Las víctimas son más de lo que parece, porque ahora vive una niña sin su madre, un esposo sin su esposa, y una madre sin su hija.
La vicepresidenta Roxana Baldetti partició en la inauguración del seminario sobre equidad de género y el papel de la mujer en la economía. La actividad fue organizada en la Confederación de Cooperativas (Confecoop). La vicemandataria hizo un llamado a las mujeres a que promuevan el desarrollo y el crecimiento económico.
Presidente Otto Pérez busca financiar a 50 mil jóvenes a través de empleo. Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo estar interesado en el programa y generar nuevos empleos aunque no lo conoce totalmente. Este nuevo plan de gobierno se espera poner en práctica en 14 departamentos para hombres de 16 a 21 años, y mujeres entre 22 y 40.
La elaboración de productos de cultivo, panadería, alimentación, artesanías, bisuterías y limpieza personal, están generando ingresos para mujeres que buscan desarrollarse económicamente. Según Lorena de Sandoval, directora de Creciendo Seguro, el plan ha llamado la atención de varios empresarios que buscan promover y comercializar los productos en el país y en Estados Unidos.
OPINIÓN
Eduardo Villatoro reitera que por muy usada que sea la frase “Guatemala es un país de contrastes”, al referirse especialmente a su clima, su geografía, su cultura y otros aspectos propios del territorio que habitamos, se ve obligado a repetirla; pero no para enfatizar en lo que atañe a esas facetas, sino es para referirse a las contradicciones en que incurren funcionarios de los tres organismos del Estado y de otras instituciones de la burocracia, entre sus declaraciones y sus actuaciones. Comenta que probablemente usted se enteró de las afirmaciones vertidas la semana anterior por la vicepresidenta Roxana Baldetti en lo que concierne a que la omnipresente corrupción ocupa un lugar predominante en los poderes estatales; pero no hizo ningún descubrimiento ni lanzó una extraordinaria revelación; y aunque así hubiese sido, el Gobierno no ha realizado esfuerzos determinantes, visibles y categóricos para evitar que funcionarios de diferentes estratos y escalas persistan en violar impunemente las frágiles normas que pretenden evitar la comisión de hechos ilícitos al amparo de sus cargos.
OPINIÓN
Oscar Clemente Marroquin reitera que es imposible defender el manoseo que se ha hecho, desde que el Partido Patriota estaba en la oposición al gobierno de Colom, de las interpelaciones que de ser un mecanismo sano de control parlamentario sobre el poder Ejecutivo, pasaron a convertirse en una maniobra para entrampar la agenda legislativa y frenar por completo la actividad del Congreso de la República. Hay diversidad de asuntos pendientes, pero el que más preocupa a algunos diputados es el de la integración de las comisiones porque si las mismas no se conforman legalmente, no pueden cobrar las dietas. Continua explicando que por ello, presentaron un recurso de amparo para obligar a suspender la interpelación del Ministro de Cultura. No fue para que se conozca algún asunto fundamental para el país, sino para que se integren las comisiones y puedan cobrar sus dietas los diputados. Y la Corte de Constitucionalidad, participando de esas premisas de que aquí el Estado de Derecho vale madre y todo se arregla de un plumazo, otorga el amparo provisional bajo el argumento de que es un acto (la interpelación) que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente.
Un análisis realizado por el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) identifica uno de los casos más recientes y significativos de este problema: en un promedio de 13 días se emitieron más de mil llamadas de un solo celular, desde el Centro de Detención Preventiva de la zona 18. El análisis refiere que del número 430322XX –se reservan los últimos dos dígitos por las investigaciones– perteneciente a un privado de libertad detenido en el Preventivo de la zona 18, se emitieron 1 mil 60 llamadas en tan solo 13 días. Los informes destacan que las comunicaciones desde ese móvil iniciaron el 26 de abril de 2012 y concluyeron el 8 de mayo del mismo año. De acuerdo con los informes, el detenido no tuvo ninguna reserva para realizar esa importante cantidad de llamadas telefónicas desde su móvil y se evidenció que en un solo día –el 27 de abril– habría establecido contacto con los cómplices de sus crímenes –que operan fuera de prisión– y con sus víctimas.
El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Jorge Villavicencio, anunció que el sistema hospitalario del país continúa con una deuda de 200 millones de quetzales que se pretenden saldar a más tardar principios de marzo. “Tenemos 200 millones de quetzales. Por ejemplo en el Hospital Roosevelt ya se pagaron 12 millones, según información de las autoridades del hospital. Igualmente se ha hecho en el Hospital General”. Según el jefe de la cartera de salud, este paso es importante para ganarse la confianza de los proveedores. Asimismo, el Gobierno pretende continuar un plan de desconcentración de los hospitales. Este esfuerzo lleva como fin agilizar la atención a las personas para que el usuario, según sea el caso, pueda ser atendido en el lugar más cercano al sector donde vive. Villavicencio dijo “este plan está contemplado en los hospitales de Mixco, San Juan de Dios, el Roosevelt y Amatitlán”.
Hoy empezó la segunda fase de reconstrucción de viviendas que pretende entregar mil 770 casas al finalizar marzo. Este esfuerzo interinstitucional comenzó a partir del terremoto del pasado 7 de noviembre. La primera fase de reconstrucción, iniciada en enero, entregó un total de 440 viviendas, cada una con un valor entre 28 mil y 31 mil quetzales. Baldetti ha mencionado con anterioridad que el proyecto necesitará un estimado de 300 millones de quetzales para llevarlo a cabo. Por aparte, Erick Escobedo, vocero del Ministerio de la Defensa, asegura que su cartera ha invertido 54 millones de quetzales en pagos a las empresas que trabajan en las fases de reconstrucción y entrega. El Gobierno espera haber entregado 7 mil 310 viviendas al finalizar junio.
El Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), señala que la crisis actual del sector cafetalero desnuda la vulnerabilidad económica demostrando una vez más que el actual modelo agroexportador basado en tres productos de agro exportación (café, caña de azúcar y banano) está agotado, considerando que las recurrentes crisis de tipo ambiental o del comercio internacional, al afectar la productividad o los precios de estos cultivos generan impactos severos a la débil economía del país.
El exviceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, coincide con analistas en seguridad, sobre que las cárceles “están en manos de las mafias” que operan a lo interno de los centros carcelarios, esto tras conocerse una de las tantas salidas de la cárcel de Byron Lima, quien nuevamente fue enviado a Pavoncito. “Pavoncito no es un buen ejemplo de cárcel, eso ha sido una mafia”, dijo el exviceministro de Gobernación, quien reitera que el Sistema Penitenciario (SP) “no sirve para un carajo”, derivado de las condiciones, la impunidad y la corrupción que imperan en el sistema carcelario. El exfuncionario, dijo que dicha institución requiere de una investigación exhaustiva, que logre identificar los hechos de corrupción que se fraguan allí, donde intervienen diferentes actores.
Carlos Aguilar, juez segundo del Ramo Penal, solicitó protección a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues indicó que teme por su vida. El juez negó que su petición tenga relación el reciente asesinato de la abogada Lea de León, y adujo que la situación de inseguridad y violencia en el país le ha llevado solicitar esta medida precautoria. Aguilar lleva varios procesos de alto impacto contra miembros del crimen organizado, lo que le hace temer por su vida.
El presidente Otto Pérez Molina manifestó que tienen hasta mediados de abril para contar con los recursos necesarios para enfrentar la roya, enfermedad que afecta al café. Se espera contar y movilizar estos fondos para que a finales de abril y principios de mayo se realice la primera aplicación de fungicida, como se tenía previsto. Esta medida busca beneficiar sobre todo a los pequeños caficultores quienes serían los más afectados por esta enfermedad del café. Luz Lainfiesta, ministra de Desarrollo Social, indicó que hasta la fecha estiman que alrededor de 81 mil familias trabajan en el corte del café, aunque “eso no necesariamente significa que todos vayan a ser afectadas por la roya”.
Tras 20 meses de ausencia, Hugo Chávez, presidente venezolano, regresará a su país. El regreso del mandatario, que hasta el momento permanecía en Cuba por motivo enfermedad, representa un golpe psicológico positivo para el chavismo, que se había visto privado de su líder por un prolongado período. Se cree que el regreso de Chávez, además de brindar legitimidad a la gestión del vicepresidente Nicolás Maduro, podría ser el preámbulo para unas elecciones presidenciales en el país del sur.
OPINIÓN
Carlos Aldana Mendoza hace una reflexión sobre las protestas protagonizadas por normalistas sobre el debate actual en torno a la educación pública en el país. De acuerdo al columnista, se han cometido dos grandes errores al momento de evaluar las acciones de los normalistas. Por una parte, se ha considerado que son manipulados en su totalidad por adultos quienes les utilizan para lograr sus fines personales. De esta manera se afirma que carecen de la capacidad de analizar y reaccionar ante situaciones que les afectan directamente. Por otra parte, ha habido una tendencia a criminalizar las protestas estudiantiles y a sus participantes, olvidando que como ciudadanos ellos también tienen derecho a manifestarse y aspirar a un mundo mejor, independientemente de su edad. Aunque Aldana reconoce que dada la impulsividad de su juventud, se han cometido ciertos errores, cree que deben perdonárseles a estos jóvenes que se manifiestan a favor de la educación.