Algunos utilizan el argumento de que si las cosas estuvieran bien hechas y no fuéramos paranoicos, la Constitución debería ser más pequeña y de larga duración trayendo siempre a colación el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos de América; parecen no entender que esa Constitución es precisamente la de una Unión de Estados, y que allá cada Estado tiene su propia Constitución, más desarrollada y seguramente más modificada que la de la Unión.
Ahora en Guatemala se ha presentado una propuesta de reformas constitucionales, que no terminarán a nuestro muy tropical estilo de encajar en “buenas” o “malas”, que a cada uno nos han de parecer una cosa u otra según nuestros intereses o puntos de vista. Quizá el primer esfuerzo que debemos hacer como ciudadanos es concentrarnos en: ¿para qué sirven las reformas propuestas?, ¿mejoran las funciones del gobierno?, ¿recrean o refuerzan el Estado?; y la mejor respuesta sería que una Reforma de la Constitución es para fortalecer un Estado debilitado, el cual debe redefinirse legítimo, independiente y soberano para velar por los intereses de las mayorías.
Abundan dentro del Proyecto temas que no parecen ser de rango constitucional, sino más bien sujetos de leyes ordinarias y surgen una serie de preguntas que deberán de ir aclarándose conforme se discuta y socialice la propuesta.
Lo que funciona bien no hay que repararlo, ¿porqué modificar algo relacionado con la Corte de Constitucionalidad que, nos guste o no su desempeño, ha cumplido con su misión?, ¿cuál es la intención de reducir el número de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si ahí lo que hay que conseguir es calidad sobre el criterio de cantidad?
No termina de convencer que las indemnizaciones a funcionarios sean un tema constitucional, o llama la atención que en el texto nuevo no se diga que el Ministerio Público es autónomo sino que tiene “independencia funcional y económica”. Es importante como se incluye en el texto constitucional a la Policía Nacional Civil, sin embargo esta inclusión debería ser puntual, sin mayor extensión y derivar los detalles a una Ley ordinaria.
La reducción de diputados a un número de 140, parece obtenida desde una numerología básica que seguramente es el resultado de lo que el mismo Congreso acepta reducirse y ya parece discutido; algo absolutamente innecesario es retirar el mínimo de 5% del presupuesto MAGA para la Escuela Nacional Central de Agricultura, no resuelve el problema de las asignaciones fijas que ocasionan rigideces presupuestarias, quizás nunca fue tema constitucional, pero proponerlo ahora va acarrear críticas y oposición al Proyecto.
Tampoco es conveniente que en un texto Constitucional se incluyan términos como “preferentemente”, el principio de equilibrio presupuestario debería ser obligatorio, y si esta intención riñe con la realidad, pues es mejor no incluirlo a dejar un gallo – gallina. En fin, mientras mayor sea el número de cambios, mayores serán las dudas y opiniones; es mejor que se concentren en la menor cantidad posible que lleve a obtener el objetivo legítimo que tratábamos de definir al inicio: un Estado fuerte y digno que vele por el bienestar de las mayorías.
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