Los temas son variados y dificultan identificar el trasfondo real de lo que está ocurriendo, y más importante aún, de lo que está en juego y qué debemos esperar. Esta coyuntura especial tiene antecedentes que se remontan meses atrás, y sólo hasta hace algunas semanas surgieron elementos que evidenciaron que algo está pasando.
Quizá el primer evento reciente de gran magnitud ocurrió el 13 de enero pasado, cuando el Congreso de EEUU aprobó la Ley de Apropiaciones Consolidadas para 2014, que establece el presupuesto consolidado para varias agencias gubernamentales. En 3 de sus disposiciones (literal f de la sección 7015, literal f de la sección 7029 y literal c de la sección 7045), el Legislativo estadounidense, por iniciativa del Ejecutivo, ordenó al Departamento del Tesoro actuar en los directorios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de bloquear créditos para Guatemala, así como restringir la asistencia al Ejército de Guatemala, en caso no se demuestran avances dos temas: el resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la construcción de la represa de Chixoy; y, resolver todos los casos, o que el Gobierno de Guatemala demuestre avances para resolver los casos de adopciones desde el 31 de diciembre de 2007. Para poder liberar estas restricciones, ordenó además que el Secretario de Estado certifique los avances en esos dos temas.
La aprobación de esta ley y sus consecuencias causó reacciones hepáticas de los gobernantes Pérez Molina y Baldetti. Pero pronto quedaría claro que Pérez y Baldetti no sabían a qué estaban reaccionando, ya que era sólo el principio. Poco después, ante las decisiones de la Corte de Constitucionalidad sobre el fin del plazo legal de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, la declaración de Arnold Chacón, Embajador de los Estados Unidos de América en Guatemala, respaldando a la Fiscal General dejó boquiabierto a medio mundo, desafiando al conservadurismo local, y sobre todo, enviándole un mensaje al Presidente si no llega a elegir a Paz y Paz, en caso ésta decidiera postularse para la reelección.
Por si no fuera poco, sólo días después de la declaración del Embajador Chacón, se suscitó la visita de William R. Brownfield, Secretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, en el Departamento de Estado para Antinarcóticos y Seguridad. Vino a donarle US$ 4.8 millones a la Cicig y respaldar el trabajo de la Fiscal Paz y Paz, lo que supone otro desafío similar al del Embajador Chacón. Pero, en realidad no tanto, porque Brownfield públicamente aplaudió al gobierno de Pérez Molina por su propuesta de despenalización y calificó como “sensacional” la colaboración bilateral entre Guatemala y EEUU en materia de combate al narcotráfico. ¿El embajador Chacón y el Secretario Adjunto Brownfield jugando con nosotros a “policía bueno y policía malo”?
No hace falta ser diplomático de carrera para darse cuenta que todas éstas son acciones inusual y notablemente fuertes de EEUU hacia nuestro país. ¿Habrán terminado estas acciones o continuaremos viendo más? ¿Qué quiere EEUU? ¿Solamente “regañarnos” por lo de la despenalización, o dejar a Paz y Paz unos meses más al frente del MP? ¿Qué ha ocurrido o va a ocurrir en Guatemala que les interesa tanto?
Preguntas que son un verdadero “jaque” a los analistas políticos y de la diplomacia internacional. ¿Qué de la agenda prioritaria estadounidense (narcotráfico, balance político regional, comercio, etc.), ha ocurrido o está por ocurrir en nuestro país?
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