Quizá lo que resulta un poco más difícil de visualizar son las fuerzas impulsoras de tales presiones. Se trata de acontecimientos de alto poder transformador por su enorme escala y fuerza que será posible mitigar solo con respuesta de igual magnitud.
En este sentido, las principales fuerzas impulsoras que generan presión al ambiente natural y consecuentemente los problemas ambientales nacionales son: (i) Las demandas del mercado nacional e internacional y el consecuente crecimiento económico a través del cual se busca darles atención; (ii) El crecimiento demográfico y las consecuentes demandas de los hogares vinculadas al espacio, los materiales y la energía; (iii) La carencia o insuficiencia en el bienestar de grandes segmentos de la población, debido a la inequidad en el acceso a las oportunidades, hecho que encuentra su contrapartida en la acumulación desproporcionada de riqueza en otros segmentos poblacionales de menor tamaño. En ambos segmentos hay responsabilidad en la generación de problemas ambientales. Es importante entender este aspecto porque muestra que la degradación ambiental no es atribuible exclusivamente a los pobres como se ha propagada nacional e internacionalmente, sino es atribuible, esencialmente, a los que producen y consumen en mayor escala; (iv) La corrupción y la impunidad que socaban la posibilidad de ser exitosos en iniciativas destinadas a la protección ambiental, y; (v) La narcoactividad, sobre todo cuando su influencia en espacios destinados a la conservación deprime la presencia y el control de la institucionalidad pública e induce cambios de uso de la tierra.
Los impactos de los problemas derivados de las presiones directas y las fuerzas impulsoras pueden ser positivos y negativos en las dimensiones económica, social, ambiental e institucional. Sin embargo, y de manera indudable, el balance neto de los impactos es negativo en esas dimensiones y puede resumirse en un Estado de mayor y creciente vulnerabilidad sistémica del país y su población.
Las respuestas, ese conjunto de medidas que le dan forma a la política pública, están destinadas a regular las actividades de producción y consumo que son inevitables. Para eso, una institucionalidad pública fuerte y autónoma es requerida. Su misión es evitar que se socave la vitalidad de los sistemas naturales -en su condición de bien público- sobre los cuales descansa, al mismo tiempo, la viabilidad de los sistemas de producción, el bienestar humano y la continuidad de la vida.
Las respuestas en nuestro país se caracterizan por: (i) Un conjunto amplio de documentos de política pública sin recursos financieros para su ejecución; (ii) Un débil aparato institucional con limitadas capacidades humanas, físicas y financieras que son rebasadas por las dinámicas generadas, tanto por las presiones directas, como por las fuerzas impulsoras de los problemas ambientales; (iii) Algunos instrumentos de política que actúan de manera dispersa y que no alcanzan escala suficiente debido a la debilidad institucional referida anteriormente; (iv) La presencia de algunos incentivos perversos que adquieren esta connotación porque su efecto es contrario al espíritu del ámbito donde operan. Por ejemplo, la liberación del transporte nocturno de productos forestales pese a la conocida debilidad institucional y a la corrupción, el impulso de actividades petroleras en espacios legalmente protegidos, la autorización de proyectos urbanísticos basados estrictamente en la extracción de agua, entre otros; (v) La existencia de mecanismos de dirección institucional público-privados que se han convertido en verdaderos escenarios de lucha por intereses eminentemente gremiales, subordinando a estos, los intereses de los sectores que atienden y los del país. La gestión de las tierras, los bosques y hasta de la educación agrícola y forestal a nivel medio se ven afectados ya seriamente por este tipo de prácticas.
Con esta insuficiencia y distorsión de las respuestas ambientales, el continuo crecimiento y complejidad de los problemas ambientales, que más bien adquieren la connotación de problemas socio-ambientales, están garantizados. En este contexto, cuando las instituciones públicas presentan nuevas iniciativas de respuesta -políticas, estrategias, planes, programas y otras modalidades, ofreciendo con ellas un mundo mejor, pero no presentan garantías de transparencia, de observancia del bien común y de recursos financieros nuevos para darles viabilidad; estamos simplemente, presenciando un show mediático, con el cual se nos pretende seguir viendo la cara.
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