Al paso de semejante irresponsabilidad han salido abogados penalistas, constitucionalistas, articulistas de opinión y políticos con buen juicio quienes han sentado cátedra respecto de los artículos prohibitorios que hay en la Constitución para evitar ese tipo de desmanes. Sin embargo, al mandatario poco parece importarle.
Sus declaraciones son a ratos incoherentes: “Lo que la Constitución dice que es punible es que se pretenda alargar el periodo sin que la ley lo permita, es un poco difícil”. Otra: “Hay quienes dicen que hablar sobre cambios a la Constitución es delito, eso es una tontera”. Ajá, ¿tendrá el Presidente intelección acerca del artículo 187 de nuestra Carta Magna?, o, ¿del artículo 382 del Código Penal vigente?
Mucho había tardado. Desde sus intentos por despenalizar el consumo de drogas en Guatemala no nos había colocado en otro brete digno de la República de Los Cocos. Lo peor de todo: soltando dulcitos, ha contaminado a otros funcionarios, al colmo que, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo: “Hablar de reforma (a la Constitución) es hablar de un fenómeno tan natural como hablar de la reforma de cualquier ley. Es totalmente lícito”.
Sin perjuicio de la gravedad de lo expresado, ¿qué quiso decir el Presidente del Organismo Judicial al argüir sobre “un fenómeno tan natural”? ¡Carajo!, se entiende por fenómeno natural: “Un cambio que se produce en la naturaleza. Es importante saber que son daños de la naturaleza que suceden cuando se ha realizado una ocupación no adecuada del territorio”. Y cito de Wikipedia, la fuente más simple que pueda usar como referencia.
Si para Enrique IV, París bien valió una misa, la oferta de un dulcito de tamaña envergadura, —la prolongación del mandato de los magistrados de la CSJ de cinco a diez años—, bien valió un desliz semántico.
Pero, ojo, de acuerdo a la codificación del significado de las expresiones lingüísticas de dichos funcionarios, podrían, sin quererlo, estar en lo correcto. Reforma (“fenómeno tan natural”) igual a: Epidemias y desastres.
En el entretanto, el país se cae a pedazos: El aumento de los asesinatos, principalmente de mujeres, va en aumento; cuerpos de seres humanos desmembrados aparecen a diario cual desechos de carnicería; nuestro territorio entregándose a las empresas de industria extractiva y a otro tipo de empresas transnacionales; las fuerzas policíacas y militares, abriendo fuego (no importa que sea con balas de goma o bombas lacrimógenas) contra legítimos ciudadanos que defienden lo suyo; pérdidas millonarias por reforestaciones fallidas llevadas a cabo por ex-patrulleros civiles; cientos de connacionales, lanzándose a los desiertos de México y Estados Unidos en su afán de escapar del infierno en que se ha convertido su entorno y así, un sinfín de horrores que han sido soslayados por un gobierno que, dada su tendencia, entregará hasta la propiedad privada si a los empresarios de las empresas de telecomunicaciones les conviene. Para muestra, estúdiese el contenido de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos.
El sábado recién pasado, un campesino nos mostraba a tres docentes universitarios el uso de la cal para evitar que una plaga de zompopos acabara con un pequeño jardín cuando escuchó a un compañero decir: “¿Qué pretende Pérez Molina?”. El docente se refería a la primera plana de un diario donde se reseñaba que el Presidente negaba que sea delito hablar de la ampliación al mandato. El campesino levantó la vista y con una sonrisa irónica le dijo en q’eqchi’: “Debe mucho pisto, cuatro años no alcanzan para pagar”. Habló de las deudas de campaña.
El campesino delimitó el área asperjando agua de cal y se largó. Afuera, los zompopos siguieron devastando las hojas de las plantas no protegidas.
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