Reformas constitucionales

En un principio, y debido a que era año electoral, parecía que la crisis iba a tener como efecto las tan añoradas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Era claro para muchos analistas y expertos que este era uno de los problemas más grandes del país. La falta de institucionalidad de los partidos, el transfuguismo, la forma en que estos se financian, su relación con contratistas del Estado, la falta de representatividad de los partidos y una serie de defectos del sistema electoral que generan problemas estructurales en el Estado parecían tener una solución en ese momento. Tanto así que hasta temas ideológicos como las cuotas parecían obstáculos discutibles en ese momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los tanques de pensamiento y de la sociedad civil para que esto avanzara, el proceso se estancó.

El tema electoral no era lo que esta crisis iba a cambiar en el modelo del Estado de Guatemala. El papel del Ministerio Público, de la Cicig y de los jueces, en particular del juez Gálvez, movió el péndulo hacia otro lado: hacia el fortalecimiento del sistema judicial. Y en esa dirección está planteado el proyecto de reforma constitucional presentada por los tres organismos del Estado. La percepción popular es que sí hubo un nivel de independencia entre organismos. Nos dimos cuenta de que un fiscal general empoderado puede poner contra la pared al mismo presidente. Pareciera que en nuestra dinámica presidencialista empezamos a ver las virtudes de tener un sistema judicial eficiente. Fortaleciendo la independencia de los organismos que conforman el sistema judicial atenuamos el poder del Ejecutivo.

El corazón del proyecto de reforma constitucional es la carrera judicial. La reforma plantea, entre otros temas, la profesionalización de los jueces en el país. La idea pareciera ser generar incentivos para que la judicatura se ejerza de forma libre. Amplía los plazos en el ejercicio de las magistraturas, cambia la forma de elegir magistrados y crea el Consejo de la Carrera Judicial. Lo que este consejo hace es sacar la carrera judicial del dominio de la Corte Suprema de Justicia. El modelo no es único en este proyecto. De hecho, es lo más aconsejable y común en los sistemas judiciales en América Latina. De esta manera, los magistrados se dedican exclusivamente a decidir los casos más importantes, y no a otras cosas que puedan distraerlos de su función más importante.

Independientemente del contenido concreto de esta reforma, es preciso reflexionar sobre el impacto que tiene el cambio constante a las reglas. No considero que la rigidez absoluta de la norma constitucional sea el modelo a seguir, menos en un país tan convulso políticamente como el nuestro. Pero es importante entender que las reformas constitucionales que se hagan no deben abarcar muchos temas y deben ser suficientemente amplias como para que sean susceptibles de adaptaciones en legislación especial o mediante interpretación judicial, ya que la no adaptación de la Constitución a contextos cambiantes puede generar un desprestigio de esta ante la población. Es decir, el costo de hacer reformas constitucionales es alto: se juega el prestigio de la Constitución misma, razón por la cual no podemos darnos el lujo de hacerlo mal. Esta reforma debe tener un objetivo claro: no irse por las ramas y una redacción lo suficientemente abstracta como para que permita enmendar errores sin tener que reformar de nuevo la Constitución.