20 días después de caminar 216 kilómetros durante nueve días, la marcha indígena campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra retornaba a la capital en busca de algunos resultados. Querían, esta vez, como lo decían sus dirigentes, “algo de claridad”. Sabían, recordaban, que sobre la mesa de pendientes del Legislativo habían dejado planteadas tres iniciativas de ley, y recalcado, en el calendario del Ejecutivo, ocho puntos urgentes por tratar. Toda una agenda, más que breve, catalogada por ellos mismos como “temas de prioridad”.

A su regreso, sobre todo, la marcha reclamaba a los poderes del Estado el compromiso admitido para el debate de lo agrario en lo político, aunado al cuestionamiento del modelo económico actual y el tratamiento de las injusticias y desigualdades en Guatemala.

Luego de 20 días, lo menos que podía haber eran algunas respuestas. La primera, no obstante, era negativa, en el Congreso. Reunidos en el Salón del Pueblo, la junta directiva del Parlamento y los jefes de bloque, en una mayoría de 10 contra 5 bloques, no permitieron la entrada de una comitiva campesina para hablar de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Pueblos Indígenas y la Ley de Radios Comunitarias. Nuevamente, las bancadas Patriota, UCN, Creo, Viva, FRG, Gana y Unionista, que votaron en contra de la primera lectura a la iniciativa de ley de desarrollo rural, hace dos semanas, mostraban renuencia a atender estos temas. “Debemos leer con más detenimiento estas iniciativas”, argumentaba la bancada oficial. Los campesinos, ante el Legislativo, se quedaban sin repuesta.

Contrapuntos de la presidencia

Si hubo contestaciones éstas fueron presentadas directamente desde la Presidencia. “Sí, pero con grandes vacíos”, lamentaba Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), minutos después de concluida la reunión con el presidente Otto Pérez Molina y sus asesores, cerca del final de un día largo, a las 10 de la noche.

La deuda agraria, la conflictividad en el Polochic, la moratoria a las licencias de la minería e hidroeléctricas en el país, el problema de los límites en el municipio de Santa María Xalapán (Jalapa), la Sierra de Chinajá (Alta Verapaz) y los enfrentamientos territoriales de El Regadío (Quiché), aunados a la crítica por la presencia militar en áreas donde se han reportado conflictos sociales, completaban, en conjunto, con plazos y mecanismos de seguimientos, las peticiones del campesinado. Ocho puntos en total.

Y cada tema, a modo de proponer una respuesta, fue planteado en una exposición presidida por el Comisionado Presidencial para el Desarrollo, Adrián Zapata, y el asesor presidencial responsable del Sistema Nacional del Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel. Acompañarían la presentación el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el Secretario de Asuntos Agrarios, Elmer López. También estaba, aunque de manera intermitente, el presidente.

Era la mesa de alto mando que conoció desde hace 20 días los reclamos, y en consecuencia, como representantes del Ejecutivo, asumían los compromisos.

Deuda con subsidios

Este equipo del presidente, de la deuda agraria, recalcó una propuesta: “El Estado no puede perdonar una deuda, no puede condonar, resultaría en  ilegalidad, pero puede en todo caso asumirla a través de subsidios graduales, canalizados a través del Fideicomiso Fondo de Tierras”.

A eso se comprometían.

El problema, en este punto, era lo gradual y el tratamiento individualizado de la deuda.

“No es total”, protestaban los dirigentes. “Que la deuda sea una solución general para todos y no, como está planteada, caso por caso”, exigía, desde la perspectiva del campesinado, Omar Jerónimo, de Plataforma Agraria.

“No queremos que se asuma la deuda sino que se condone, que además se contemplen los intereses y se hable del capital, es algo que no han explicado, que deben revisar”, indicaba Daniel Pascual.

 “No se evaluaron las vulnerabilidades”, criticaba Jerónimo.

Las tierras del Polochic

La crítica a las respuestas del Ejecutivo en torno al Valle del Polochic no recayó  únicamente en un solo tema. Según el Estado, las medidas cautelares en este lugar se han cumplido. La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) decía en un estudio, junto a otras instituciones estatales, que vivienda, alimentación y salud en el Polochic, estaban saldados.

Dentro de las medidas cautelares el Estado consideraba a las personas refugiadas en las casas de los vecinos como gente con vivienda. “El 13% de la población cuenta con vivienda propia y el 79% con vivienda prestada o alquilada, es decir que el 92% de la población tiene un lugar donde vivir. Esto hace innecesario el albergue solicitado por la CIDH”. Y en alimentación ubicaba: “3 casos de desnutrición infantil”, únicamente.

“Es una farsa este tipo de medidas cautelares, no tienen un buen criterio. COPREDEH miente”, explicaban los dirigentes.

Los campesinos del Polochic, al frente de la marcha hace 20 días, pedían la resolución de los conflictos en su zona. Así había sido escrito en la lista de demandas del pasado 27 de marzo. Avanzaban en sus peticiones, como propuesta para mitigar el conflicto, la posibilidad de ocupar un territorio ocioso en una finca que es parte del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). Pero les fue negado.

El Estado argumentaba la negativa: “Esta finca será utilizada para labores de experimentación de semillas criollas y mejoradas, especialmente de maíz y arroz, para fortalecer la economía campesina”. Y además: “No son negociables porque son del pueblo de Guatemala para beneficio del pueblo de Guatemala", como explicaba Raúl Alfaro, representante del ICTA.

Sin embargo, en el tema del Valle del Polochic, se dio un compromiso para otorgar tierra a 600 familias: la mitad este año y la otra mitad el año siguiente. Aunque, como señalaron los campesinos, serían los terratenientes y los grandes empresarios los que presentarían “ofertas de las fincas”.

“Tampoco se aclaró cómo se van a pagar, si en sí, es más deuda”, hacía notar Pacual.

“El tema del Polochic no ha sido profundizado”, concluían, en su momento de reacción, los dirigentes de la marcha.

 El desarrollo y la Minería

Declarar moratoria para las licencias de operaciones de todas las empresas mineras e hidroeléctricas no fue algo a lo que el Ejecutivo estuviera dispuesto, algo que juzgara posible. Su mesa técnica del argumentaba que no era “posiblemente legal”. La moratoria, en sí, constituía además “una alternativa paliativa”. Se proponían entonces “criterios para definir una reforma a la ley: Marco general de políticas de Inversiones Privadas en Territorios Rurales”, para abordar este tema.

“Si de Estado de Derecho se habla”, decía en respuesta el grupo de los dirigentes, “ellos no han respetado el nuestro: la consulta popular”.

Ante los testigos de honor como Monseñor Álvaro Ramazzini, y Alberto Brunori, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Presidente, más adelante, plantearía otros argumentos para justificar la existencia de hidroeléctricas y mineras en Guatemala: “El desarrollo económico del país, la inversión, el costo de la producción de una energía, limpia y barata”. No habló, sin embargo, de impuestos o el debate de las regalías que deja este sector para el país. Resumió únicamente: “queremos ser un país desarrollado”.

“Es muy difícil ser Presidente”, agregaría.

Y por parte del campesinado, la sentencia sobre la moratoria y suspensión de licencias para minería e hidroeléctricas no quedaba del todo clara. El punto clave de su incomprensión era la imposibilidad del Ejecutivo para actuar sobre el tema de inmediato: “No hay mayores explicaciones sobre las imposibilidades legales del Estado para suspender las licencias. No lo explicaron con claridad, sobre todo, en contraste de países como Costa Rica, donde el Gobierno es quien las ha suspendido”, reclamaban.

Los límites de los territorios

La secretaría de asuntos agrarios (SAA) y el equipo del Presidente dieron por abordado y resuelto el tema de conflicto de tierra para dos comunidades: Santa María Xalapán, en Jalapa, y La Sierra del Chinajá, en Quiché.

Se respetarían, en Santa María Xalapán, las delimitaciones de las comunidades tras el peritaje de instituciones expertas en el tema histórico registral de catastro, es decir, lo establecido en la cédula Real. Los campesinos estaban de acuerdo. Restituirían los derechos sobre sus tierras. Resumían este punto al decir que eran los terratenientes los que habían usurpado parte de la comunidad.

El problema en Alta Verapaz, en La Sierra de Chinajá, también tuvo una propuesta viable. Fontierras y la SAA elaboraron un análisis para que 14 comunidades quedaran fuera de la definición de la zona núcleo de un área protegida. “El proceso de escrituración”, resolvía el Gobierno, “requiere de ocho meses”.

Tras 20 días, para solucionar la demanda número seis, el Gobierno requería una prórroga. No había sido posible encontrar una solución concreta ni concluyente ni satisfactoria. “Aún existe inconformidad”, explica Miguel López, de la SAA. “Se ha solicitado un estudio histórico, registral y catastral para determinar la legalidad de la propiedad del señor Brol, terrateniente ‘dueño’ de las tierras”.

Los campesinos exigieron solamente conocer a los delegados de dicho peritaje.

¿Militarización del Estado?

“Guatemala tiene problemas de seguridad nacional”. Este es el argumento principal del Ejecutivo para justificar la presencia militar en zonas de conflicto, no únicamente ubicadas en áreas donde opera el crimen organizado o el narcotráfico, sino que además se instalan cercanas a comunidades con problemática agraria y social.

El reclamo de la marcha en este sentido fue el más simple de todos: retirar las tropas militares donde exista conflictividad social.

Han sucedido desalojos en los que esta fuerza del Estado participó violentamente, intimidando, y en otros casos, las bases han servido como sede para mediar y realizar charlas entre campesinos y terratenientes.

“Las fuerzas armadas están al servicio de los empresarios, no los queremos cerca de nuestras comunidades”, reclamaban los dirigentes ante el Presidente hace 20 días.

Nuevas brigadas, próximas a instalarse, “de acuerdo a los criterios de seguridad nacional existentes y no para intervenir en la conflictividad social derivada de aspectos ambientales agrarios”, según explica el Ejecutivo, fueron parte del debate durante el regreso de la marcha y la exigencia de una respuesta sobre el tema.

“Son las mismas comunidades las que hacen la petición de la instalación de una nueva base militar”, argumentaba el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La respuesta del equipo del Presidente, ante esta solicitud del campesinado, era la más reticente: “Demanda una evaluación integral por motivos de seguridad ciudadana en que las unidades del ejército apoyan a las fuerzas de seguridad”, exponían. Resaltaban, además, que una brigada militar, en San Juan Sacatepéquez, a pesar de las peticiones de la marcha, sería instalada inevitablemente.

“La militarización a nivel nacional es algo que preocupa”, decía uno de los dirigentes a manera de réplica. Y otro advertía: “No hay otro propósito –ni crimen organizado ni narcotráfico– más allá de la protección de la nueva cementera de la empresa Cementos Progreso para justificar la existencia de la base militar en San Juan Sacatepéquez”.

El presidente y su equipo se limitaban al comentario, a lo breve y lo esquivo: “La presencia militar es algo temporal”.

Y no se logró llegar a ningún acuerdo. Ni en éste ni en ninguno de los otros temas que quedaron, en su mayoría, pendientes de revisión.

Se profundizaría, como indicaba la mesa técnica, sobre cada tema. Se evaluarían además las compatibilidades entre las demandas y los nuevos argumentos del campesinado. Se buscarían soluciones, diálogos, respaldos técnicos. En conclusión, Adrián Zapata, comisionado presidencial para el desarrollo rural integral, haría énfasis en los frutos del encuentro, “las reacciones a las propuestas planteadas por el Presidente apuntalan de modo más concreto las peticiones, otorgan herramientas valiosas para llegar a la profundidad y el enfoque de cada una de las demandas, encaminan a la evaluación y fomentan el diálogo abierto”.

Volverían, una vez más, a consensuar una reunión de seguimiento. Había detalles, explicaciones, argumentos que no quedaban del todo claros. El Ejecutivo y los líderes campesinos acordaron el 22 de mayo para una nueva cita.