El abordaje de estos temas es sin duda imprescindible para garantizar el cumplimiento de la principal oferta de campaña, y garantizar el funcionamiento del aparato estatal. Los resultados que se consigan, especialmente en seguridad, determinarán el nivel de satisfacción de la ciudadanía con las acciones gubernamentales.
Sin embargo, no solo en estas áreas se registran movimientos. La semana pasada, el Congreso de la República aprobó la creación del Consejo Económico y Social –CES. Este ente, impulsado por sindicalistas, cooperativistas y empresarios, debe considerarse como un paso positivo para establecer un modelo de diálogo social que permita discutir y formular política pública.
Asimismo, el Ministerio del Trabajo, ahora integrado al gabinete económico del gobierno, hizo pública su estrategia y programas, en los cuales se encuentran elementos como la adopción del trabajo decente como eje central de la política de esta cartera de Estado, impulsar una cultura de cumplimiento de las obligaciones laborales y la coordinación interinstitucional con el Ministerio del Economía y el Programa Nacional de Competitividad –esta última, una buena noticia para la posible formulación de una Política de Empleo coherente entre necesidades de crecimiento económico y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Esta estrategia del Ministerio, y la institucionalización del CES, hacen posible prever que en materia laboral, veremos en el primer semestre de este año, el inicio de la discusión de reformas al Código del Trabajo, en áreas como la posible implementación del Convenio 175 de la OIT –sobre trabajo a tiempo parcial– y la potestad sancionatoria de la Inspección General del Trabajo.
Estas reformas plantean al Ministerio del Trabajo y al CES una tarea de importante magnitude. La discusión de estos temas ha constituido en el pasado fuente de desacuerdo y tensión entre los actores del tripartismo. En el caso de la potestad sancionatoria de la IGT, se puede prever un debate jurídico y político caracterizado por la intensidad y la necesidad de encontrar una solución satisfactoria no solo casa adentro, sino para efectos de la reclamación de los Estados Unidos en el marco del DR CAFTA, en el cual se deberá involucrar tarde o temprano al Organismo Judicial. En el caso del Convenio 175 de la OIT, este tema debe pasar a tratarse en un ámbito técnico, con una importante participación de PRONACOM, y debe evitarse que el tiempo parcial se convierta en una herramienta de precarización del empleo.
A partir de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que en 2004 envío a un limbo jurídico el procedimiento para imponer sanciones a las violaciones a la ley laboral, cualquier eventual escenario de reformas al Código del Trabajo, presentaba la negativa de un movimiento sindical que percibía en sí mismo una debilidad para evitar que se perdiera el carácter garantista de la legislación. Al mismo tiempo, la destrucción de este sistema se percibía como el principal objetivo del empresariado.
Sin embargo, la situación, y el equilibrio de fuerzas, son bastante diferentes en estos momentos. En 2011, los casos presentados por el movimiento sindical guatemalteco y la AFCLO en el marco del DR CAFTA, dieron muestras de un sindicalismo capaz de colocar los puntos sobre las íes en materia de incumplimiento laboral, que llevó a Guatemala a las puertas de un arbitraje. En este mismo contexto, el sector privado parece haber aprendido la importancia de cumplir con los estándares laborales para el acceso al mercado de los Estados Unidos. Tampoco parece estar interesado en la repetición de esta situación en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
La oportunidad de discutir con seriedad la temática laboral, económica y social parece estar dada. Sin perjuicio de los espacios tripartitos del Ministerio del Trabajo, el CES resultará de enorme importancia para el apoyo político de alto nivel que las reformas, en el caso de darse, requieran.
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