Rescatar mujeres en Chiapas

Le agradezco y le digo que llegaré al día siguiente con una amiga. Estoy en un “table dance” de Chiapas, México, y acabo de recibir autorización para ver el espectáculo de bailes eróticos que presentan todas las noches de lunes a sábado.

En este lugar se trabaja de bailarina y/o fichera (mujeres cuyo trabajo es hacer que los clientes las inviten a tomar bebidas alcohólicas), aunque por fuera algunas mujeres también ejercen ‘la prostitución’. La mayoría son centroamericanas, muchas sin documentos ni permiso para trabajar.

Ya es el día siguiente, viernes. Estamos listas para la noche en el “table dance” cuando una conocida dice que este fin de semana harán operativos en los bares y demás establecimientos. Serán los primeros del año. La conocida, una autoridad pública, dice que les reclamaron (no sé quién), que mucho se habían dormido en sus laureles. Que ya es hora de rescatar mujeres.

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Rescatar mujeres… ¿De qué, de quiénes, para qué? ¿Qué significa ese rescatar mujeres en este lugar?
La respuesta inmediata que suele llegar a la cabeza es: “Por supuesto, rescatarlas de la prostitución. Arrancarlas de las garras de los tratantes. Sacarlas de esos lupanares de degradación y explotación sexual”.

Pero en la realidad de las trabajadoras sexuales, sobre todo las inmigrantes, estas son respuestas vacías y generadoras de más violencia para ellas. En primer lugar porque no contienen ninguna alternativa viable para las mujeres; y en segundo porque las hace más vulnerables a la violación de sus derechos humanos 
Los rescates de mujeres están ligados directamente a las políticas estatales, nacionales e internacionales contra la Trata de personas. Como prostitución y Trata casi siempre se usan como sinónimos, desde estas políticas se ha asumido que la mayoría de víctimas de Trata son ‘las prostitutas’ (todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual: ficheras, bailarinas, trabajadoras de las calle, de bares, etc.). Por lo tanto las acciones de rescate están especialmente dirigidas a ellas.

Estas acciones de rescate - a las que a veces se invita a los medios de comunicación o representantes de organismos internacionales – suelen consistir en redadas dirigidas por la policía, migración y representantes de jurisdicción sanitaria. De manera sorpresiva, estas autoridades se presentan en los establecimientos e inspeccionan los lugares y a las trabajadoras sexuales. Buscan menores de edad, piden identificaciones a las trabajadoras, documentos migratorios y tarjeta de salud.

Si encuentran una menor de edad el lugar es clausurado y los dueños procesados por el delito de trata. Todas las trabajadoras tiene que mostrar la tarjeta de salud emitida por la jurisdicción sanitaria. Esta tarjeta, que tiene fotografía y nombres, prueba que las mujeres están al día con sus exámenes ginecológicos y de VIH (que deben hacerlos cada 15 días y pagarlos ellas). Por último todas deben enseñar sus identificaciones para demostrar que no son migrantes ilegales.
¿Cómo es que ‘las prostitutas’ tienen tarjetas emitidas por una institución gubernamental? ¿Cómo funcionan estos lugares a la vista de todos?

En Chiapas convergen tres marcos legales en relación al comercio sexual. El primero es la ley federal mexicana que no reconoce el trabajo sexual como trabajo, aunque tampoco lo prohíbe o criminaliza. Pero que además exige que todo trabajo que se realice sea decente (concepto de la OIT). El segundo es la ley estatal que desde la época del Porfiriato (1876-1911) estableció un marco regulatorio de la prostitución. Es decir, un marco de control de las mujeres a través del establecimiento de zonas de tolerancia, exámenes médicos y tarjetas de identificación. Y el tercero es la penalización de la trata de personas, aprobada desde el 2009. 
Por esta razón en Chiapas, como en muchos otros estados de México, el trabajo sexual no es algo invisible, los establecimientos no son clandestinos y gran número de mujeres están registradas con el Estado. Esto no quiere decir que la situación de las trabajadoras esté exenta de violencia y abusos, todo lo contrario.

El espacio gris que la ley ha construido no reconoce a las mujeres migrantes trabajadoras sexuales como sujetos de derechos; y la persecución del delito de trata más parece ocuparse para aplacar las ansiedades alrededor del trabajo sexual y la migración de mujeres. Por eso las trabajadoras sexuales están a merced, no solo de clientes y proxenetas, sino también de las autoridades que ocupan la palabra “rescate” para lo que en realidad terminan siendo detenciones y repatriaciones.

Ellas mismas se quejan de esta situación: Si quieren trabajar en un establecimiento “rojo” (bar diurno, bar nocturno o table dance), las obligan a registrarse y pagar sus exámenes médicos quincenales. Si son mexicanas no tienen problemas, pero si son inmigrantes – y en este lugar casi todas son centroamericanas – durante los rescates (redadas) son detenidas por no tener permisos de residencia ni de trabajo. Nunca pueden regularizar su estatus migratorio porque el trabajo sexual no es trabajo “decente”. Si alguna con mucha suerte logra un permiso de trabajo, lo hará diciendo que es mesera o doméstica, pero en las redadas obviamente no podrá enseñar este permiso. Por lo tanto serán detenidas y multadas, siempre. Queda a discrecionalidad de la autoridad si las devuelven a sus países o no. Los rescates - detenciones y repatriaciones - se traducen para ellas en la pérdida de su trabajo y de los ingresos económicos que en la mayoría de casos son para la manutención de hijos y demás familia.

Las únicas sujetos de derechos terminan siendo las víctimas de trata (menores de 18 años o mujeres que se reconozcan como tal). Pero ese reconocimiento también resulta problemático porque se traduce en largas retenciones en albergues, muchas veces en contra de la voluntad de las mujeres y menores, y en repatriaciones casi inmediatas. Así lo dicta el Protocolo de Palermo.

Leyes y acciones que persigan y sancionen el delito de trata son necesarias, pero ocupar a las migrantes que trabajan en el comercio sexual como chivos expiatorios sirve al Estado para mostrar cifras de víctimas rescatadas, legitima la violencia gubernamental contra estas mujeres, justifica su exclusión del reconocimiento de derechos y oscurece las verdaderas causas de su explotación.

* Publicado en El Faro, 12 de febrero.